Redacción El País
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) denunció en el Parlamento una situación “dramática”. Desde 2020, cuando asumió el actual gobierno, seis de los 17 funcionarios con los que se inició dejaron sus cargos. Es decir, poco más de un tercio.

Esa situación incomoda a su presidenta, Gabriela Di Longo, que en los seis meses que lleva al frente del organismo le es difícil relatar a contactos internacionales cómo funciona la Jutep.

“Cuando planteo que tiene once funcionarios me quedan mirando como diciendo: ‘¡Cómo hacen, porque con once funcionarios no pueden combatir la corrupción’”, dijo.

La Jutep está obligada por ley a analizar todos los años, en forma aleatoria, el 5% de las casi 120 mil declaraciones juradas en su poder. También debería estudiar las que publica, y que corresponden a unos 600 sujetos obligados y 803 candidatos que se han postulado a cargos electivos de distinto nivel en los últimos comicios. Algo que no logra cubrir, justamente por la falta de recursos. Teóricamente, para cumplir con esa tarea, el organismo cuenta con apenas tres personas.

Por otra parte, el área jurídica está representada por una sola funcionaria. También una sola persona es la encargada de la capacitación.

Pero el problema va más allá del dinero. “Nadie quiere venir a la Jutep”, señaló Di Longo. La razón: no existen allí posibilidades de desarrollar una carrera administrativa. La alternativa, entonces, es recurrir a los “pases en comisión” procedentes de otros organismos públicos.

Como tampoco cuenta con personal como para hacer frente a un procedimiento de llamado debe apelar a la Oficina Nacional del Servicio Civil.

“La Jutep es un organismo diezmado”, aseguró la vocal en representación del Frente Amplio, Ana Ferraris. “La pregunta que nos hacemos es quién gana y quién pierde con semejante estado de situación”, concluyó.

Ferraris apuntó que el pasaje de droga por Uruguay, del que habitualmente da cuenta la prensa, “no sería posible si no funcionara en el país un esquema de corrupción que lo facilitara” y que, aseguró, “posiblemente involucre tanto a funcionarios públicos como agentes del sector privado”.

Lo mismo sucede, apuntó, con el contrabando, que junto a la corrupción integra el elenco de los delitos precedentes del lavado de activos.

Ante los senadores, Ferraris optó por citar al fallecido inspector policial Julio Guarteche. “Para mí es lo más parecido a una profecía autocumplida”, señaló. “Él decía que, cuando se ve crecer una conducta delictiva, generalmente hay corrupción que la apaña”, afirmó la jerarca.

La Jutep también registró en los últimos años una mayor carga de trabajo a partir de un incremento en el número de denuncias por presunta corrupción. En 2019 fueron 22, el año pasado fueron 46 y en lo que va de 2023 se presentaron 52 denuncias. De ese total según la información aportada, 21 se analizan.

En un punto que generó fricciones con los legisladores, Ferrarís explicó que el proyecto de ley contra la corrupción privada que pretende aprobar Uruguay se está “redactando” en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Colombia. “Una decisión que, para mi gusto, es polémica”, afirmó. “Nunca pasó por el directorio”, sostuvo.

El aviso llamó la atención también de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que solicitó que la Jutep le enviara los antecedentes del caso. “Siempre digo que mientras uno no pierda la capacidad de asombro se sigue manteniendo mentalmente joven”, comentó.

Bianchi le pidió a la Jutep un informe por escrito sobre el proceso de redacción de ese proyecto de ley.