La diputada suplente Martina Casás, de 29 años, evalúa junto a su abogado, Juan Raúl Williman, denunciar penalmente al titular de la banca, el legislador Gustavo Olmos, de 62 años, por abuso sexual.
Ambos integran Marea Frenteamplista, que forma parte de Fuerza Renovadora, el sector liderado por el senador Mario Bergara. Ante el planteo de Casás sobre que fue víctima de acoso sexual y laboral por parte de Olmos, Fuerza Renovadora denunció los hechos el 20 de noviembre ante el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA). El documento presentado incluye la versión de los hechos del titular y la suplente de la banca, “quienes expresaron posiciones diversas”, como informó el sector, pero Casás no avaló con su firma la denuncia.
La diputada suplente fue citada por el Tribunal para dar su versión el miércoles 29, instancia en la que entregó un escrito con la narración de lo sucedido. “Seguro hay una situación de acoso sexual y laboral, pero dado el relato de los hechos eventualmente puede haber otras cosas y capaz que hay que hacer una denuncia en Fiscalía. Eso es lo que me corresponde analizar”, informó su abogado a El País. Consultado sobre qué “otras cosas” podría constatarse, Williman respondió: “Abuso sexual”.
Mientras que el acoso sexual y laboral no son delitos, sino faltas éticas sancionables administrativamente por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el abuso sexual es sancionado por el Código Penal, que, en su artículo 272-Bis establece que “el que por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual sobre una persona, del mismo o distinto sexo, será castigado con pena de dos a 12 años de penitenciaría”.
“Lo que está claro es que es una situación que se prolonga en el tiempo, y que, si estamos analizando una denuncia penal, implica que obviamente hay como mínimo una invasión sobre el cuerpo de la persona sin consentimiento”, aseguró Williman, quien agregó que se evalúa “qué caminos se pueden tomar”, entre ellos “una posibilidad es hacer una denuncia en Fiscalía”.
“Estimo que tiene elementos” para presentar la denuncia penal, “pero vamos a analizarlo”, insistió el abogado.
Licencias
Fuerza Renovadora anunció en el comunicado del domingo que “se tomaron medidas cautelares para evitar la interacción entre ambas partes en la labor política, incluyendo aceptar la licencia del diputado a sus labores parlamentarias”. Casás también resolvió tomar licencia desde este miércoles, jornada en la que respondió por escrito ante el TCP del Frente Amplio.
Williman explicó que “ella no está bien anímicamente y se tomó unos días”. A su vez, la vocera de Casás, Gabriela Pasturino, informó a El País que la diputada tomó licencia desde el miércoles hasta el 11 de diciembre, y agregó: “Estamos buscando no solo una resolución política, sino que además está el proceso, y en ese proceso está bueno que las mujeres no se sientan aisladas una vez que denuncian, que no sean las que tengan que irse, las que se sientan expulsadas, sino que se las cuide para que puedan seguir su actividad política y parlamentaria sin mayores repercusiones que las que ya trae, que es mucho dolor personal. Para que tenga la menor cantidad de repercusiones políticas posibles tiene que actuar su sector y también el FA”.
Pasturino dijo a Búsqueda que Casás recibió apoyo de dirigentes del FA e incluso de otros partidos, pero que “no ha sentido el mismo respaldo” de Fuerza Renovadora, lo que se refleja en que el sector presentó la denuncia ante el TCP sin su aval.
Olmos y Casás compartían despacho en el edificio Anexo del Palacio Legislativo. Mientras los legisladores estén de licencia, la banca en Diputados será ocupada por Alicia Esquivel.
En Fuerza Renovadora esperarán en silencio
Fuerza Renovadora informó el domingo en un comunicado la existencia de una denuncia contra Olmos, horas después de que El País lo publicara. Designó a Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, como vocero del tema, pero en las últimas horas resolvió que no hará más declaraciones. Un dirigente del sector dijo a El País que acatarán el fallo del TCP y que el silencio es para evitar “revictimizar” a Casás.
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