El sector de los choferes de aplicaciones está desafiado. Por un lado, ve una caída en el número de trabajadores por los altos costos de la actividad y la falta de acceso a la compra de vehículos por leasing -a diferencia de otros jugadores del negocio de transporte de pasajeros-. Por otro, reclama por el impacto negativo que les genera la competencia irregular de conductores registrados en Canelones que realizan viajes en Montevideo.
El presidente de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA), Gerardo Sastre, señaló que la caída de permisarios en las plataformas de viajes Uber y Cabify es significativa.
“Antes de la pandemia éramos 3.500 permisarios, en la pospandemia pasamos a ser 2.000 y hoy estamos en 1.856 permisos activos. ¿Eso qué significa? Que cada vez son menos permisarios y se hace más complicado el cambio del vehículo, que es parte principal de esta realidad”, afirmó.
Sastre explicó que hoy los conductores de apps no tienen acceso a la compra de vehículos por leasing y eso lleva a que les resulte “muy complicado” acceder a un préstamo bancario porque “la herramienta de trabajo tiene un riesgo muy alto por estar en la calle”.
El presidente de ACUA reclamó “estar en igualdad de condiciones” respecto a los choferes de taxis y remises, quienes pueden comprar a través de leasing con descuento de Imesi e IVA.
Esas exoneraciones suponen un alivio económico para esos jugadores del transporte.
En abril, el diputado colorado Sebastián Sanguinetti elevó un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el que consultó sobre los beneficios impositivos recibidos por estos dos actores. La respuesta, emitida en julio, estableció dos escenarios: en el caso del taxi el año pasado hubo 334 unidades que tuvieron una exoneración de $ 61,9 millones (por Imesi) y de $ 43,4 millones (por IVA) partiendo del supuesto de que los vehículos tenían motor a gasolina. Si esas unidades fueran a diesel, los valores serían $ 95,5 millones (por Imesi) y $ 49,4 millones (por IVA).
Por su parte, Sastre enfatizó que la actividad de los choferes está afectada por altos costos fijos que rondan los $ 60.000. “El combustible es un 33% de la recaudación porque el único que podemos utilizar es nafta, en cambio el gasoil -como tienen los taxis- es el 15%. Nosotros estamos al doble de lo que ellos tienen de costo por combustible”, comparó Sastre.
“Si le agregás una cuota de $ 20.000 (de un vehículo) ya estás en $ 80.000, y el promedio de recaudación está entre $ 90.000 y $ 120.000” al mes, detalló.
Frente a esta realidad, la asociación evalúa sus próximos pasos (ver nota aparte).
Competencia irregular
Según Sastre, la falta de acceso al leasing no es el único problema que enfrenta el sector. A esto se suma la competencia irregular de choferes de plataformas registrados en Canelones que hacen viajes en Montevideo. “Si hay menos autos (en Montevideo) debería demorar el viaje, porque habría más espera para conseguir un vehículo”, evaluó. Sin embargo, “la relación se mantiene, la demora sigue siendo la misma”.
Esa práctica impacta “a todo el sistema de transporte, porque ahora no solo afecta al taxi y al remise, sino a nosotros también”, cuestionó Sastre.
El presidente de ACUA remarcó que los choferes de aplicaciones no son empleados de las plataformas, sino que llevan a los clientes de estas empresas. Se definen “permisarios” al igual que un taxista o remisero. Por esa razón y por trabajar en igualdad de condiciones, es que estos servicios también piden acceder a los mismos beneficios.
Asamblea y reclamo en el palacio
La ACUA evaluará en una asamblea -a realizarse seguramente este mes- los próximos pasos a dar para impulsar sus reclamos. Según Sastre, la idea es hacer una convocatoria de los trabajadores de plataformas y hacer una movilización hasta el Palacio Legislativo. Allí le entregarán una carta al diputado colorado Sebastián Sanguinetti, quien había presentado un proyecto de ley que planteaba extender a los conductores de aplicaciones los beneficios en la compra de vehículos por leasing.
“Ya hay un proyecto de ley, falta que ingrese al Ministerio de Economía y Finanzas y que quedemos contemplados, dijo Sastre, que recordó que la gremial del taxi “generó un freno” al tratamiento de la iniciativa en el Parlamento. “El proyecto está, simplemente tiene que haber voluntad política”, remató.
A su vez, Sastre denunció un trato diferencial a los conductores dependiendo el territorio en el que trabajan: “Ahora los que están (registrados) por Canelones pueden tener un auto de 15 años o 20, nosotros hasta seis años en la actividad y después ya le tenemos que dar de baja o cambiarlo por otro”, dijo.