El sistema político sabe y reconoce que un problema grande que tiene en el horizonte y que arrastra desde el período pasado es la definición, por acuerdo en el Parlamento ya que se necesitan mayorías especiales, de un nuevo fiscal de Corte, así como el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los integrantes del Tribunal de los Contencioso Administrativo —para los que también se necesita amplios apoyos del Poder Legislativo.

Pero encontrar una figura de consenso para que lidere el Ministerio Público —luego de la renuncia de Jorge Díaz en octubre de 2021— y que deje de estar en manos de un fiscal de Corte subrogante —hasta agosto de 2024 estuvo Juan Gómez en esa condición, y hoy lo está Mónica Ferrero— es un objetivo político e institucional del actual gobierno de Yamandú Orsi.

"Hay que encontrar una salida a la designación del fiscal de Corte", dijo el presidente en su última rueda de prensa esta semana, ante una consulta sobre lo "que falta" en la gestión de la seguridad pública, otro pilar prioritario de su administración.

En esa búsqueda se encuentra el equipo del presidente, en este tema encabezado por Díaz como prosecretario de Presidencia, incluso desde semanas antes de instalarse en la Torre Ejecutiva, cuando su asesores trabajaban en el edificio Plaza Alemania.

No hay urgencia pero sí cierto sentido de premura, ya que la actual gestión que encabeza Ferrero es vista como un "caos" del que la propia jerarca es responsable, dijo a El País una fuente del gobierno. Un caos que, a criterio del Ejecutivo, va incluso "más allá" del "conflicto laboral" que tiene hoy la jerarca con la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que se manifestó en contra de decisiones tomadas sobre el régimen de licencias, con medidas en protesta que implicaron, entre otras cosas, la no habilitación de órdenes de allanamiento y detenciones, y la suspensión de un curso de capacitación.

Ahora bien, ese conflicto, que todavía continúa, terminó de catalizar el respaldo que hoy es "total" por la plana mayor del Partido Nacional, que entiende que el Ministerio Público hoy está formado por fiscales cuya mayoría tiene un sesgo a favor del Frente Amplio en sus investigaciones, y que de hecho han conformado lo que el senador Javier García llamó "partido fiscal", una alianza política en su contra con "circuitos de poder" que ahora "la fiscal de Corte cortó".

Por eso, la decisión de la bancada nacionalista, según transmitieron fuentes de la dirigencia blanca, es "no negociar" otro nombre para conducir la Fiscalía General de la Nación y abocarse a "respaldar" la gestión de Ferrero.

Esto, dada la vigente normativa. Porque el senador Javier García, líder del sector mayoritario del Partido Nacional, dijo a El País que, si el oficialismo quiere sentarse a dialogar, debe comenzarse por "discutir la institucionalidad de la Fiscalía", lo que significa cambiar la forma como se gobierna el organismo. "Lo primero a discutir es si es bueno o malo que la Fiscalía sea gestionada por un mecanismo unipersonal, que ha permitido que se generara un partido fiscal que ha actuado y operado con intencionalidad política, o si es mejor prevenir este problema e ir hacia un sistema plural, como el que tiene la Suprema Corte de Justicia", propuso.

Ese órgano de gobernanza, agregó, no tiene por qué ser de cinco miembros, sino de tres, electos todos por mayorías especiales en el Parlamento.

Este tema ya fue discutido en el anterior período, a partir de una iniciativa impulsada por el exdiputado colorado Gustavo Zubía —exfiscal y hoy senador.

La idea no es, a priori, del agrado del gobierno.

"En el mundo no existe ni una sola Fiscalía colegiada", rechazó Díaz, en julio de 2022, que se explayó en contra de esta propuesta al ser consultado al respecto.

Para designar un nuevo fiscal de Corte, la Constitución exige la venia de tres quintos de los votos de la Cámara de Senadores, lo que significa 19 adhesiones. El Frente Amplio tiene 17 —contando el voto de la vicepresidenta Carolina Cosse—, con lo cual precisaría dos más.

El objetivo del gobierno, no obstante, es que el nombre que se proponga sea votado por "consenso" y no solamente con los dos brazos levantados que precisa, y que varios dirigentes de la actual oposición temen que puedan encontrarse en la bancada de Pedro Bordaberry, que en estos primeros días del nuevo período ha dado algunas señales de conciliación o cercanía con el oficialismo. Por ejemplo, al entender que, antes de cerrar el acuerdo interpartidario por todos los cargos en el Estado, debían darse los votos para las venias del gobierno, con el argumento de que el país no podía estar detenido; o al liderar la postura que finalmente adoptó el Partido Colorado de que la venia de Mario Layera para la Secretaría de Inteligencia debía ser aprobarse junto con todas las otras, a pesar de la enfática negativa a hacerlo del Partido Nacional —que rechazó de plano apoyarla hasta el final—, su socio coalicionista,con quienes terminaron votando por separado el pasado 8 de abril.

Las especulaciones son, por el momento, solo eso, indicaron a El País fuentes de la bancada de Bordaberry y de la que lidera Andrés Ojeda —que tiene tres legisladores en el Senado—. En términos generales, los colorados comparten la posición de los nacionalistas: Ferrero "da garantías" a la oposición ya que su gestión no está alineada a los intereses de Díaz —quien, para blancos y colorados, sigue influyendo e incidiendo en la institución—, a tal punto que en palabras de un senador de la oposición, su panorama se puede resumir de esta forma: "Si ella sigue, es como si eligiéramos, indirectamente, a un fiscal de Corte".

Eso no quita, sin embargo, que Vamos Uruguay no se esté "abiertos" a negociar con el gobierno, aunque hay "coincidencia" en la propuesta que reflota ahora García de crear un triunvirato en la Fiscalía.

"Estamos de acuerdo con cambiar la institucionalidad del Ministerio Público; además, como partido fuimos los primeros en proponer un triunvirato", sintetizó un senador colorado.