Redacción El País
Hay dos posturas en el Frente Amplio sobre el vínculo laboral entre el diputado frenteamplista Gustavo Olmos y Martina Casás, quien era su suplente en la Cámara de Representantes y lo denunció por acoso sexual ante Marea Frenteamplista, el sector que respaldó al denunciado y al que renunció la denunciante. El grupo, que enfrenta una demanda laboral de Casás,niega que haya existido una relación de subordinación, mientras que una legisladora que testificó a pedido de la denunciante en el juicio laboral declaró este miércoles que la exdiputada trabajaba como secretaria de Olmos.

En paralelo se da otra discusión: si el vínculo entre ambos fue consensuado, como plantea Olmos, o no, como denuncia Casás.

La exdiputada suplente, representada por el abogado Juan Raúl Williman, reclama una indemnización de $ 900.000 a Marea Frenteamplista por haber sido víctima de acoso sexual en su trabajo, mientras que Marea Frenteamplista, asesorada por Marina Morelli, lo niega, por lo que ayer, en ante la jueza de Trabajo de 18º Turno, Stefanía Barosio, no llegaron a una conciliación y comenzaron a declarar los testigos propuestos por las partes.

Siete testigos citados a pedido de Casás declararon ayer, entre ellos la diputada Micaela Melgar, del Partido Comunista del Uruguay, y la diputada suplente Dayana Pérez Fornelli, integrante del Partido Socialista de los Trabajadores, quien asumió su banca por un acuerdo electoral con el Espacio 609. Pérez Fornelli declaró durante media hora y fue consultada por la jueza sobre el vínculo que observaba entre Olmos y Casás. Yo dije que el vínculo que veía era de una persona que era secretaria del diputado”, contó la legisladora suplente a El País tras la audiencia, y agregó que “se vio más en el momento en que Olmos fue coordinador de la banca del Frente Amplio, Martina era quien coordinaba las actividades, las reuniones, la agenda, las rendiciones de cuentas, armaba los grupos de trabajo para los incisos, o sea, coordinaba todo, era como una secretaria más de bancada”.

“Era una secretaria, más allá de que eventualmente fuera su suplente y en pocas ocasiones entró a sala”, agregó la diputada suplente.

Este relato va en línea con lo que plantea la demanda de Casás: que había una relación de jerarquía, subordinación y dependencia laboral, puesto que, más allá de ser diputada suplente, ella trabajaba bajo la supervisión de Olmos para el sector, lo que se sustenta en que tenía un escritorio en el despacho del diputado y él le transfería un sueldo mensualmente.

La magistrada también consultó a Pérez Fornelli sobre la protección de Marea Frenteamplista hacia Martina tras la denuncia que planteó. “No hubo protección”, respondió la legisladora suplente.

Fuentes vinculadas al caso informaron a El País que también declaró una testigo que presenció acoso de Olmos hacia Casás en el Palacio Legislativo. También compareció ayer, por iniciatia de Casás, la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio, Patricia González.

Marea Frenteamplista propuso la citación de 16 testigos, entre ellos Olmos y la senadora Liliam Kechichian, que deberán comparecer el 30 de octubre ante la jueza.

Cuatro de estos testigos declararon ayer, entre ellos los economistas y asesores parlamentarios Jorge Polgar, quien fuera presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), y Martín Vallcorba, excoordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, quien, al ser consultado por la jueza, negó que Casás fuera “asesora” de Olmos, y en cambio testificó que era diputada suplente, con “un rol protagónico” en algunos temas como presupuesto y rendición de cuentas, informaron fuentes del caso a El País.

También a pedido de Marea Frenteamplista fueron citadas a declarar las dos secretarias legislativas del sector, para que la jueza las consulte sobre “la inexistencia de obligatoriedad en cumplimiento de horarios, tareas, órdenes, observaciones o sanciones, autonomía y conducta” de Casás, así como sobre “denuncias previas” de la exdiputada “a otras personas trabajadores dentro del Parlamento por besos cerca de las comisuras de los labios”, como expresa el petitorio al que accedió El País.

En el alegato que Marea Frenteamplista presentó en el juzgado en respuesta al reclamo de Casás, el sector refutó “una supuesta asimetría de poder y desigualdad relacional manifiesta para con el señor Gustavo Olmos”, y destacó “el uso indebido” por parte de la denunciante “de conceptos como diferencia de edad y altura física, los cuales son útiles en el análisis de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, ya que ayudan a identificar el factor de poder y están contemplados legalmente”, pero inútiles para valorar este caso, puesto que Casás y Olmos “son personas en pleno desarrollo físico, mental y emocional”.