Redacción El País
Las juventudes político-partidarias de Uruguay, coordinadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentaron un documento con acuerdos a cinco candidatos a la Presidencia de la República, el que contiene “las aspiraciones y necesidades de toda una generación uruguaya, no respondiendo a agendas partidarias, sino promoviendo un futuro de oportunidades, justicia y bienestar”.

En el evento, que se realizó en el Palacio Legislativo, participaron los presidenciables Yamandú Orsi (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente), aunque ninguno habló como panelista; los últimos dos acompañados por sus candidatas a vicepresidentas, Lorena Quintana y Mónica Bottero, respectivamente.

1/1: 3.jpeg (Foto: El País / Ignacio Sánchez)

La apertura de la conferencia “Hacia una democracia más deliberativa e inclusiva” estuvo a cargo de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y también participaron Alfonso Fernández Castro, representante residente de PNUD en Uruguay, y José Luis Martí, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, como invitado especial.

Los compromisos propuestos se estructuran en cinco ejes: debate político responsable, desarrollo humano, seguridad ciudadana, financiamiento transparente de los partidos políticos y participación juvenil.

Foto: El País / Ignacio Sánchez

En cuanto al debate política responsable, “es crucial destacar los peligros que representan la desinformación, la información falsa, los discursos de odio y el lawfare para la integridad del proceso democrático”, expresa el grupo interpartidario. “El lawfare, o la utilización del sistema judicial para perseguir y deslegitimar a adversarios políticos, también constituye una amenaza significativa. Este fenómeno debilita el estado de derecho y la imparcialidad del sistema judicial, erosionando la confianza pública en la justicia y en la equidad del proceso electoral”, agrega, y propone enfrentar “estas amenazas” con “un llamado a los partidos políticos, sus integrantes y todos los actores de la sociedad a contribuir a un proceso electoral informado, pacífico, responsable y de buena fe”.

“En una coyuntura internacional donde las democracias se ven constantemente amenazadas, resulta elemental cultivar la convivencia y el respeto dentro de nuestro sistema político, con el fin de preservar un entorno fructífero para la construcción colectiva de más y mejor democracia”, manifiesta el documento firmado por Gonzalo Gómez y Pilar Simón (Partido Nacional), Diego Riveiro y Fabrizio Pucciarelli (Partido Colorado), Ema Wilkins y Marcio Mañana (Frente Amplio), (Partido Nacional), Luana Ortega y Martín Giorello (Partido Independiente), y Sebastián Muniz (Cabildo Abierto).

“Este es el resultado de un largo proceso de trabajo y reúne una serie de compromisos que desde nuestra generación queremos instalar en el marco de la contienda democrática que estamos transitando”, plantea el grupo.

En el capítulo sobre seguridad ciudadana, propone “buscar acuerdos que trasciendan las administraciones y se traduzcan en políticas de Estado”; “tender a abandonar el paradigma prohibicionista de la ‘guerra a las drogas’ y discutir la regularización de nuevos mercados, buscando alianzas regionales”; “hacer énfasis en los procesos de rehabilitación e inserción de personas privadas de libertad”; “endurecer la normativa para la lucha contra el lavado de activos; implementar nuevas tecnologías y trabajar en la cooperación internacional”; y “crear el Ministerio de Justicia para jerarquizar y centralizar las dependencias relativas a las cárceles y la rehabilitación e inserción de las personas privadas de libertad”.

“Para abordar de manera efectiva la lucha contra el narcotráfico, entendemos necesario abandonar el paradigma prohibicionista que ha prevalecido durante décadas. Este enfoque, en lugar de reducir el consumo de drogas, ha contribuido al aumento de la violencia y la corrupción, especialmente en los países productores y de tránsito. La regulación de los mercados de drogas podría ser una alternativa viable, permitiendo un control más efectivo sobre la calidad y distribución de las sustancias, disminuyendo así el poder del crimen organizado y reduciendo los daños asociados al consumo no regulado. Además, es crucial desestigmatizar el consumo de determinadas sustancias, entendiendo el consumo de drogas como un problema de salud pública más que como un delito”, manifiestan las juventudes político-partidarias de Uruguay.