POLÉMICA

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Susana Signorino, informó este martes que el organismo resolvió en una "reunión extraordinaria" y por "unanimidad" desarchivar la investigación sobre los viajes realizados por el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y Giuliana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La investigación se abrió producto de una denuncia anónima en la que se advertía la realización de dichos viajes, recibida por el entonces vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli.

En diálogo con Radio Montecarlo, Signorino afirmó que se va a "continuar con las actuaciones". Consultada sobre si este paso se debió a que habían elementos nuevos, la jerarca respondió: "En principio no, pero entendemos con los demás miembros que puede profundizarse la información". Esto lo tradujo en "obtener detalles que no están en el expediente, y podrían aclarar un poco más la situación".

Si bien no adelantó las medidas "concretas" que tomarán "seguramente mañana" por resolución del directorio de la Jutep, entiende a "modo personal" que se debería pedir "más información a Presidencia de la República". Al respecto, Signorino indicó que "a la vuelta de la misión oficial, por lo general todos los funcionarios debemos hacer un informe de lo que se actuó en el exterior. Esos informes no fueron proporcionados por Presidencia".

Por otro lado, la jerarca indicó que "llama la atención" los gastos porque a Toma "se le autorizaba a gastar por ejemplo en pasajes una determinada suma", y luego precisó que lo que se gastara en el pasaje no podía superar "aproximadamente U$S 6.000". El pasaje de Toma a Roma en clase ejecutiva, que compró Presidencia en julio de 2018, tuvo un costo de U$S 6.265.

"Nosotros lo vamos a mirar desde la óptica de la ética y de la transparencia", con respecto a la transparencia refiere a "los presuntos hechos de corrupción", precisó. Además, aseguró que "se puede y debe" en función de los resultados de la investigación "poner en conocimiento de la Justicia".

En tanto, Signorino indicó que en este caso la Jutep no tiene un plazo para expedirse sobre el tema. Agregó que se cuentan con plazos cuando trabajan como asesores de la Justicia, siendo peritos y "asesores del Ministerio Público", para lo cual tienen un plazo de 60 días.

Además de esta evaluación por parte de la Jutep, el presidente Luis Lacalle Pou ordenó una investigación administrativa para esclarecer las misiones oficiales de las que participó el entonces secretario de la Presidencia, para lo cual se cuenta con un plazo de 60 días para encontrar resultados. En tanto, Ricardo Lackner, fiscal de de Delitos Económicos y Complejos, lleva adelante una investigación sobre estos viajes a pedido del fiscal de Corte, Jorge Díaz.