LA FLORESTA

Por unanimidad, la Junta Departamental de Canelonesaprobó ayer la creación de una comisión investigadora sobre la gestión del Municipio de La Floresta, encabezado por el alcalde comunista Néstor Erramouspe.

Fue una sesión breve, de menos de una hora, a la que el edil denunciante Fabián Colombo, del Partido Nacional, llegó con las carpetas que dos días antes había presentado a la comisión preinvestigadora que consideró que había mérito para poner la lupa sobre tres presuntas irregularidades cometidas en el municipio al sureste del departamento.

Tras el pronunciamiento unánime de los 29 ediles presentes en sala, este organismo de contralor se instalará durante 60 días y sesionará todos los miércoles. Estará integrada por cuatro ediles del Frente Amplio (FA), pertenecientes al Partido Socialista, al Partido Comunista (PCU), a Asamblea Uruguay y al Movimiento de Participación Popular (MPP). El Partido Nacional aún no dio los tres nombres que le corresponden, según supo El País, pero tiene tiempo hasta el martes. Además, habrá un integrante colorado.

La comisión tratará tres aparentes irregularidades. La primera de ellas es la gestión de las ayudas solidarias a las ollas populares. El alcalde Erramouspe firmó un documento basado en información de Uruguay Adelante, una asociación que tiene un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para garantizar la distribución de alimentos, donde le fue notificado que había “disconformidad” con la Coordinadora de Emergencia Social Entre Arroyos (Cesea) porque había ollas populares cerradas y, en algunos casos, “no coincidía con la realidad” la cantidad de platos entregados con los brindados por Uruguay Adelante.

Asimismo, según esta versión, se remitían alimentos a ollas que ya no estaban funcionando. Los denunciantes creen que podrán probar en el transcurso de la investigadora que esos alimentos eran derivados por el municipio a otra obra social, según supo El País. Señalan que en esta presunta maniobra irregular estaba implicada la edila del Partido Comunista Nilsa Álvarez.

En segundo lugar, la comisión estudiará la denuncia de incumplimiento de pago realizada por una empresa constructora, contratada para edificar decks y kioscos de madera en La Floresta.

A este hecho se vincula una de las carpetas que finalmente no se investigará por falta de mérito. Esta refiere a la aparente falsificación de la firma del concejal del MPP, Julio Pérez, en una resolución del municipio, un hecho que la propia Intendencia de Canelones remitió a la Fiscalía para que investigue. Los denunciantes plantean que el día en que se cometió la presunta falsificación, Pérez firmó otras actas donde se observa a simple vista que esa no era su rúbrica.

Por último, la tercera carpeta que investigará la comisión refiere a denuncias de acoso laboral y solicitudes de traslado.

Una de las denunciantes es una exempleada del programa de trabajos zafrales Oportunidad Laboral, que denunció la situación ante la intendencia. En una carta a la que accedió El País, la mujer planteó que Erramouspe se dirigía a los trabajadores con un tono “burlón” y que no respetaba medidas sanitarias que regían por la pandemia, como el uso de tapaboca. Además, aseguró que a veces no tenían ocupaciones y que un día el alcalde, dirigiéndose a las mujeres, dijo: “¿No querían ustedes igualdad de condiciones? Ahí tienen, ¡a trabajar!”.

La denunciante agregó que “deja mucho que desear” cómo Erramouspe “hace uso de su poder y del presupuesto”, y que solo está disponible para sacarse fotos con los trabajadores comunitarios, “jactándose”.

Además de la carpeta sobre la presunta firma falsificada, la comisión preinvestigadora entendió que no había mérito para profundizar sobre otros dos aspectos denunciados por los ediles blancos.

Una de las carpetas refería al “quehacer” del municipio. En ella se denunciaba, por ejemplo, que Erramouspe había autorizado la tala de árboles en predios municipales y que una secretaria del alcalde no figuraba como funcionaria municipal, aunque debía. En la otra carpeta descartada se hacía referencia al supuesto aval de Erramosupe para ocupar terrenos, un tema que está siendo investigado por la Justicia tras la denuncia de vecinos.