DECLARACIÓN JURADA

Juan Sartori, el senador del Partido Nacional, no presentó la declaración jurada de su cónyuge y según la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), su incumplimiento constituye una “falta grave”, por lo que se inició una investigación.

Estas conclusiones surgen de un pedido de informes realizado por los senadores de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta y Amanda Della Ventura y el socialista Daniel Olesker, al que tuvo acceso El País.

Con fecha 5 de mayo, el organismo encargado de velar por la ética en la administración pública reconoció que la declaración que presentó Sartori en primera instancia (el 15 de febrero de 2020) se encontraba incompleta, por lo que se le solicitó una complementaria al entender que “se omitieron” algunos datos. En una segunda instancia, el legislador (22 de noviembre de 2021) declaró inmuebles, activos, y participación en sociedades, pero no incluyó la declaración de su cónyuge. Sobre esto, la Jutep entiende que: “no existe duda que debe presentar”.

En una nota donde da explicaciones al organismo, el senador argumentó que no tenía una sociedad legal de bienes con la esposa y que además se casó en el extranjero, lo que no generaba una obligación de presentar la otra parte de la declaración.

Ante esto, la Jutep realizó la consulta con la Dirección General de Estado Civil y confirmó que el matrimonio celebrado en el extranjero “tiene plena validez jurídica en el Uruguay”, por lo que no necesita estar inscripto en el país.

¿Qué acciones ha iniciado la Jutep ante el incumplimiento del senador Sartori? Ante la consulta de los legisladores del Frente Amplio, se informó que “ha intimado en reiteradas veces a Sartori” a dar cumplimiento a la presentación de la declaración jurada de su concubina. En tanto, se informa que el pasado 28 de abril se dispuso una investigación prevista en el artículo 17 de la ley 19.797. Luego de citar esta normativa, se indica que “sin perjuicio de la responsabilidad penal se considerará falta grave a los deberes inherentes a la función pública en el caso de los funcionarios públicos”.

Con respecto a la investigación, la Jutep aclaró que la misma incluye (según normativa) la citación del involucrado y se podrá “exigir la exhibición de todo tipo de documentos”. Según la ley, la no comparecencia al organismo (en dos citaciones consecutivas) traerá aparejada la aplicación de una multa de entre 10 y 500 Unidades Reajustables - equivalentes a $14.440 y hasta $ 722.000.

Asimismo, se establece que la Jutep tiene competencia “para requerir información de todas las dependencias del Estado y Personas Públicas no estatales relacionadas a la investigación en curso”, que deberán brindar los datos en un plazo de 60 días.

“El servidor público tiene el deber de conocer y cumplir con el principio de legalidad de adherirse al mismo sin excepciones, también al principio de Transparencia y Publicidad”, sostiene la Jutep. A lo que agrega: “Los funcionarios públicos están obligados a un marco legal y reglamentario que no pueden relegar”.

El senador Brenta dijo a El País que, en función de la respuesta de la Jutep, entiende que la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, debe adoptar medidas en relación a Sartori. “Hay sanciones establecidas en la ley y pasan por la retención del 50% del sueldo. En mi opinión también debe intimar al senador a completar la declaración jurada”, aseguró.