Redacción El País
El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolvió por unanimidad intimar al senador nacionalista Juan Sartori a presentar su declaración jurada completa (lo que incluye los bienes de su esposa), como lo obliga la ley 17.060, informó la presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, a El País.

La Jutep acordó notificar al Parlamento que Sartori está incumpliendo con sus obligaciones, para que ese organismo se lo advierta. Tras recibir el aviso, el legislador tendrá un plazo de 15 días hábiles para cumplir con la normativa y, si no regulariza su situación en ese lapso, será declarado omiso y el Senado quedará habilitado a retenerle el 50% de su salario.

Sartori se resiste a presentar la declaración jurada de su esposa, la ciudadana rusa Yekaterina Rybolóvleva, bajo el argumento que no puede obligarla y que en su matrimonio rige la separación de bienes, por lo que -él entiende- es inconstitucional exigírselo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia desestimó por mayoría su reclamo.

La representante del Frente Amplio (FA) en la Jutep, Ana Ferraris, insistió en la reunión de directorio que se celebró ayer que Sartori incurrió en otras omisiones en las tres declaraciones juradas que presentó, lo que configura, a su entender, una falta grave.

Por esa razón, Ferraris dijo a El País que propuso “que se lo intime a la presentación de balances y a que aporte información referida a sus ingresos”, con lo que no estuvieron de acuerdo la presidenta de la Jutep y el vicepresidente, Guillermo Ortiz, representante del Partido Nacional. De todas maneras, el directorio acordó que analizará la semana próxima la posibilidad de ampliar la intimación contra Sartori.

Ferraris reiteró que el legislador “omitió en forma sistemática declarar renta o dividendos” en sus declaraciones juradas, así como otros ingresos que podría tener por su actividad empresarial. Como lo hizo en la sesión del 22 de junio, la vocal de la Jutep planteó que el senador “no solo oculta información referida a su cónyuge sino que también omite brindar información respecto de su propio patrimonio”.

“En términos patrimoniales se observa un incremento relevante. En 2020 el senador Sartori declara un patrimonio de $ 3.989.417.975, y en 2022 el mismo asciende a $ 5.579.060.941, incremento que traducido en dólares ronda los US$ 39 millones”, alertó Ferraris en la sesión de la Jutep del 18 de agosto de 2022, y lo recordó ayer.

La representante del FA presentó en agosto un informe sobre sociedades a las que está vinculado Sartori pero que no ha declarado, documento que fue derivado por la presidenta del directorio a la asesoría jurídica de la Jutep para que lo analice y eleve también sus conclusiones.

Sartori expresó ayer en un comunicado que de acuerdo a los últimos datos publicados en la página web de la Jutep hay cerca de 800 personas en entes del Estado que no presentaron sus declaraciones juradas. “Yo no estoy omiso frente a mis responsabilidades”, dijo el senador, quien agregó que el objetivo del FA es utilizar el tema para fines políticos, sobre todo por la proximidad de las elecciones, con el objetivo de sacarlo del tablero electoral.

“Claramente hay un ensañamiento hacia mí. Hay cientos de directores de entes, de intendencias, fiscales, alcaldes y concejales, que no presentaron nada y no veo la misma indignación. Yo presenté mi declaración jurada, pero no puedo obligar a mi esposa a hacerlo”, sentenció el senador, que no se refirió a los cuestionamientos de Ferraris sobre las omisiones en la declaración de sus bienes e ingresos.

En la última lista de omisos publicada por la Jutep, aludida por Sartori, los dos jerarcas de mayor rango que figuran son los intendentes de Maldonado y Paysandú, Enrique Antía y Nicolás Olivera, respectivamente, ambos nacionalistas.

Consultados por El País, allegados a Antía informaron que regularizó su situación el 24 de agosto, cuando una escribana de la intendencia presentó ante la Jutep su declaración y la de su esposa. Por otra parte, Olivera dijo a El País que en las próximas horas presentará su declaración. “Sinceramente advertí tarde que tenía que renovar eso y fue una imprudencia mía no presentarla a tiempo, pero no hay otro motivo que no sea ese. Lo estoy resolviendo a la brevedad”, aseguró.

En la última lista de omisos publicada por la Jutep, correspondiente al segundo cuatrimestre del año, aparecen cientos de funcionarios de intendencias y dos de la secretaría del Ministerio del Interior. Además, figura el mayor retirado Luis Alberto Loureiro como “presidente del directorio de Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)”, quien fuera propuesto por Cabildo Abierto para el cargo al que renunció en setiembre de 2021.

Cuando la Jutep detecta un incumplimiento en la obligación de presentar declaraciones juradas de empleados estatales, lo notifica al organismo del que depende el funcionario para que le advierta su omisión y, si no regulariza en un plazo de 15 días hábiles, se le retenga el 50% del salario. Hasta ahí llegan hoy las potestades de la Jutep, cuyo directorio, al tener en cuenta que algunas dependencias no cumplen con la retención de la mitad del sueldo de los incumplidores, propuso en esta Rendición de Cuentas que “una vez efectuada la comunicación de la calidad de omiso del funcionario, el organismo deberá dar cumplimiento a la retención (…) en la primera oportunidad de pago de salario, retribución, honorario, jubilación o subsidio, bajo apercibimiento de ser sujeto pasible de una multa de hasta 100 Unidades Reajustables (UR)”, lo que equivaldría por la cotización actual de la UR a $ 1.620.000, o a US$ 43.257.

De esta manera, si la dependencia estatal no sanciona al funcionario omiso, la Jutep podrá multar al organismo que integra el incumplidor. Este artículo ya fue aprobado por Diputados y aguarda la sanción del Senado.

En este marco, la Vertiente Artiguista (VA) advirtió que en el caso de Sartori pierde sentido imponerle una posible sanción económica, puesto que, según expresó a Canal 10 el senador suplente Eduardo Brenta, ese legislador “ya no cobra su salario hace mucho tiempo porque ha sobrepasado la cantidad de faltas que establece el estatuto de la Cámara de Senadores”. Por este motivo, la VA propuso impulsar la expulsión de Sartori del Senado. La bancada del Frente Amplio tenía previsto analizar este planteo ayer, pero resolvió esperar la respuesta de Sartori ante la intimación de la Jutep antes de fijar posición.

Por otra parte, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo a El País que espera que Sartori dé sus explicaciones en la reunión del directorio del 2 de octubre.