SENTENCIA

La Justiciasuspendió ayer la aplicación del decreto que en setiembre modificó los criterios para el empaquetado neutro de cigarrillos, en respuesta a la acción de amparo presentada por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT), que alegó que el nuevo marco normativo vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Poder Ejecutivo, que había defendido el decreto como una forma de prevenir el contrabando y de proteger a la industria nacional, aún no confirmó si apelará el fallo de la jueza de Familia María Elena Emmenengger. Para ello tiene tiempo hasta el lunes, cuando se cumplirán tres días hábiles desde que se aplicó la sentencia, y el Tribunal de Apelaciones de Familia deberá laudar, indicaron a El País desde el Poder Judicial.

Según supo El País, ayer las asesorías jurídicas del Poder Ejecutivo se abocaron a estudiar el fallo judicial, que la abogada Luisina Fierro, representante de la SUT, calificó en un conferencia de prensa como “brillante”.

En una sentencia de 56 páginas, Emmenengger dio lugar a los planteos de la organización civil, que sostuvo que el decreto “contraviene flagrantemente” la normativa uruguaya en materia de prevención del tabaquismo. A su vez, se respaldó en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), donde específicamente se establece que el Estado es responsable de proteger a los menores de edad frente a los estímulos para consumir tabaco y otras drogas.

Según la estadística de la Junta Nacional de Drogas citada en el fallo, la prevalencia del consumo en adolescentes de 13 a 17 años cayó más de 20% entre 2003 y 2021, con el etiquetado neutro mediante.

Emmenengger recordó que el país adhirió al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, que “armonizó” la legislación nacional. Es decir, a partir de él se estableció que uno de los “ejes” para proteger a la salud es la “prohibición total” de la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos de tabaco, así como el empaquetado genérico. En este acuerdo internacional se establece que no se pueden priorizar los pedidos de la industria tabacalera frente al enfoque sanitario de la política.

La SUT señala que hay evidencia científica de que las modificaciones habilitadas por el decreto promueven el consumo, porque dan margen para publicitar el producto.

La otra abogada de la SUT, María José Veiga, tildó al decreto como una “política regresiva” y dijo que, más que una flexibilización, representa “una desvirtuación total de la política sanitaria”.