PREOCUPACIÓN POR VENTA

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que existe una “estricta garantía” de que el Estado uruguayo velará porque el águila del Graf Spee “no sea utilizada por parte de organizaciones neonazis” luego de su venta.

No obstante, consultado por la agencia EFE, el secretario de Estado descartó que haya una “subasta inminente” de la pieza y reconoció que su cartera aún está efectuando un “análisis jurídico del tema”.

Como diera cuenta El País en su edición de ayer, el Centro Simon Wiesenthal expresó su preocupación por la venta del águila del acorazado. La entidad, con sede en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, se dedica a documentar la historia de las víctimas del Holocausto y lleva un registro de criminales nazis.

“Tanto Alemania, a través de sus diplomáticos, como el Centro Wiesenthal, dejamos debidamente establecida la postura de que estos elementos no deben servir a un mercado de extrema derecha y supremacistas blancos en crecimiento. Le urgimos a las autoridades uruguayas que aseguren que la exhibición de estos símbolos sirvan como advertencia a las futuras generaciones de lo que nunca debe repetirse”, sostuvo el doctor Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal.

Por su parte, Ariel Gelblung, director para América Latina, indicó: “El pasado 27 de enero, Uruguay adoptó la Definición de Antisemitismo de IHRA sosteniendo que era el mejor homenaje a las víctimas del nazismo. Hoy debe poner en práctica dicha medida, que incluye la prevención de la utilización pública de símbolos que rememoren la limpieza étnica. En virtud de la citada adopción, debe advertirse a los potenciales compradores que de no darse a los objetos el destino de advertencia, la subasta deberá considerarse nula”.

El caso judicial del águila nazi del buque Graf Spee, hundido por su capitán en diciembre de 1939 frente a la costa de Montevideo, podría aclararse en agosto, cuando el Estado uruguayo opte por apelar el fallo de 2019 o llegar a una conciliación con los demandantes.

El gobierno de Luis Lacalle Pou pidió dos prórrogas para esa decisión debido a la declaración de emergencia sanitaria por la COVID-19, y ahora existe un compromiso ante la Justicia “para agosto, en el sentido de última fecha para una eventual conciliación”, dijo García a la agencia española de noticias.

En junio de 2019, la Justicia resolvió en primera instancia “disponer y realizar la enajenación onerosa y la distribución del producido de la venta del telémetro y el águila rescatados” en un 50% para el Estado y 50% para los demandantes, los hermanos Alfredo y Felipe Etchegaray y el buzo Héctor Bado, fallecido en 2017.

Los hermanos Etchegaray firmaron un contrato de rescate en 2004, año en que lograron recuperar el telémetro del navío alemán.