Es el secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y cree que Uruguay tiene dos cosas para mejorar su democracia: el nivel de la participación política de las mujeres y la regulación del financiamiento de la política, algo que se votará hoy en el Parlamento. Según él, hay peligro de que crimen organizado se infiltre en partidos.

-El último informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) dice que en Uruguay se registró una caída en la valoración democrática. ¿Cómo se explica esto?

-Hay que entender que se trata de una diferencia muy marginal que no cambia en lo fundamental el dato de que Uruguay, en términos generales, es una de las democracias de mejor desempeño en el mundo y registra niveles muy superiores a los del resto de la región.

-¿Y qué necesitaría Uruguay para mejorar su democracia?

-Partamos del hecho de que toda democracia es mejorable. Me parece que hay dos temas bastante obvios en Uruguay. Uno, es la participación política de las mujeres. Uruguay tiene un rezago considerable: la proporción de mujeres representadas en el Parlamento -para no hablar de lo que sucede a nivel subnacional ni dentro de los partidos políticos- no se condice con el desarrollo de otros aspectos de la democracia uruguaya. El país tiene una larga historia de intentos fracasados de introducir legislación pendiente a la paridad, que ojalá se concrete en algún momento, como se ha ido haciendo en muchos otros países de la región de menor desarrollo democrático.

-¿Y cuál es el segundo tema a mejorar?

-La otra asignatura pendiente es la regulación del financiamiento de la política. Se ha avanzado porque, cuando vine por primera vez en 2000, hice una investigación para mi tesis doctoral sobre el tema y esto era el lejano oeste. No había ninguna regulación del financiamiento por fuera del pago por voto, situación que cambió con una reforma importante en 2009. Esta, en rasgos generales, es adecuada, aunque hay un problema importante ante la falta de implementación de esas normas. Sería clave que se dé un paso adelante, porque siento que hay una alarma más o menos generalizada. Hay una mayor conciencia de que el crimen organizado está presente en el país, que antes no era el caso.

-¿Esto que implica?

-El financiamiento de las campañas es una vía muy importante que puede permitir la captura de actores políticos y eventualmente de instituciones del Estado por parte del crimen organizado. Entonces, legislar preventivamente me parece que es importante para Uruguay, reconociendo que en esta materia la gran mayoría de los países termina haciéndolo algo como consecuencia de escándalos ante la opinión pública. Quisiera que Uruguay evitara un episodio doloroso porque eso siempre tiene un impacto sobre la credibilidad de las instituciones democráticas.

-¿Es factible en un país como este que el dinero del crimen organizado pase a la política?

-Las cosas nunca pasan hasta que pasan. Depende de muchos factores, incluyendo el papel que empiece a jugar Uruguay en el tráfico internacional de drogas. O sea, si los mercados internacionales de droga -que el país no controla- le asignan -en términos de sus ventajas comparativas- una participación más visible en las rutas de tráfico, cambia la intensidad del riesgo. Es un poco lo que pasó en Ecuador, que era un país con tasas de violencia muy bajas hasta hace muy poco y que cambió como resultado de fenómenos sobre los que no tiene control. Eso trajo como consecuencia que, de la noche a la mañana, cambiara la situación de seguridad. Esto puede pasar en Uruguay. No digo que vaya a suceder, pero sí que le puede pasar como a cualquier país.

-Vinculado al financiamiento de los partidos, mañana se votará en el Senado una ley. Un punto de discusión es si el Estado debe pagarle a los canales de aire por ceder minutos de publicidad gratis para los candidatos. ¿Cuál es su postura al respecto?

-Doy mi visión con una cierta precaución porque no conozco los detalles de la propuesta, así que opino sobre si los que son usufructuarios de las frecuencias del espectro radioeléctrico del Estado deban conceder un espacio a las fuerzas políticas. Eso se utiliza en muchos países, y creo que es importante para el sistema político y para la democracia, porque apuntala el mismo principio que sustenta al pago por voto. Es bueno que exista un piso de equidad en la competencia electoral y en la capacidad de las fuerzas políticas para hacer llegar su mensaje a la ciudadanía. Después tenemos que definir cómo y todo lo demás. Uruguay ya tuvo esta discusión y hubiera sido mejor legislarlo hace 20 años, porque francamente las campañas se están moviendo de la televisión al ámbito digital. La tendencia inevitable es que la televisión sea cada vez menos útil y decisiva en las decisiones.

-¿Es necesaria una regulación en el ámbito digital?

-Claro. Es posible regular algunas cosas de lo que sucede en el ámbito digital que hacen al financiamiento de la política y a la diseminación de publicidad electoral. El gran problema es que una parte ocurre en un espacio de opacidad donde tenés actores que ponen en marcha campañas de información y desinformación a través de granjas de troles -y cosas de este tipo- que no están identificadas explícitamente con ningún actor político. Entonces regular eso es muy complicado. Es hacia ahí donde tenemos que ir, porque es el problema que vamos a tener en los próximos años.

Foto: Estefanía Leal