Redacción El País
El lunes 15 se realizará en Punta del Este un evento de recaudación de fondos en favor del precandidato frenteamplista Yamandú Orsi. La decisión, de la que dio cuenta El País el martes, sorprendió a propios y extraños y generó una de las primeras discusiones del este año político por varios motivos: el precio de los tickets, el lugar elegido y el invitado central.

Además de un mensaje del postulante, Carlos Paéz, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, expondrá sobre “Uruguay, una sociedad con esperanza”. No se trata de un evento oficial de la campaña de Orsi, sino que es organizado por un grupo de “allegados” al precandidato. Entre ellos, Líber Burgos, quien en diálogo con El País confirmó que al evento irán 200 personas.

Cerca de la mitad de los tickets, dijo, fueron entregados sin costo a referentes políticos e invitados especiales. El resto, apuntó, se vendieron “en diez minutos”. A US$ 1.000 por persona -US$ 10.000 por mesa-, la cuenta indica que recaudó unos US$ 100 mil. Burgos advirtió que a esa cifra habrá que descontarle un 20%, por los gastos de organización, el alquiler del salón y la contratación del conferencista.

Este tipo de eventos representan una de las formas más habituales de financiación de campañas. Todos los partidos lo hicieron y lo harán en este proceso electoral. Sin ir más lejos, en el mismo lugar lo hicieron Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou en enero de 2019, como precandidatos. En ese caso, también, a un costo de US$ 1.000 el ticket.

En ningún caso estuvieron o estarán obligados a rendir cuentas, ya que la ley vigente excluye a los gastos de campaña de las elecciones internas.

“El gran hueco es la interna”, le dijo a El País el diputado Conrado Rodríguez, uno de los más activos en la redacción de la nueva ley de Financiamiento de Partidos Políticos, sancionada en la Cámara de Representantes y que luego del receso comenzará a ser discutida en el Senado.

La posibilidad de regular la forma en que los precandidatos se financian en la interna estuvo sobre la mesa el año pasado en conversaciones informales entre los legisladores, pero no prosperó. “Lo complicado es regular la interna”, apuntó Rodríguez, en referencia a la imposibilidad práctica de que la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas puedan controlar a los cientos de sectores y miles de listas que participan en esta instancia.

También porque, según el diputado Iván Posada (Partido Independiente), se entendió que el país había ingresado ya en una “precampaña”, por lo que se consideró más adecuado que cualquier cambio normativo que afectara a las internas rigieran para el siguiente período.

El proyecto de ley que a inicios de esta legislatura había presentado el Frente Amplio - la base de la discusión que derivó en el texto que ahora está en el Senado- no preveía una regulación de este tipo. Sí lo hace el proyecto ahora en discusión en el Senado que, de todas formas, no tiene seguridad de sanción.

La propuesta establece para los precandidatos igualdad de requerimientos que para los candidatos a octubre. Si la nueva ley se aprueba, deberán rendir cuentas de los “fondos públicos” recibidos en los 90 días posteriores a la elección interna. Se establece como “período de recaudación” de estos fondos entre el 1 de noviembre del año anterior a la elección nacional hasta el 30 de junio del año siguiente a los comicios. Con todo, esto entraría a regir recién el 1 de noviembre de 2028.

Los últimos datos disponibles indican que, en promedio, el 79% de los ingresos declarados por los partidos como financiamiento de campaña provienen del sector público. Y de los aportes privados, el 22% corresponde a cenas, rifas, colectas. Así lo indica el estudio “Financiamiento de las Campañas Electorales en el Uruguay”, elaborado por Rafael Piñeiro, Cecilia Rossel y Santiago Acuña y publicado en 2016 por la Fundación Friedrich Ebert.

La ley vigente establece que el Estado “contribuirá a solventar los gastos de los partidos políticos en su funcionamiento”. Son 4 UI, hoy unos $ 23, para cada partido con representación parlamentaria por cada voto obtenido en la elección anterior. El pago se hace efectivo a través del Poder Legislativo, en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Por esa vía el Frente Amplio recibió $ 19 millones en 2021, según las últimas declaraciones publicadas por la Corte Electoral. El Partido Nacional obtuvo $ 14 millones y el Colorado declaró $ 1,2 millones. La declaración de Cabildo Abierto señala $ 5,8 millones ese año por “ingresos públicos directos”. La del Partido Independiente, $ 467 mil, la del PERI, $ 3,3 millones y la del Partido de la Gente, $ 521 mil.

El Estado funciona además como una suerte de prestamista. Los partidos tienen, según la ley, la posibilidad de recurrir -y así lo hacen- a “adelantos” por parte del Banco República, a cuenta de los votos que recibirán. El pedido debe ser formalizado en los 60 días anteriores a la elección. Por esa vía, podrán solicitar un anticipo de hasta el 50% de los votos que, presumiblemente, irán a obtener en esos comicios, que luego deberán reintegrar.