PARLAMENTO

Gobierno cada vez declara reservados más datos; Mieres presenta proyecto para evitarlo.

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Es como si fuera una pared y romperla se hace cada vez más difícil. La ley de acceso a la información pública, aprobada hace ya más de diez años -el 17 de octubre de 2008-, marcó un hito y posibilitó que cualquier ciudadano le pidiera datos al gobierno. Al principio el recurso funcionaba pero se sabe que, como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa. Desde hace ya varios años una de las respuestas cada vez más habituales de los organismos públicos es decir que la información es reservada. O a veces ni siquiera responder la consulta.

Desde 2015 la Unidad de Acceso a la información Pública recibió 210 denuncias de personas a las que no le dieron la información o no se la dieron en forma completa por distintas razones. Las cifras vienen creciendo año a año, según la información a la que accedió El País: hubo 28 denuncias en 2015, 39 en 2016, 58 en 2017, 75 en 2018 y van 10 en 2019.

Si se toman en cuenta solo las denuncias de 2018, 15 fueron por negación injustificada, 42 por vencimiento de plazo o no respuesta, 15 por entrega parcial y tres por información reservada.

La situación preocupa en el Parlamento porque desde el arranque el recurso fue muy usado por periodistas, pero también por políticos. Por eso, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres presentará este lunes un proyecto de ley que pretende modificar este panorama y acotar la posibilidad de reserva de información. Porque hoy hay una suerte de “juego de la mosqueta”, según dijo Mieres a El País. “Se declara la información reservada justo cuando alguien pide esa información y eso es lo que queremos evitar”, indicó.

El proyecto establece que la clasificación de la información reservada deberá realizarse en el momento que “se genere, obtenga o modifique”, pero -y aquí viene el cambio- previo informe favorable de la Unidad de Acceso a la Información Pública, un organismo especializado cuyo cometido es velar por el respeto al derecho de acceso a la información.

Compañero de Mieres, el diputado Daniel Radío dice que la situación es alarmante porque los legisladores muchas veces usan la ley como mecanismo para obtener datos. “Como cualquier hijo de vecino, los parlamentarios tenemos que recurrir a la ley de acceso porque las autoridades no van a comisiones y tampoco responden los pedidos de informes tradicionales. Encima nos declaran reservada la información y a veces hay que ir a la Justicia”, protestó.

Y puso un ejemplo reciente. A fines del año pasado la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados recibió un planteo de un grupo de vecinos que presentó una petición de juicio político por el acuerdo del gobierno con UPM. Los diputados oficialistas y opositores acordaron no da dar curso al planteo pero sí convocar a las autoridades para que aportaran más información.

Pero la semana pasada los legisladores se sorprendieron al enterarse que las autoridades convocadas -el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma; el prosecretario, Juan Andrés Roballo; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García- no asistirían a la comisión por razones de orden constitucional y legal.

“Fue la gota que desbordó el vaso. Ya es acalambrante lo de Presidencia, están sacados”, dijo Radío. Opinó que hay un problema de “desprecio” y por eso el gobierno no le da información al Parlamento.

Se sabe que en año de elecciones el trabajo parlamentario se reduce y, lo que es peor, todo se mira desde la óptica electoral. ¿Es posible presentar un proyecto de ley y pensar que será discutido en forma seria, al menos en comisión? El senador Pablo Mieres sabe que es difícil que eso suceda. “Yo voy a presentar el proyecto y luego lo voy a pelear”, indicó.