Redacción El País
El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, comunicó que la Justicia archivó una denuncia presentada en su contra por uno de los directores del organismo.

La denuncia penal contra Cabrera y otros funcionarios había sido por "omisión de los deberes inherentes a los funcionarios públicos" y "abuso de funciones".

"No quisimos hablar antes para no fomentar la discusión mediática", dijo Cabrera haciendo referencia a la denuncia que presentó el director del BPS por los empresarios, José Pereyra.

Según expresó el presidente del Banco, su intención fue "dejar trabajar a la Justicia", y catalogó como "lógica" la decisión de archivar el caso.

Consultado sobre si tomará acciones legales contra el denunciante, Cabrera dijo considerar que "lo mejor" es "dar el tema por terminado". "Cuando uno se mete en el barro siempre gana el chancho", dijo.

Además, agregó que este tipo de denuncias "le hacen mal al organismo y al país", y destacó "el honor y dignidad" del equipo directivo.

El director del BPS por los empresarios, José Pereyra, presentó la denuncia el pasado 17 de mayo por "omisión de los deberes inherentes a los funcionarios públicos y por abuso de funciones" por el estado de personas que viven en "situaciones precarias" en los complejos habitacionales del BPS en Maldonado.

"Junto con mi equipo de trabajo, al analizar expedientes, advertimos indicios de irregularidades, por lo que, nos dirigimos al Complejo Brisas del Este en Maldonado, en reiteradas oportunidades, para poder conocer los hechos de primera mano", había asegurado en ese momento el director.

Pereyra señaló que al asistir al complejo encontró "una realidad muy diferente a la informada por los servicios". En ese sentido, indicó que "se repite una y otra vez la omisión de los servicios en investigar los hechos como se deben, ya que en todos estos casos lo constatado por difiere rotundamente de lo informado por los servicios".

También afirmó en la denuncia que se utilizaron "recursos del BPS para respaldar denuncias infundadas, la solicitud de fiscalización de actividades sin base legal sólida y el uso de información personal para respaldar acciones discriminatorias".

Por otro lado, señaló que hubo abuso de funciones, que "además de representar un perjuicio directo para los afectados por estas acciones, socava la confianza en la gestión pública y compromete la integridad y la legitimidad del Banco de Previsión Social".