La Junta Departamental de Montevideo abrió la discusión sobre la regulación de los ruidos molestos en la capital. Después de 10 meses, la Comisión de Legislación recibió el pasado martes 28 al edil nacionalista Diego Rodríguez, autor de dos proyectos de decreto que proponen un nuevo marco normativo.

Sin embargo, en diálogo con El País, el legislador departamental denunció ayer la inacción de la Intendencia de Montevideo (IMM) y aseguró que su propuesta se archivará por falta de voluntad e “intereses político partidarios”.

Ante este planteo, la comuna retrucó con un plan de acción que se pondría en marcha en abril, pero no implicaría cambios normativos.

Una de las iniciativas de Rodríguez estipula alternativas para resolver conflictos entre particulares, como la música a altas horas de la noche, los ladridos o el uso de maquinaria ruidosa en horarios de descanso, como informó Búsqueda en su momento.

La propuesta también contempla la creación de una Unidad de Contralor de Contaminación Acústica, con los recursos humanos y materiales ya disponibles. Esta dependencia se encargaría de fiscalizar y prevenir los ruidos molestos en toda la ciudad, de distinta naturaleza y a toda hora.

Por otro lado, la segunda idea de Rodríguez es un desglose del proyecto original y apunta específicamente a la contaminación sonora en el tránsito. Esta es producida por escapes libres, una alta circulación de deliveries, motores en mal funcionamiento, picadas, entre otros factores, enumeró Rodríguez a El País. El edil propone reducir 20% los límites de decibeles tolerados para la circulación de vehículos, establecer nuevos criterios para sancionar a los infractores, entre otras medidas.

Si se aprobaran, ambos decretos regularían a nivel departamental la Ley de Prevención, Vigilancia y Corrección de la Contaminación Acústica de 2004, según la exposición de motivos.

“Los ruidos molestos son un problema muy importante en el quehacer y en la convivencia en Montevideo. Llegó la hora de tomarlo en serio”, afirmó el edil nacionalista ayer. Según explicó, ambas propuestas se inspiraron en los reclamos de vecinos de los ocho municipios capitalinos.

De acuerdo al más reciente informe de la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, los ruidos molestos son la principal fuente de problemas de convivencia en la capital. De hecho, esta institución encabezará el 21 de abril un conversatorio sobre el derecho al descanso en la ciudad, con énfasis en los ruidos molestos y la contaminación lumínica, según supo El País.

Pese a la instancia en la Junta Departamental, Rodríguez alegó que ni la comuna ni la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) tienen interés en abordar su propuesta, por motivos “político partidarios”. Y advirtió que podría ser archivada, si bien está abierto a incorporar otros aportes.

“Hay mil cosas que se pueden hacer y no se están haciendo porque te ponen el palo en la rueda. Está bien que yo soy muy crítico de la gestión de (la intendenta Carolina) Cosse, que en parte es mi función. Pero por otro lado, hago propuestas y proyectos que no prosperan por el tema ideológico”, señaló Rodríguez.

El legislador departamental denunció la supuesta inacción de la administración en materia de ruidos molestos y aseguró que la coalición de izquierda “es mano” en este tema, ya que tiene mayorías en la Junta Departamental.

“Este es un proyecto que tiene muchos aportes, es muy completo. No me cierro a decir ‘este es mi proyecto y tiene que ser así’. Creo que es un puntapié. Si se agregan nuevos conceptos, bienvenidos sean”, enfatizó, pero denunció: “Viendo la voluntad del FA, su miopía y mezquindad política, no soy nada optimista. Creo que lo van a tirar para adelante”.

Por este motivo, dada la relevancia que tiene el tema para la ciudadanía, Rodríguez llamó a la comuna a tomar acciones cuanto antes. “Montevideo es una ciudad muy ruidosa, que no respeta los límites de sonoridad y me parece que lo que hay que hacer es atacar la ley, aplicarla y generar un departamento de ruidos molestos”, dijo.

Algunas de estas críticas las hizo ante la Comisión de Legislación, donde indagó sobre los plazos de trabajo y señaló el poco avance que entiende que tuvo la propuesta, a 10 meses de haberla presentado.

Por su parte, la IMM no tiene previsto cambios normativos a corto plazo.

“Entendemos que no es necesaria una modificación para establecer controles, en los que ya veníamos trabajando”, indicó a El País el director de Movilidad de la IMM, Pablo Inthamoussu.

Desde la comuna aseguraron que ya se definió un plan de acción para “retomar” la fiscalización de los escapes libres a partir de abril o mayo. Antes de ello se pondrá en marcha una campaña de comunicación para que los montevideanos puedan regularizar su situación a tiempo.

“Lo que menos queremos es aplicar multas, pero a veces no hay más remedio. La fiscalización para nosotros va a ser la herramienta para disuadir”, sostuvo Inthamoussu.

La IMM se valdrá de sonómetros para controlar estos ruidos molestos en el tránsito, como se hacía antes de la pandemia.

Inthamoussu señaló que con la emergencia sanitaria por covid-19 hubo un “aflojamiento” de los controles, que ahora se volverán a aplicar.

Según dijo, la IMM no tomó una determinación de no fiscalizar sino que otros factores -como la caída de la economía a nivel general y la baja movilidad- llevaron a que se relajaran los controles.

Fuentes municipales indicaron que la administración no ha profundizado en la propuesta de Rodríguez, que todavía está estudio de los ediles.

Actualmente, la normativa establece que el límite para circular es de 88 decibeles en motocicletas, 85 en automotores de menos de 3,5 toneladas y 92 en automotores que superen ese kilaje. Rodríguez propone bajar la tolerancia.