Redacción El País
Luego de que la semana pasada se anunciara en Maldonado que se redactó un protocolo acordado para la aplicación de la denominada ley de vagancia (10.071), una jerarca de la comuna esteña aseguró que al departamento van muchas personas "que luego no trabajan" y que será positiva la aplicación de la normativa.

"Lo bueno de este protocolo es que se reunieron las partes, todo convocado por iniciativa privada, ante la falta de información de qué normas estarían vigentes, quiénes son los organismos competentes, quién tiene responsabilidad en cada uno de los temas", dijo la directora general de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso.

Según argumentó, el protocolo será de utilidad. "Maldonado es un polo de atracción de muchísimas personas que luego no trabajan, y eso es así y está comprobado porque en Maldonado también trabajan muchos extranjeros, entonces nos preguntamos por qué los de acá no quieren trabajar o no trabajan".

"Es un dato objetivo de la realidad, y redunda toda esta prevención en beneficio de todos, aun de esas personas porque la ley de vagancia es una forma de obligar a una resocialización", expresó Graziuso a Telemundo (Cana 12).

La denonimada ley de vagancia, promulgada en 1941, dice que "podrán ser declarados en estado peligroso" algunos grupos de personas como los considerados vagos "cuando su conducta y su estado psicológico y moral, anteriores y actuales, evidencie que representan un peligro social".

Los vagos, que podrán quedar "sometidos a las medidas de seguridad" que instituye la ley, son "los que no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entreguen a la ociosidad".

También son pasibles de sanciones los mendigos, es decir, quienes siendo aptos para el trabajo se dediquen de modo habitual "a mendigar públicamente o, estando inhabilitados por invalidez, enfermedad o vejez, lo hicieren en lugares donde hubiere establecimientos destinados a asilarlos o socorrerlos; y los que vivan habitualmente de la mendicidad ajena, exploten a menores, enfermos o lisiados, o los instiguen a mendigar".

El protocolo de actuación, que también abarca la aplicación de la denominada ley de faltas, fue acordado en Maldonado por la Policía, operadores judiciales, empresarios y políticos.