NUEVO GOBIERNO

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El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, pretende cambiar el ADN de la Policía. El propio jerarca advierte que esa tarea no se alcanzará de la noche a la mañana. Expresa, además, que no será un ministro de escritorio. “Voy a recorrer en forma permanente todos los departamentos, todas las jefaturas”, sostiene.

Larrañaga no concentrará los efectivos en el sur del país, por el hecho de que la mayor cantidad de población está en Montevideo y Canelones. Ergo, los policías se desplegarán en función de los requerimientos de seguridad.

El nuevo plan de seguridad del gobierno también incluye cambios en los organigramas de las Jefaturas. Se volverá a las viejas Direcciones de Seguridad de las que daban órdenes a las comisarías y establecían los planes de patrullajes en cada departamento.

También se potenciará a dichas seccionales, las que quedaron relegadas en la administración frenteamplista al darle mayor potestad a las Zonas Operacionales -en Montevideo por ejemplo cada zona reunía a ocho comisarías. También se volverá a las épocas donde los comisarios lideraban las investigaciones de los delitos que se cometían.

En materia de estrategia, el Ministerio del Interior apuntará a la prevención y a la disuasión. De ahí los “Operativos de Alto Impacto”, que se realizan a través de controles callejeros en zonas claves de todos los departamentos donde se pide identificarse a personas sospechosas o a autos y motos en situación irregular.

Durante la gestión de Bonomi, los jefes de Distrito no tenían potestades para establecer los patrullajes del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) en sus zonas. Estos eran ordenados, en forma centralizada desde Montevideo, por el Centro de Comando Unificado (CCU) para todo el país.

En la gestión de Larrañaga, este programa dependerá de las Jefaturas. Es decir, la estrategia de patrullaje también cambió. La idea de los actuales jerarcas ministeriales es que se deberá cortar al máximo posible la circulación de los delincuentes. Por eso, cuarenta y ocho horas después de asumir, Larrañaga anunció en Canelones el primer operativo de disuasión. Luego estos se replicaron en Rocha, Maldonado y Rivera, entre otros departamentos. En el pasado, los operativos eran solo preventivos. Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa se ubicaban en una esquina y solo actuaban ante denuncias o in fraganti delito.

El único lugar en que el Centro de Comando Unificado no tenía injerencia en el período anterior era en Maldonado. Ello casi le cuesta el puesto al entonces jefe de ese departamento, Erode Ruiz, hoy titular de Montevideo.

A diferencia durante la administración de Bonomi, los jefes de Policía volverán a actuar como en los años 90 del siglo pasado: serán los jefes políticos de los departamentos.

Funcionarán como el “primer fusible”. Si los resultados no son los esperados, serán los primeros en ser sustituidos. Con Bonomi los jefes no tenían casi peso político. Y eran desconocidos por la población.

Otra modalidad nueva será la presencia de policías en plazas y parques. Esa medida, que ya comenzó en Canelones por orden del jefe de Policía, Víctor Trezza, utiliza agentes con horas ociosas. También se creará una dirección de seguridad rural que combatirá el abigeato.

Una hora después de la asunción de Larrañaga, los jefes de Policía se reunieron con el director Nacional de Policía, Diego Fernández. El jerarca les ordenó que debían hablar con mandos medios y transmitirles que la Policía tiene el apoyo del gobierno. Y agregó que ese mensaje debía llegar al personal subalterno.

Fernández ocupó cargos de confianza en la gestión del Frente Amplio. Fue director de la Guardia Republicana y, ya retirado, fue jefe de Policía de Montevideo hasta 2013.

En coincidencia con Bonomi, Larrañaga confía en la Guardia Republicana por su disciplina, honestidad, armamento y formas de desplegarse en el territorio. Los hoy referentes policiales salieron de esa fuerza: el propio Fernández, el subdirector Nacional de Policía, Héctor Ferreira, el director de la Brigada Antidrogas, Alfredo Rodríguez, y el director Nacional de Cárceles, Luis Mendoza, entre otras autoridades .

Larrañaga pidió a Lacalle Pou 2.000 policías más para la Guardia Republicana.

operativo en maldonado

Antonio Pioli 

Jefe de Policía de Maldonado

En Maldonado se dispuso ayer un operativo a nivel de todo el departamento. En ese marco se detuvo a varias personas y se incautaron vehículos. En total fueron 20 vehículos requisados, 20 detenidos y nueve motos incautadas.

más presencia policial

Jorge García

Jefe de Policía de Rocha

En martes la Policía de Rocha desarrolló operativos de control vehicular y de personas, donde además fortalecieron la presencia de los uniformados en la ciudad capital, en el marco de las órdenes impartidas por el nuevo jefe.

rapiñeros detenidos

Víctor Trezza

Jefe de Policía de Canelones

Canelones fue el primer departamento en el que se desarrolló la nueva modalidad operativa de la Policía. Se registraron alrededor de 200 vehículos, se identificó a más de 400 personas, se recuperó un camión requerido y se detuvo a dos rapiñeros.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, desistieron de organizar el Congreso Mundial de Interpol previsto entre el 15 y el 30 de octubre de 2020 en Punta del Este, según informó El Observador y confirmó El País.

La realización del evento había sido declarada de interés general por el gobierno anterior.

El ministro Larrañaga dijo a El País que consultó a Lacalle Pou y ambos llegaron a la decisión de suspender el evento.

El costo del mismo superaba los US$ 3 millones y las observaciones del Tribunal de Cuentas de esos gastos hicieron desistir de su realización, según explicó Larrañaga.

“No estamos en condiciones de organizar un evento de estas características, máxime cuando hay amenazas del coronavirus”, dijo. Y explicó que el precio de la organización de la asamblea de Interpol representa el costo de tres meses en combustible del Ministerio del Interior o es el valor de las tobilleras electrónicas para víctimas o victimarios de casos de violencia doméstica. En un año.

“Entonces esos fueron los tópicos que tomamos con el presidente Lacalle. En este marco de austeridad no estamos en condiciones de hacer el evento”, dijo Larrañaga.

Según dos resoluciones del Tribunal de Cuentas, a las que accedió El País, el evento se iba a realizar en el Centro de Convenciones de Punta del Este y el lugar fue elegido por las anteriores autoridades de Interior.

El Centro de Convenciones informó a la cartera que el costo de la reunión sería de US$ 1.224.500, sin IVA. Asistirían 1.200 efectivos de Interpol de todo el mundo. En tanto, la cena de gala en dicho centro fue cotizada en US$ 433.100, impuestos incluidos. El 19 de febrero de 2010, el Tribunal de Cuentas observó los dos gastos por entender que el gobierno anterior debió haber llamado a licitación.