NEGOCIACIÓN FLUVIAL

El doctor Edison González Lapeyre es una de las principales referencias académicas en materia de límites. Durante 50 años ocupó diversos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellos el de asesor jurídico de la cartera. También se desempeñó en organismos internacionales.

El domingo abrió las páginas de El País y se encontró con que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y su par argentino, Alberto Fernández, habían mantenido un diálogo sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto que facilite la navegación sobre el río Uruguay al norte de la represa de Salto Grande.

La iniciativa pretende conectar por vía fluvial el sur de Brasil con los puertos del río de la Plata. En principio, se espera poder mover la producción arrocera y maderera de Brasil y Argentina.

Ayer lunes el experiente diplomático envió a El País una nota detallando las dificultades jurídicas, diplomáticas y fácticas que tendría el desarrollo de un proyecto como el manejado por ambos mandatarios.

En principio, el diplomático sostuvo que el proyecto “es de muy difícil concreción” y destacó que “todo lo referente al proyecto de una Hidrovía del Río Uruguay debe ser acordado por los tres países ribereños en un tratado internacional”.

En ese sentido, González Lapeyre advirtió que la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) no tienen competencia para encarar un proyecto de esta naturaleza. Agregó que el delegado uruguayo ante la CTM, Carlos Albisu, está “actuando fuera de los cometidos que le corresponden”.

Por otro lado, González Lapeyre destacó que antes de avanzar en la iniciativa sería propicio que Uruguay obtenga una respuesta de Brasil sobre la isla “Brasilera”, un territorio en litigio entre ambos países desde hace más de un siglo. El propio González Lapeyre redactó dos notas, a pedido de dos cancilleres uruguayos, que nunca fueron respondidas. Los estudios hidrológicos realizados ubican la isla en nuestro jurisdicción del río Uruguay y no en la desembocadura del río Cuareim que la haría pertenecer a Brasil.

El experto destacó que “parece razonable que se proceda a la contratación de una consultoría sobre la viabilidad de este proyecto siempre que se obtenga, previamente, el consentimiento del gobierno del Brasil que es el principal protagonista de la hidrovía y que, oficialmente, por lo que sabemos, todavía, no se ha expedido al respecto”.

Una de las dudas principales de González Lapeyre es la postura que podría adoptar la Cancillería de Brasil. Hasta el momento los arroceros brasileños del sur han marcado su interés por la iniciativa de transporte.

“Si bien es correcto que distintos voceros de la parte meridional del estado de Río Grande do Sul del Brasil han manifestado su interés en que una hidrovía del Río Uruguay se lleve a cabo, en mi opinión esa postura no estaría acorde con directrices de la geopolítica de la República Federativa del Brasil”.

Más adelante, el especialista recuerda que durante tres décadas se desempeñó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ocupó responsabilidades vinculadas con los aspectos fluviales y marítimos. Desde esas posiciones, mantuvo a lo largo de los años, intensas conversaciones con figuras de Itamaraty, la sede de la diplomacia brasileña.

“En diversas oportunidades, conversé sobre este tema con funcionarios diplomáticos de alta jerarquía de ese país en la que fueron contestes de que al Brasil no le interesaba que sus cargas pudieran salir por dos cursos fluviales que son de jurisdicción exclusiva de los países platenses y transbordadas en puertos argentinos o uruguayos”, señaló.

Por lo general, las posiciones políticas de Itamaraty son invariables a lo largo del tiempo.