Redacción El País
El gobierno de Yamandú Orsirecibió en las últimas horas la notificación de un fallo favorable en el arbitraje que la firma minera Aratirí —que buscó una inversión millonaria en Uruguay durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), sin éxito— pretende entablar a Uruguay en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas (Ciadi).
Se trata de un juicio que tuvo una “bifurcación antes de que el pleito ingresara en el fondo del asunto —el resarcimiento que pretende la firma tras no concretar su proyecto minero—, porque la discusión se centró en definir si el demandante tenía o no “legitimación activa”.
En 2020, un Tribunal Arbitral había hecho lugar a “la objeción de jurisdicción presentada por Uruguay, entendiendo que los demandantes, en calidad de beneficiarios discrecionales del fideicomiso que indirectamente tenía cierta titularidad sobre el proyecto minero, no eran titulares al momento de los hechos de un bien protegido por el Convenio".
Esta determinación había sido apelado por la empresa, que logró entonces que cayera la sentencia de primera instancia, y Uruguay había usado la última carta de recurrir a un Tribunal de Casación en París, que ahora, con fecha del 2 de abril, falló a favor de Uruguay manteniendo el primer laudo. Con esta sentencia, se confirma que los demandantes no tienen "legitimación activa" para iniciar la demanda que habían pautado por un monto superior a los US$ 3.500 millones.
"Es una victoria que no es final", advirtieron sin embargo a El País fuentes de Presidencia.
Entre otras cosas, porque el expediente regresará a otro tribunal de apelaciones —con una nueva integración— para que analice "un par de puntos" que quedaron pendientes y que serán analizados por la defensa de Uruguay, agregaron las fuentes.
Desde Montevideo, quien sigue atentamente el desenlace judicial de este y otros arbitrajes internacionales —en los que el Estado es defendido por las firmas jurídicas estadounidenses Arnold & Porter y Foley Hoag, el estudio que entiende en el caso Aratirí— es el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
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