LA ENTREVISTA DEL DOMINGO

n los estantes a su espalda están sus queridos autos de colección, algunos de los cuales, si fueran de tamaño normal, despertarían otro tipo de interés en Jorge Chediak. En entrevista con El País, ratificó que en la próxima evaluación nacional de riesgo se incluirá los mercados de los autos de alta gama, de aeronaves y embarcaciones como sectores proclives al lavado de dinero y otros serán descartados.

-¿Qué significó para Uruguay y la Senaclaft la filtración de los Pandora Papers?

-A nosotros nos determinó la necesidad de realizar algunos procesos inspectivos por fuera del cronograma normal que teníamos ya planificado desde prácticamente el inicio del año, en relación a las organizaciones sin fines de lucro. Habíamos establecido la lista de las organizaciones que presentan mayores perfiles de riesgo de ser utilizadas como vehículos para el lavado de activos, que comprende las principales iglesias, los principales clubes deportivos, los principales sindicatos, incluido el Pit-Cnt, dado que a los efectos de la legislación contra el lavado de activos la existencia o no de personería jurídica es irrelevante. Ahora hubo que hacer, como en toda situación de esta naturaleza, un par de inspecciones concretas y focalizadas en las empresas que resultan mencionadas.

-Una de ellas es la filial que tiene en Uruguay la firma Alcogal.

-Sí, porque la otra empresa es supervisada por el Banco Central. Así que nosotros nos hemos focalizado en esa que usted señaló. También hay allí alguna discusión, porque estaría cuestionado por parte de los asesores jurídicos de la empresa que ellos tengan la condición de sujeto obligado (a reportar); ese es uno de los temas todavía a determinar con el avance de la inspección.

-¿Hubo algo que ya haya arrojado la primera inspección?

-No. Estamos en esta primera aproximación, donde lo que se está analizando es si efectivamente es sujeto obligado o no. Eso tiene que ver con las actividades concretas que la empresa realiza.

-En su última comparecencia al Senado, por la Rendición de Cuentas -en la que intentó que las fiscalías de droga de Montevideo asumieran la competencia nacional en lavado de activos-, usted dio cifras de un aumento en las imputaciones de este delito. Pasaron de 44 en 2019, a 73 en 2020. ¿A qué cree que obedeció ese incremento?

-En general, el sistema de investigación policial y el sistema penal han funcionado de forma más eficiente en el transcurso de la actual administración. De allí la mejora en los índices de represión del delito, y esto seguramente estuvo dentro de ese contexto: los cambios en la gestión del Ministerio del Interior. Ahora, es verdad que aumentaron las causas penales vinculadas al lavado, pero el tema es que el número sigue siendo muy bajo en relación al número de delitos precedentes que la legislación uruguaya ha determinado. Para 5.000 o 6.000 delitos precedentes del lavado de activos relevantes en el período (N.d.R: tales como el narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo y proxenetismo, entre varios otros) terminamos con poco más de 70 imputaciones por lavado.

-¿A qué nivel debería llegar esa cifra?

-No hay un número predeterminado, pero la sensación generalizada sería que la eficacia del sistema tendría que ser un poco mayor.

-¿Cómo se puede hacer para dar solución al tema?

-Vamos a iniciar conversaciones con el Ministerio del Interior y con la Fiscalía General de la Nación, tendientes a aumentar de alguna manera la injerencia de la Secretaría Nacional en este tipo de investigaciones.

-Para hablar de un tema especialmente en boga, ¿de qué forma impactó la Ley de Urgente Consideración en la lucha contra el lavado?

-Yo diría que la palabra impacto no define la influencia que la LUC ha tenido en este tema; fue simplemente un pequeño ajuste en la normativa, no hubo ningún cambio radical que estuviera destinado a producir un impacto importante: fue un ajuste. Lo que nosotros hemos relevado es que hay una tendencia a la baja -que ya venía desde el período de pandemia y desde antes- del reporte de operaciones sospechosas en el sector no financiero.

- ¿Y por qué no hay una flexibilización o disminución en el rigor de los controles al subir el tope de US$ 4.000 a US$ 110.000 para las transacciones en efectivo?

-Es que esa famosa figura un poco semi mitológica, que existe pero no tanto, del extranjero que viene con una valija al país con US$ 100.000 en efectivo, es la absoluta excepción. La regla, en todo el enorme movimiento de capitales que en el Uruguay existe, es que ingresen a través de mecanismos financieros, obviamente a través de los bancos.

-Bueno, pero se ha hablado varias veces de casos de supuestos envíos de valijas que entran por lugares de bajos controles, como en Puerto Camacho, Carmelo. Y hay periodistas argentinos, como Hugo Alconada Mon, que suelen decir que Uruguay aparece una y otra vez como destino de la recaudación de la corrupción política. ¿Cree igual que también hay una idea mitológica del país como paraíso fiscal o hay algo de cierto?

-Históricamente hay algo de cierto. Y por supuesto, como nos quedó de alguna manera la fama, perviven las alusiones, pese a los esfuerzos enormes que el país viene dando de larga data.

-¿Qué significa que en la próxima evaluación nacional de riesgo vaya a haber cierto “ruido” con la inclusión de nuevos actores que deberán controlar el lavado, como se dijo días atrás?

-El concepto es que estamos en la parte de la sintonía fina. No vamos a proponer ningún cambio radical, sino ajustes en la normativa, que básicamente lo que recogen es la experiencia generada desde la evaluación nacional de riesgo de 2017. Porque para algunos sectores que fueron considerados de riesgo, que tenían vulnerabilidades y podían llegar a ser utilizados como vehículos de lavado de activos, en los hechos no ha habido suficiente evidencia de que así ocurriera. Por ejemplo, el mercado de obras de arte es un área en la que no hemos tenido virtualmente reportes de operaciones sospechosas, cuando la habíamos considerado de alto riesgo. Y ahora tenemos por otro lado un mercado que en principio no se consideró con suficiente perfil de riesgo, como el de los automóviles de alta gama, las aeronaves y las embarcaciones, cuando vimos que sí debería serlo. Porque muy pocos de aquellos que obtienen ingresos de mucho porte por actividades ilícitas compran obras de arte, pero en cambio casi todos adquieren vehículos de alta gama, aviones ejecutivos y algún yate. Entonces, estamos viendo si se amerita mantener el mercado de obras de arte como sector de riesgo supervisado, y sin duda vamos a incorporar a los vehículos y aeronaves y naves como sector de riesgo supervisado por nosotros.

- ¿Qué ajustes cree que hay que hacerle al nuevo Código del Proceso Penal a casi cuatro años de su funcionamiento?

-Como uno de los 11 padres de la versión original de este código, sigo diciendo que no estaba previsto de ninguna manera que más del 90% de los casos se resolvieran por la modalidad del proceso abreviado. En nuestra idea, el número de juicios iba a ser mucho mayor y el abreviado iba a ser en realidad un proceso simplificado que no se terminara exclusivamente en un acuerdo entre la defensa y la fiscalía. Hay que seguir trabajando para acotar más el uso de esa herramienta, y fortalecer el número de procesos simplificados, de tal forma de equilibrar más el sistema.

“Nuestra idea es ser una especie de fiscalía de investigación”

Lo que Jorge Chediak tiene entre manos para la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) es convencer a todo el “sistema político” de la importancia de que este organismo asuma un rol activo y protagónico en las investigaciones penales sobre el blanqueo de capitales. Es la “alternativa” en la que deposita sus esperanzas, luego del rechazo del Parlamento a que se incluyera un artículo en la Rendición de Cuentas que proponía que las tres fiscalías especializadas en estupefacientes asumieran competencia nacional en el combate al lavado de activos.

Es que hoy el Estado está “muy concentrado en la pata de la prevención del lavado”, cuando no debería olvidarse la “pata represiva”, advirtió Chediak en diálogo con El País.

En la actualidad, la secretaría que conduce participa “exclusivamente a requerimiento” del Ministerio Público cuando los fiscales conforman “equipos multidisciplinarios” en las indagatorias. Y esto, a criterio del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, no es suficiente como para generar un crecimiento en las imputaciones de este tipo de delitos, hoy por debajo de los parámetros esperables.

“Nuestra idea es que, en determinadas situaciones muy complejas, recaiga sobre la espalda de la Senaclaft la investigación de las causas de lavado de activos”, aseguró.

¿El objetivo es, entonces, que el organismo funcione como un cuerpo policial especializado? No exactamente, respondió el jerarca.

“No haríamos, por supuesto, la parte de la persecución penal concreta, que eso es resorte de la Fiscalía General de la Nación. Seríamos una especie de fiscalía de investigación, a los efectos de aliviarle el trabajo al fiscal competente”, adelantó Chediak, que siguió explicando: “Es decir, nosotros haríamos, si nos pusiéramos de acuerdo y el Parlamento acompañara esta iniciativa, la investigación preliminar, el diligenciamiento de los medios necesarios para tener evidencias, y en su caso medios probatorios, y luego lo remitiríamos ya trabajado a la fiscalía competente”.

El argumento, agregó, es el mismo que esgrimió ante los legisladores cuando defendió la iniciativa de centralizar las indagatorias de esta materia en los tres fiscales de Montevideo dedicados al narcotráfico: el jerarca entiende que hoy falta en el sistema de justicia una adecuada especialización en el combate al blanqueo de capitales. “A nuestro entender, excede, por más buena voluntad que se tenga, las posibilidades concretas de, por ejemplo, un fiscal normal del interior con competencia penal. Así que pensamos que en las causas complejas la Senaclaft tiene más espalda para este tipo de situaciones”, insistió.

De haber consenso en este proyecto, da por sentado Chediak, haría falta también que se brinden más recursos a este organismo. “Requeriríamos algún refuerzo presupuestal, algún cambio de estructura, y necesariamente una modificación normativa”, concluyó.