Por Fabián Cambiaso
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) le confirmó este viernes al diputado César Vega que está dispuesta a excavar en el lugar que le sea indicado, a partir de la información que el legislador dice tener sobre el destino de los restos de "la mayoría" de los detenidos desaparecidos.
Los directivos de la institución mantuvieron con Vega una breve reunión luego que el referente del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) asegurara haber sido contactado por un grupo de exmilitares que le ofrecieron ser su "vínculo" con las autoridades correspondientes para señalar la ubicación exacta de las víctimas de estos sucesos, en cuyo enterramiento clandestino habrían participado.
Vega había expresado que la única condición que ponen sus informantes —que llegaron a él a través de su programa de radio— es que nadie deben saber quiénes son. "Van a ir al lugar, lo van a señalar y se van a borrar", había dicho el diputado a El País.
En la reunión el legislador describió en términos generales esta misma información a los directores de la INDDHH, sin identificar quiénes son sus informantes o en qué lugar concreto estarían ubicados los restos. Allí remarcó la necesidad de mantener absoluta reserva según el pedido de sus fuentes.
Según pudo saber El País los directores le ofrecieron todas las opciones: entre ellas, que sus confidentes ni siquiera concurran al lugar en el que se hallarían los enterramientos, sino que se limiten a señalar el lugar exacto en el mapa para preservar su identidad. El referente del PERI se comprometió a trasladar el ofrecimiento y volver con una respuesta.
Más allá del compromiso de investigar, en el Inddhh se recibió el hecho con bastante escepticismo y la sospecha de que al diputado en realidad le quieran estar dando datos que no son ciertos. Desde la institución se señala que se le pidió a Vega indicios de quién sosn sus fuentes. Allí Vega mencionó a una de ellas por su nombre de pila. Allí se concluyó que se trata de un hombre que ya en el pasado transmitió información a otros tres legisladores, tanto de la oficialismo como de la oposición, que resultó ser falsa.
El temor es que se trate de una operación —"como hubo tantas en el pasado", se mencionó— destinada a despistar a los investigadores de la verdadera ubicación de los restos.
Vega también se reunió este viernes con el ministro Javier García, al que puso al corriente de los datos que dispone. En diálogo con El País, el legislador celebró que la institución confirmara que avanzará en el procedimiento
La ley vigente desde setiembre de 2019 le asignó a la institución la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, además de la investigación sobre las circunstancias de esas desapariciones. En 2021 se le aprobaron recursos específicos para ese fin, para el que cuenta con nueve antropólogos, tres investigadores, dos informáticos y un abogado, entre otros.
Familiares a la espera
En Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se está a la espera de cómo evolucione la situación. Ignacio Errandonea, uno de los referentes de la organización, le dijo a El País que preocupa que Vega —que nunca se contactó con ellos— haya salido a "ventilar" la información que dice tener antes de ponerla en conocimiento de las autoridades. Así, sostuvo, habría evitado generar una expectiva sobre resultados que no se sabe si se podrán cumplir.
Para Errandonea, Vega debería haber mantenido las reservas del caso y dijo esperar que la información resulte ser fidedigna. "Si no, sería una falta de respeto", concluyó.