La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), aceptó utilizar los 16 camiones de recolección de residuos que, incorporados por la Intendencia de Montevideo (IMM) en febrero de este año, jamás fueron utilizados. Se trata de unidades Scania, cuyo costo para las arcas de la comuna superó los US$ 8 millones pero que nunca salieron a la calle a prestar servicios. La razón: la negativa del sindicato de funcionarios ante las pocas condiciones de seguridad que ofrecía la cabina de estos camiones para transportar a tres trabajadores, la dotación clásica del servicio de limpieza de la comuna.

Se trata de una vieja polémica que puso en entredicho la millonaria compra. Según la configuración de la cabina, el funcionario que debería ir en el medio, entre el conductor y el acompañante, tendría que hacerlo con sus piernas arrolladas. Fueron múltiples las imágenes que circularon en su momento evidenciando el problema, lo que impidió que las flamantes unidades salieran a prestar servicio.

Ahora, en una votación divida, el sindicato resolvió (por 58 a 46, según supo El País), comenzará a utilizarlos. El motivo principal fue el aviso de las autoridades de la IMM, que el pasado lunes en la última bipartita advirtieron que, de lo contrario, serían destinados al servicio privado que opera en Montevideo. “No lo podemos mandar a los privados”, dijo a El País el presidente de Adeom, Aníbal Varela.

No obstante, los trabajadores pautaron ciertas condiciones. Los camiones podrán comenzar a operar en servicios en los que se requiera solo de uno o de dos funcionarios. En los casos que se requiera una dotación de tres funcionarios, se hará una “prueba de campo” a los efectos de medir el riesgo de la operativa. Allí habrá presencia de delegados del Ministerio de Trabajo (MTSS) y del Banco de Seguros del Estado (BSE). Será con tripulación completa, en uno de los recorridos de recolección habituales, y deberán seguirse los protocolos vigentes en seguridad vial.

Esos camiones, se indica, solo podrán ser operados por funcionarios presupuestados, y no con operarios que se estén desempeñando en programas como el Plan ABC o bajo algunos de los fideicomisos de la intendencia. Una “comisión permanente” deberán realizar en forma mensual el seguimiento del tema. Se prevé que cualquier incumplimiento, por cualquiera de las partes, serán denunciado ante la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra). En caso de que los camiones terminen por pasar al fideicomiso, el sindicato denunciará públicamente que “se compraron equipos con fondos públicos, para ser tercerizados y utilizados en trabajos precarios”.

A lo largo de estos meses, fueron varios las observaciones adversas recibidas por estos 16 camiones.

Ya en diciembre de 2023, cuando la IMM concretó su compra, la División de la Salud y Seguridad Ocupacional de la propia comuna había indicado que “el asiento del medio no cuenta con espacio suficiente para el apoyo de las piernas durante el traslado de la persona. Según el informe, al que accedió El País, esto implicaba “condiciones inseguras” frente a posibles giros o accidentes. Por otra parte, allí se señalaba que el acceso a la cabina no contaba con peldaño móvil, con el primer escalón a 40 centímetros y con la cabina ubicada a 120 centímetros del suelo.

Por otra parte, el pasado 15 de agosto hubo una “prueba de desempeño” de estos camiones, que se efectuó a manera de simulacro. Según dijo a El País el edil nacionalista Javier Barrios Bove, se trató de una prueba para simular lo que sería la recolección en una de las rutas que se desarrollan habitualmente por parte del servicio de limpieza. Fue, dijo, en “condiciones ideales” en cuanto al estado de la vía pública, el flujo de tránsito o las distancias recorridas. En la cabina del camión iba solo el chofer, con los dos auxiliares en las parrillas. La prueba recorrió un total 68 kilómetros, y fue presenciada por técnicos prevencionistas, autoridades del servicio y delegados del sindicato.

La prueba se realizó con diez contenedores de 770 centímetros cúbicos con residuos mezclados, levantándose un total de 1.960 kilos. En los resultados, se indica que cuando los camiones se probaron en contenedor de media carga, el sistema de levante ubicado en su parte trasera “no pudo con él”. También se señaló que las unidades tuvieron “problemas de ingreso” a la planta de transferencia, ya que la parte inferior del vehículo “tocó en varios puntos” el piso”.

“Sabemos que los camiones desde su base al punto de inicio del servicio fueron solo con el chofer, que cuando se probaron con un contenedor (media carga) el sistema que tiene en la parte de atrás no pudo con él, que hubo problemas en el ingreso a la planta de transferencia ya que la parte inferior del el camión “toco en varios puntos”, dijo el edil.

Ese mismo día, señaló el edil, se realizó una “evaluación de riesgo por tarea”, por parte de la División Salud y Seguridad Ocupacional de la IMM. Ese informe volvió a detenerse en que la configuración de las unidades representan un “riesgo importante” de “consecuencias dañinas” con respecto al “sobreesfuerzo” y la “carga física” al que se vería sometido el tercer ocupante de la cabina, el de plaza media. Respecto al trabajo de los auxiliares para la recolección manual, también se indica un “riesgo importante”, debido fundamentalmente a la altura y a las dimensiones reducidas de la parrilla trasera que, con un ancho menor al establecido por la normativa, no permite un apoyo seguro de los auxiliares.

La IMM, en tanto, siempre aseguró que el importador de las unidades presentó la declaración jurada, la declaración del fabricante y los informes de ensayo relativos a los distintos dispositivos de seguridad. Entre ellos, la homologación de tres pasajeros en la cabina por parte un de organismo neerlandés avalado por la Unión Europea.

Foto: Juan Manuel Ramos/Archivo El País.