La Intendencia de Montevideo (IMM) se vio envuelta en las últimas horas en una nueva polémica, en torno a un anuncioal que la administración afirma que se limita a recordar la necesidad de cumplir con la normativa, pero que la oposición departamental ve como un ataque a la libertad de expresión en plena campaña electoral.

A través de decenas de cartas que comenzaron a ser enviadas la semana pasada a propietarios y copropietarios de edificios, la intendencia "informó" que "para la instalación de cartelería en predios privados visibles desde el espacio público", es "obligatorio contar con habilitación" departamental. Los que no lo cumplan, se advierte, serán pasibles de sanciones.

El problema es que, según se denunció públicamente, esos avisos fueron recibidos por personas que en sus apartamentos tenían colocadas balconeras u otro tipo de propaganda vinculada a los partidos Nacional y Colorado.

Una de ellas fue Gabriella Sella, que vive en un edificio cerca del límite entre el Parque Batlle y Pocitos y que tiene una balconera de la Lista 40 del Partido Nacional . "Quedé descolocada, me dio miedo", le dijo a El País. "Lo tomé como una amenaza de que me iban a sancionar", señaló. En el apartamento del puso superior al suyo, hay colocada una balconera del Frente Amplio. Sella afirma que su vecino no recibió ninguna notificación.

Ante la polémica, este jueves la IMM divulgó un comunicado al respecto. Afirmó que el "aviso" ―que partió desde el Departamento de Recursos Financieros― refiere solo a "publicidad comercial" instalada en inmuebles privados y que "son visibles desde el espacio público". En concreto, los carteles de escala gigante E1 y E2, con soportes tanto en la fachada como en el lateral del edificio.

La Intendencia se ampara en el decreto 37.847, de setiembre de 2021, que modificó el régimen general de instalación de elementos publicitarios. A partir de allí, se estableció "el deber de los titulares de los inmuebles de verificar que se ha obtenido el permiso correspondiente" antes de instalar estos elementos.

El aviso, se indica, estuvo destinado a "evitar inconvenientes a futuro por desconocimiento de la norma". Así, los propietarios serán responsables de las sanciones o multas ante eventuales omisiones de la empresa que instala la cartelería, previstas entre 40 y 350 unidades reajustables ($69.000 y $604.000), según la gravedad del caso, con multas suplementarias acumulatativas de entre 10 y 69 unidades reajustables ante "resistencia" al cumplimiento de la normativa.

En esos mismos soportes, se indica, puede realizarse publicidad política, que deberá contar con el mismo tipo de autorización, y que además estará exonerada de impuestos departamentales.

"Esto no apunta a vecinos con balconeras políticas", señaló la directora interina de Recursos Financieros, Ximena Ortiz. "Esta cuestión no tiene nada que ver con la libertad de expresión", afirmó. Consultada por Subrayado, Ortiz atribuyó a "coincidencias" que buena parte de las cartas fueran recibidas por personas con balconeras de partidos de la coalición de gobierno. La administración dijo haber hecho los envíos a lugares que, según los registros, tienen o tuvieron en algún momento publicidad comercial.

Según pudo comprobar El País, la IMM envió además algunas cartas aclaratorias a los vecinos que plantearon dudas, y mantuvo una reunión informativa con la Cámara de Publicidad Exterior, para "coordinar esfuerzos y asegurar una correcta difusión de la normativa". Sella, la vecina de balconera de la Lista 40, afirma no haberla recibido.

El líder de su sector, el senador Javier García, dijo a El País que recibió denuncias similares en otros barrios, todas referidas a "propaganda política". García sostuvo que la intendencia "no tiene nada que hacer" en cuestiones que atañen a la propiedad privada.

El edil Fabián Bravetti (Lista 40) le reclamó a la IMM la entrega de todo el proceso administrativo que siguió la resolución. El objetivo: saber de dónde partió la orden. "Lo extraño es que la comunicación hasta ahora solo les ha llegado a personas que tenían una balconera en su casa, no a vecinos que no la tenían", dijo. Bravettti agregó entonces que "no parece muy creíble" el argumento de la intendencia.

En la misma línea, su colega Javier Barrios Bove (PLP) dice tener documentadas una decena de denuncias similares, concentradas en la zona del Parque Batlle y Pocitos. Todos tenían propaganda política. "Esto ocurrió en función de las elecciones internas por las que acabamos de pasar", aseguró. El tema fue discutido en los últimos días en la Junta Departamental. "Lo que está llegando en estos días es intimidatorio, va contra la libertad de expresión" dijo allí Barrios Bove, al asegurar que muchos de sus compañeros resolvieron no colocar balconeras, ante el temor a sanciones. "Les están prohibiendo a los vecinos que expresen su opción política", afirmó.

"En mi casa, siempre que no sea ofensivo y no contradiga las buenas costumbres y la moral, yo puedo poner lo que quiera", dijo el colorado Tulio Tartaglia, que aseguró contar con una denuncia vinculada a un apartamento ubicado sobre la Rambla de Montevideo. "Le llegó por tener un solo cartel, que no es comercial y que no promociona otra cosa que a un partido político", dijo.

Se trata, afirmó, de lugares que "con su espíritu democrático y republicano, que entendieron que en Montevideo seguía existiendo la libertad de expresión". Tartaglia cuestionó que la intendencia use una normativa que, aprobada por la junta, se "bastardeó" y que "ahora se utiliza para perseguir a los que no son del Frente Amplio".

El edil colorado Tulio Tartaglia cursó un pedido de informes para determinar si la "intimación" de la intendencia también fue enviada a un conocido local partidario ubicado en la esquina de Rivera y Luis P. Ponce.

"Me suena que no, porque es de un director de la intendencia", ironizó. Se refería al titular de Turismo, Fernando Amado, que tiene allí la sede de su agrupación y cuya publicidad exterior es notoria. "Está tomado al cien por ciento", dijo Tartaglia. Según el edil , el local en cuestión tiene publicidad en toda su fachada, cuyo tamaño excede lo pautado por la propia normativa departamental.

"Como ya hemos visto en otras oportunidades, cuando los vecinos son del partido de uno se mira para el costado, pero cuando son de otros partidos se los persigue, se los sanciona", afirmó.

El edil frenteamplista Nicolás Lasa (PS) afirmó por su parte que la IMM se limita a cumplir con una normativa aprobada por la propia Junta Departamental, y vinculada solamente a la publicidad de tipo comercial. "No voy hablar de intencionalidad. Quizá lo que hubo acá fue una confusión", dijo. "Me parece que vincular esto con la libertad de expresión es tensar mucho la discusión", concluyó, al defender el accionar de la administración.