FISCALÍA

El proyecto de ley que propuso Cabildo Abierto para penalizar a jueces y fiscales en los casos en que se equivoquen a la hora de imputar a personas no generó otra cosa que críticas y cuestionamientos por parte de varios actores del sistema.

Ya se expresaron en contra la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y la Asociación de Magistrados del Uruguay, y ahora se sumó el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, quien en diálogo con El País directamente consideró “impresentable” la iniciativa de los liderados por el senador Guido Manini Ríos.

En el texto del proyecto, que fue elevado por Cabildo Abierto a la Cámara de Senadores y se titula: “Delito de prevaricato cometido por funcionarios”, se detalla: “el fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable, o a persona a la cual no le corresponda sanción penal, será castigado con la pena de 18 meses de prisión a siete años de penitenciaría, multa de 60 UR a 12.000 UR e inhabilitación especial de tres a siete años ”.

Gómez puntualizó: “Miro con atención el proyecto de ley presentado que criminaliza la actividad de los fiscales”.

“Yo sé que no debería contar con voluntades para ser aprobado, pero el solo planteo lleva a pensar qué hay detrás”, agregó Gómez, y detalló que lo que mueve a este planteo es un “movimiento” en contra de los operadores judiciales. Y continuó: “Lo digo con mucho respeto, esto es impresentable”.

El fiscal de Corte insistió sobre el punto. “No puedo calificar a los legisladores de mi país, pero me parece que es un contrasentido enorme. Yo sé que no debería contar con voluntades para ser aprobado, pero el solo planteo lleva a pensar qué hay detrás”, apuntó.

"El proyecto no respeta el actual proceso penal"

Juan GómezFiscal de Corte

Para Gómez, una iniciativa que tipifica como delitos casos de mala praxis de los fiscales, representa al mismo tiempo el “no respeto” al sistema acusatorio, que es el que rige en el país, cuando establece que el juez formalizará a los fiscales e indicará a otro fiscal que presenta la acusación. “Son cosas que no guardan un sentido lógico. La titularidad de la acción penal la tienen los fiscales, les guste o no les guste, estará bien o mal. Yo creo que cualquier retoque que se haga en eso sería un retroceso brutal del sistema”, explicó el jerarca.

Según Gómez, “se habla de reformar la Fiscalía como si acá estuviera el poder, y acá está la responsabilidad, no el poder. Es algo serio, es pensar en la gente; no es una cuestión de poder, definitivamente no lo es”.

Al jerarca le gustaría que le dijeran en qué aspectos se debe cambiar el proceso penal acusatorio. “Hablan de adoctrinar a las víctimas, y lejos se está. Me encantaría discutirlo, pero tampoco estoy para estar creando conflictos”, dijo. Agregó que la Fiscalía no debe ser centro de disputas. “Pero las cosas deben tener una racionalidad, un sentido común”, dijo Gómez. Y explicó que los juicios orales son costosos y demandan tiempo del fiscal para preparar las acusaciones contra los imputados. Por eso, expresó, el fiscal que entrega la prueba a la Justicia no puede presentar un testigo del que no sabe qué dirá. “Es casi ridículo. Es como que alguien le dijera que el DT de un cuadro de fútbol no supiera nada de los jugadores que va a poner en la cancha. La ley manda proteger víctimas y testigos y hay personas que van con profundo temor” a testificar, expresó.

Este jueves el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, opinó en la misma línea que Gómez. “Proyectar penalizaciones para funcionarios es una manera de atentar contra la independencia de los mismos. Podría chocar contra normativa internacional”, afirmó. Y agregó sobre esto: “Vale aclarar a la población que los fiscales a la hora de trabajar están sometidos a responsabilidad administrativa, civil y penal. Hay delitos ya vigentes hoy en el Código Penal, en la normativa”.

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) manifestó su preocupación ante la presentación del proyecto de ley de Cabildo Abierto, al entender que la iniciativa “amenaza con criminalizar” el trabajo cotidiano de jueces y fiscales. En un comunicado, los jueces recordaron que cualquier decisión considerada “injusta” por una parte en el proceso, puede ser apelada a través de los medios de impugnación legalmente previstos en las leyes.

(Producción: Paula Barquet)