Redacción El País
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, defendió este viernes la decisión de hacer públicaa través de un proyecto de ley toda la información disponible vinculada al pasado reciente, a través de la creación de una sección especial en el Archivo General de la Nación (AGN) que se encargará de la reunión, la organización y la conservación de toda esta documentación.

"Es necesaria para el conocimiento de la verdad total, sin intermediarios ni ediciones, y sin que nadie diga qué se puede leer y qué no", afirmó. Consultado este viernes en el programa Desayunos Informales (Canal 12), García sostuvo que es "notoria" la resistencia y el "nerviosismo" en ciertos sectores ante la liberación de esta información.

Las afirmaciones del ministro respondieron a cierto contrapunto político que viene manteniendo con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que días atrás había asegurado que hacer públicos estos archivos podría violentar la intimidad de las víctimas del terrorismo de Estado.

"Es una cosa delicada" le había dicho Pereira el pasado sábado a Telemundo, a participar en la Marcha del Silencio. "Los archivos tienen cuestiones con las que hay que ser cuidadosos", apuntó. "Sobre todo tienen información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Dando ese material a la Justicia, al mismo tiempo hay que cuidar a quienes fueron víctimas y pueden ser otra vez revictimizados", declaró el titular de la oposición.

García, por su parte, sacó a relucir este viernes una resolución dictada en 2011 por la Secretaría del AGN que dispuso la reserva sobre 153 expedientes con información vinculada a esa época. Según expresó, allí hay informes correspondientes a varias facultades de al Universidad de la República, actuaciones del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) de las Fuerzas Armadas, "ficheros" del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA), partes diarios de la Dirección General de Inteligencia y documentación correspondiente a informantes y "buchones". Nada vinculado, dijo, a torturas o interrogatorios de víctimas del terrorismo de Estado.

La decisión del gobierno fue valorada en forma positiva, aunque con cierto escepticismo, por parte de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Días atrás al término de una nueva edición de la Marcha del Silencio uno de los referentes de esa organización, Ignacio Errandonea, la consideró un paso positivo pero reclamó que debe aparecer allí información nueva. "Sabemos y tenemos documentado que existe más del doble de lo conocemos", dijo en una nota con Telemundo. "El presidente y el ministro deben exigirla a las Fuerzas Armadas que entreguen todos los archivos", reclamó.

El objetivo declarado del gobierno es que esos archivos, que hasta ahora son de acceso para un grupo reducido de personas, como periodistas, historiadores y la Justicia, estén a disposición de quien lo requiera, sin limitaciones.