A su regreso llegó solo, en un taxi, como cualquier otro día de sus casi 50 años de carrera. Este lunes, Juan Gómez volvió a subrogar el puesto de fiscal luego de siete meses fuera del cargo por licencia médica. Estará otra vez en el cargo solo por algunas semanas, cuatro aproximadamente, para luego poder continuar con su tratamiento y quedarse con el sentimiento del deber cumplido y las despedidas hechas. En ese marco, está gestionando una serie de reuniones con distintos actores para dejar en palabras su “idea” de la realidad de la Fiscalía y comunicar las cuestiones que considera son urgentes para mejorar su funcionamiento. Entre esas reuniones, está gestionando una de cierre con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

También solicitó encontrarse con los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica. Además de encuentros que ya solicitó al Ministerio del Interior, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y a los precandidatos a la Presidencia con representación parlamentaria; esto último fue informado por Búsqueda.

Según supo El País, estaban en coordinaciones para que las entrevistas con el candidato Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y con Andrés Ojeda (Partido Colorado) fueran esta semana. Aún no hay fechas previstas para el resto.

Gómez habló este viernes en un seminario organizado en el Parlamento sobre política criminal. Allí dio algunos indicios sobre la “idea” que pretenderá transmitir en las reuniones que está gestionando. Así, pidió que aunque esté “en retirada” le den “la oportunidad de ayudar”.

Entre las ideas que expuso, insistió en la necesidad de contar con más recursos económicos para fortalecer la institución y en la necesidad de designar a un fiscal de Corte definitivamente. Esto “con independencia de a qué partido votó, de si jugaba a la bolita cuando era niño… Sino que sea un hombre o una mujer destinada a aplicar el Derecho y a ayudar a la comunidad”, consideró.

En materia de política criminal, abogó por la restauración de la suspensión condicional del proceso, derogado por la ley de urgente consideración (LUC). Este instituto se utilizaba para delitos leves y permitía que a una persona “se le suspendiera el proceso” a cambio de que cumpliera una serie de condiciones, como por ejemplo, servicio comunitario o reparar el daño causado. Si cumplía con las condiciones, no le quedaba el antecedente penal.

En esa línea, criticó que los fiscales a veces tienen “la propensión” a pedir la medida de prisión cuando hay otras “más eficaces” para delitos leves. “Ahí entra uno de los famosos debates que no hemos sabido vencer, de que la gente cree que la prisión es la única respuesta adecuada” a cualquier delito, dijo.

Por último, insistió en la importancia del Estado de Derecho y la certeza jurídica.

El lunes, en tanto, Gómez fue recibido por todos los funcionarios de la sede de la calle Paysandú e incluso algún equipo fiscal de otra sede. También, por un par de funcionarios de Maldonado que viajaron especialmente para verlo. Tuvo unas palabras hacia ellos, cuestión que fue comunicada oficialmente por la Fiscalía General de la Nación.

Después, comenzó a tener distintas reuniones con reparticiones de la Fiscalía para que lo empezaran a poner al tanto de las cuestiones que se deben resolver durante su estadía.

Martes, miércoles y jueves los dedicó, principalmente, a tener reuniones tanto con funcionarios de la Fiscalía como con personas externas. Recibió a una delegación extranjera y a fiscales que concurrieron a verlo para realizarles distintos pedidos. En la interna de Fiscalía de que Gómez es conocido por recibir a quien se lo pida, prácticamente sin excepción, por lo que muchos aprovecharon para poder hacerlo.

También tuvo una reunión con personas de la División de Jurídica, quienes lo pusieron al tanto de los procesos disciplinarios en trámite. Eso, además de mantener contactos con personas del equipo informático y con quienes se encargan de la parte presupuestal.

En las próximas semanas presentarán el sistema de asignación aleatoria de casos, cuestión que había sido aprobada por el Parlamento en la anteúltima rendición de cuentas y que aún no se había puesto en práctica, primero por falta de fondos y luego porque estaban trabajando para formular su implementación. Con esto, los legisladores buscaban eliminar las “arbitrariedades” que entienden existen en la asignación de casos. Desde la Fiscalía siempre se dijo que esto se hacía en base a criterios “objetivos y transparentes”.

Por otra parte, comenzaron a analizar cuestiones relativas al próximo presupuesto quinque-nal y la necesidad de pedir un aumento de partidas. Entre otras cosas, ese dinero serviría para costear medidas que permitan evitar las filtraciones en prensa de casos de interés público.

El miércoles, Gómez también participó del seminario del Parlamento sobre política penitenciaria (se dio en dos jornadas) y visitó al ministro Pablo da Silveira en la sede del Ministerio de Educación y Cultura. Allí, le transmitió su voluntad de irse de la Fiscalía a fines de agosto, cuando comenzará a tomarse sus días de licencia acumulados y luego se jubilará.

El viernes hizo su intervención en el seminario (ver aparte) y en la tarde recibió a tres personas, entre los que estaban dos abogados de renombre que pidieron verlo.

Mañana tendrá una instancia con el gremio de fiscales en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por un reclamo salarial.