En pleno año electoral, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) lleva recibidas en los últimos cuatro meses más de 160 denuncias “de todo tipo”. Muchas de ellas contra distintas reparticiones estatales, que involucran a sus jerarcas y de los cuales varios son actores de primera línea en esta campaña.

El tema ha generado polémica en la interna del organismo, a poco más de dos meses de las elecciones nacionales. En particular, debido al artículo 18 de la denominada Ley Cristal sobre Funcionarios Públicos. En líneas generales, allí se establece que "si durante el año electoral se formula una denuncia" o bien se procede a la apertura de una declaración jurada de algún funcionario que, además, se postule a algún cargo electivo, "el interesado podrá urgir a la junta a que dicte resolución con una anticipación de, al menos, treinta días del acto eleccionario".

La clave, sin embargo, está en el último inciso de ese artículo. Allí se determina que "la Junta no recibirá denuncias dentro de los noventa días anteriores al acto eleccionario". La interpretación y el alcance de ese artículo generaron dudas en la Jutep, debido a que, al estar incluido en el capítulo "declaraciones juradas", los directores tenían distintas visiones acerca de si, efectivamente, comprendía solo a las denuncias efectuadas contra las personas obligadas a presentar ese documento, o si se refería a cualquier caso.

Tras recibir un informe de la Asesoría Jurídica de la institución la presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, expresó que el criterio que se aplicará será el mismo que venía rigiendo hasta hoy. Por lo tanto, todas las denuncias -de cualquier tipo- que hubieran sido elevadas después del 29 de julio pasado ante la Jutep serán recibidas, pero se considerarán “no presentadas”.

Sobre la mesa, indicó Búsqueda la semana pasada, hay una decena de escritos de este tipo, que involucran a la formula frenteamplista, acerca de distintos aspectos de las gestiones de Yamandú Orsi al frente de la Intendencia de Canelones, y de Carolina Cosse en la comuna de Montevideo.

Entre ellas, figuran cuatro que fueron presentadas por el diputado nacionalista Alfonso Lereté y que apuntan a Orsi, vinculadas a un presunto “clientelismo político” a través de, se afirma, cerca de 500 contrataciones directas y designaciones de confianza. Entre los beneficiarios el legislador señala a “punteros políticos”,contratados en los días previos a la elección interna del pasado 30 de junio y que apoyaron tanto a Orsi como a Cosse.

Lereté dijo a El País que sus denuncias fueron presentadas el 28 de julio, por lo que deberían ser analizadas por la Jutep.

Por otra parte, en ese organismo existen también un par de denuncias, relativas a la actuación política de la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

En la pasada campaña electoral, la de 2019, el entonces presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, se había referido en una entrevista con El País a la conveniencia de establecer un período en el cual no se puedan recibir denuncias o hacer pronunciamientos

“No queremos que nos usen” en un año electoral”, había planteado el exjerarca.