Redacción El País
La Corte Electoral comenzó a analizar una serie de denuncias sobre infracciones y violaciones a distintas leyes que conforman el marco normativo electoral vigente. Entre ellas, una que involucra a uno de los favoritos para ser el próximo presidente de la República. La Corte espera que el precandidato blanco Álvaro Delgado presente sus descargos ante la denuncia que, en su contra, presentó la semana pasada el Frente Amplio (FA).

La coalición de izquierda lo acusa de infringir la normativa que regula la publicidad electoral, al haber emitido recientemente en televisión abierta un spot de casi cinco minutos. En su denuncia, a la que accedió El País, el FA alertó por una “flagrante violación” del favorito nacionalista al emitir una pauta claramente proselitista, que, según la ley vigente, solo podría haberse comenzado a presentar a 30 días de las elecciones internas.

Eso según la última versión de la norma, actualizada en 2004. La redacción original, que data de 1998, hablaba de 40 días, con lo que la discusión se habría tornado más compleja. El FA alegó que en la campaña de Delgado hay un “amplio conocimiento” de las normas vigentes, por lo que “no cabe duda que la infracción es manifiestamente dolosa, con conocimiento del acto ilegítimo que se realiza”. Y sobre esta base se reclamó saber “quién contrató” el espacio publicitario en los canales.

Se recordó además que a la Corte Electoral “le compete” el control de la normativa, a la que se pidió aplicar las “sanciones pertinentes”. El tema no pasará de una nueva polémica pública ya que la misma ley que se alude no prevé sanciones ni le otorga a la corporación potestades para hacerlo. El organismo sí podrá determinar si se trata de un acto de proselitismo o, como dice Delgado, de publicidad informativa.

Lo mismo sucederá en otros dos casos que la Corte Electoral tiene a estudio. Uno de ellos es la denuncia que a mediados de abril el Partido Colorado presentó contra el director de Turismo de Montevideo, Fernando Amado -excolorado y hoy aliado al FA. Los colorados reclamaron que la Corte “disponga la prohibición del uso de la expresión ‘batllistas’ y ‘batllismo’” fuera de esa lema.

El descargo, al que accedió El País, está a nombre de la agrupación “Avanza Diferente” y hace alusión a normas contenidas en la ley de Elecciones que el año que viene cumplirá 100 años de vigencia. En particular se apuntó al varias veces mencionado “uso indebido del lema” y de símbolos partidarios. La disposición “alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente conduzca a confusión de los electores”.

Pero Amado -que ya fue denunciado por los colorados por lo mismo en 2019- dijo no considerar que una reivindicación de una identificación ideológica “a esta altura de la cultura política” del país pueda provocar confusiones. Además, acusó a los colorados de confundir “palabras e imágenes” con “identidades”. Pese que en este caso la ley sí prevé sanciones penales, nunca se aplicaron. Lo máximo que podrá suceder, otra vez, será un “apercibimiento” o una “recomendación” a cesar en el accionar cuestionado.

El exdiputado consideró que la denuncia de sus excorreliginarios -“acechados por fantasmas producto de un trauma que no desaparece”, según dijo- abre la posibilidad de “deslizarse hacia situaciones de menoscabo del legítimo derecho a la libertad de expresión”. “La identidad batllista está en disputa, guste o no, para asegurar que continuaremos reivindicando la que consideramos es nuestra identidad política por excelencia a la que nos cabe el derecho de expresar en forma irrenunciable”, afirmó. Amado habló de una “inconsistencia” entre “la marca de origen”, Batlle y Ordóñez y “lo que hoy representa el coloradismo en la gente”.

Al “viejo Batlle” también lo mencionó Carolina Cosse en su campaña por el interior, para ensalzar su obra y vincularla con su proyecto de gobierno.