La Justicia intimó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a que “lleve adelante acciones” que “permitan bajar el hacinamiento” en cinco módulos de la cárcel de Santiago Vázquez —antes el Comcar— “a niveles tolerables en un plazo razonable”. También determinó que se haga un informe de “carácter técnico” —a partir del cual se tomarán medidas— con la “cantidad de funcionarios —policías, operadores, técnicos y personal de mantenimiento por persona privada de libertad— que necesita” este lugar para que pueda funcionar de manera adecuada.

El fallo del juez penal Ruben Etcheverry se dio después de que el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Uruguay (Sitrapen) y Luis Parodi, ex director de la cárcel de Punta de Rieles, presentaran una demanda contra el Ministerio del Interior y el INR. Los demandantes promovieron un habeas corpus correctivo colectivo por la situación de las personas privadas de libertad en la cárcel de Santiago Vázquez.

Etcheverry determinó además que el departamento de arquitectura del INR “realice un informe técnico en un plazo de 90 días” para diagnosticar los “principales problemas edilicios” de cada módulo. Y pidió que se haga “énfasis” en cuáles módulos “tienen dificultades para el acceso al agua corriente, saneamiento, problemas eléctricos, con malas condiciones de habitabilidad”. En esa línea, solicitó que se haga un “plan de obras” para “mejorar las condiciones de habitabilidad” en cinco módulos de Santiago Vázquez.

Sitrapen y Parodi fundamentaron el habeas corpus en que la cárcel “presenta condiciones de reclusión que han sido clasificadas como crueles, inhumanas y degradantes, y que las carencias actuales a nivel edilicio, de falta de personal y hacinamiento extremo, generan un serio riesgo inminente para la salud, la integridad física y la vida para la población privada de libertad”.

Los demandantes apuntaron, entre otras cosas, que hay “falta de personal”, que es menos del necesario para “garantir la seguridad del establecimiento, lo que atenta contra las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad”. Así como también que las instalaciones “actuales no deben ser desatendidas en el aspecto edilicio”.

Uno de los testigos declaró que hay una “falta de personal enorme”, tanto “policial como civil”, y que “muchas veces” les “dicen que muchas cosas no se pueden hacer por las carencias que tienen" de funcionarios. Esta persona, que concurre una o dos veces por semana a Santiago Vázquez, contó: “No hay gente, a veces no los llevan al hospital porque no hay policías para llevarlos, no los casos de urgencia, esos los llevan, es muy difícil". Y relató que habló con un “muchacho del módulo ocho” que les dijo que “hace más de un mes que no salía al patio".

En respuesta a la demanda, el Ministerio del Interior —según consta en el fallo judicial— manifestó que le “llama la atención que los hechos denunciados se retrotraigan al año 2016, y que se tome a los privados de libertad como estandarte para realizar reivindicaciones laborales”. También consideró “inadmisible e inexplicable que se exija bajar el hacinamiento en la unidad carcelaria sin interiorizarse de las políticas de trabajo y tratamiento que lleva adelante el INR”.

A su vez, indicó que están “capacitando funcionarios penitenciarios”, que hay “dos llamados para cubrir puestos”, y que hay en “trámite un proceso de selección de funcionarios policiales”. Y sobre las “condiciones edilicias alegó que continuamente se están realizando reparaciones y que también continuamente son vandalizadas por los reclusos”. También argumentó que “muchas veces los kits de higiene y colchones que se les entrega a los privados de libertad son utilizados como moneda de cambio o para iniciar focos ígneos”.