La discusión se ha dado tal como estaba previsto, y tal como se venía desarrollando desde que el tema se instaló en la agenda política a fines de julio -cuando el presidente Luis Lacalle Pou presentó una primera versión de la iniciativa en la sede del Frente Amplio (FA).

Es decir, el debate de ayer en la Cámara de Senadores sobre el proyecto de reforma de la seguridad social tuvo como expresión el parteaguas de dos posturas -la de la coalición de gobierno por un lado, y la de la bancada opositora por el otro- que en todo momento se han mostrado irreconciliables, y que en todo caso coinciden en un único sobreentendido: que la transformación del sistema previsional es una necesidad de Estado, y que algo hay que hacer, básicamente porque cada vez hay menos aportantes activos mientras que los pasivos -la población sexagenaria- crecen producto de una crónica involución demográfica.

Pero el choque de visiones sobre cómo debe solucionarse tuvo la virulencia típica de los asuntos pesados y con “costo político” -que los dirigentes de todos los partidos admiten, aunque en sentido diverso-, y que culminó también como estaba previsto: sobre la medianoche la coalición de gobierno impuso sus mayorías y el proyecto de reforma integral de la seguridad social fue aprobado en general por 18 votos en 30.

El clima de tensión copó el hemiciclo de la cámara ya de arranque: primero, el FA denunció la falta de quórum del oficialismo -que por un error en las licencias se retrasó así el inicio de la sesión- y luego, enseguida, las barras tuvieron que ser desalojadas porque los manifestantes no respetaron el silencio del protocolo y estallaron en aplausos durante la intervención del senador frentista Alejandro Sánchez.

El público se fue con el cántico de “si este no es el pueblo, el pueblo dónde está”, lo cual generó toda una situación que derivó en declaraciones cruzadas que arrastraron la tensión hacia afuera de la sala: el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó el “sistema perverso” que avala la vicepresidenta Beatriz Argimón al decidir “que las barras no se llenen”, y el senador blanco Sebastián Da Silva dijo a su vez que Pereira, “fue desalojado por faltarle el respeto al edificio del pueblo”.

Foto: Francisco Flores

Ni qué hablar que muchas de estas cosas corrían también por el paralelo carril de Twitter, pues los legisladores o replicaban allí declaraciones hechas a la prensa o directamente daban allí sus opiniones.

No hubo espacio para el humor, como lo dejaron en claro los senadores blancos cuando no se rieron de un chiste del frenteamplista Mario Bergara, por lo que el debate sobre el futuro y presente de los jubilados y las jubilaciones de los uruguayos se centró en los argumentos -ya digeridos- del oficialismo y de la oposición. Y en ambos casos fueron a lo medular de una iniciativa que, en esencia -porque son cientos los artículos y los cambios propuestos que llevan a un sistema previsional común-, subirá la edad de retiro de 60 a 65 años, condición que comenzará a regir íntegramente por primera vez en 2040, cuando entonces se jubilen los nacidos en 1975 -luego de un período de transición.

Es una reforma “ineludible”, resumió Sergio Botana, el senador blanco encargado de presentar el informe en mayoría, que subrayó el objetivo de velar por los “hijos” y “nietos” de todos, más allá de un impacto electoral. “Vamos a una reforma para que los trabajadores del futuro también se jubilen; (una reforma) que ayuda al niño, a la mujer, a la persona con discapacidades y a los trabajadores con dificultad para generar causal”. Se trata de una transformación, siguió, que permitirá a los jubilados cobrar “más, unos años después”, y que en definitiva la propuesta “aumenta la jubilación al pobre y asegura la de todos”.

Foto: Francisco Flores

El también blanco Gustavo Penadés insistió en la tesis del gobierno de que no se afecta “un solo derecho, ni de las personas que se han jubilado ni de las que se están por jubilar”, y que terminó siendo “una reforma a la uruguaya, una reforma consensuada”, pese a la árida discusión que complicó puertas adentro del oficialismo. De hecho, en ese sentido, el cabildante Guillermo Domenech también dejó en claro en la sala que su partido, aún, tiene algunas “objeciones”, como el hecho de que se incluya en la ley cambios para la Caja Notarial o que sean 25 en lugar de 15 los años contemplados para determinar el promedio que fijará la jubilación.

Los senadores de la oposición, en tanto, tomando como base el informe en minoría que leyó Silvia Nane, cuestionaron que no se cumpla una promesa de campaña y que “el costo” de la reforma recaiga en los trabajadores.

Uno de los más duros fue Sánchez, que apuntó que la coalición de gobierno “no cumple con nada” de lo que prometió sobre este tema en 2019, y que la gente ahora “va a tener que trabajar más años y va a cobrar menos”, porque “por sobre todas las cosas” se aplicará un “aumento al barrer de la edad de jubilación”. La resistencia, avisó, continuará en “la calle”.

El comunista Óscar Andrade, en tanto y por poner otro caso, sintetizó de esta manera los cuestionamientos: “Te jubilás más tarde y con menos plata, con pérdidas de hasta el 38%”.

El informe en minoría que leyó la senadora frenteamplista Silvia Nane en sala comenzó con un minucioso repaso de los cambios normativos relativos a la seguridad social que ha hecho la coalición de izquierda en sus administraciones, para luego entrar de lleno en los cuestionamientos a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Para empezar, el Frente Amplio fustigó el proceso de discusión del proyecto, que se inició con el trabajo de la comisión de expertos en 2020 y en donde, denuncian, no hubo participación real de los actores sociales ni de la oposición.

Luego, ya yendo al grano, se resume en una frase por qué su postura contraria: “No acompañamos en general este proyecto presentado, por considerarlo incompleto, injusto y fuertemente negativo en varios aspectos centrales de su contenido”.

El documento también cuestiona la política económica aplicada por el gobierno, para a continuación ingresar en conceptos financieros, que también son base importante del rechazo. No hay, asegura el informe frentista, “nada de análisis de impacto, nada de consideración respecto a los ingresos del sistema, ni una medida acompañada de su cuantificación económica”.

Luego se hacen aseveraciones como que “más del 90% de la mejora financiera del BPS se explicaría por la baja del gasto en jubilaciones y pensiones” y que “se amplía el negocio de la capitalización individual a toda la población, universal y obligatoriamente” para terminar -dicen en la coalición- beneficiando a las AFAP.

“Los trabajadores que acumulen 30 años de aportes con menos de 65 años son los que se verán más afectados ante el incremento de la edad de retiro”, se afirma también sobre el núcleo de la reforma, lo cual tendría un impacto que recibirá “la mitad de los trabajadores” del mercado formal.

En el apartado final se acepta el “envejecimiento de la población, el cambio tecnológico en el mundo del trabajo, junto a otros factores” que hacen necesarias varias reformas, pero estas, se indica, “no deben tener en cuenta exclusivamente la sustentabilidad financiera”.