El gobierno de Luis Lacalle Pou está llegando a la última parada importante de este período, que es ni más ni menos que la última Rendición de Cuentas en la que se puede incrementar el gasto. Lo hará con una coalición que permanece entera, pese a las varias crisis que atravesó en el último tiempo y contra lo que vaticinaban dirigentes de la oposición de que era una alianza para quitar al Frente Amplio del poder y que por tanto su unión no era real y no podía durar mucho tiempo.

Ese fue, a grandes rasgos, el análisis político que hizo ayer por la tarde el jefe de Estado ante todos los ministros y subsecretarios que convocó para dar a conocer los lineamientos del proyecto presupuestal que deberá enviar al Parlamento antes de que termine junio, y que como él mismo ya adelantó tendrá una prioridad bien definida: atender en forma “integral” la problemática social de las adicciones y la salud mental.

Para eso se destinará un incremento de US$ 20 millones, que estarán dirigidos a financiar un conjunto de programas y políticas que actualmente está diseñando un equipo multidisciplinario integrado por representantes de los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y Salud Pública, ASSE y la Junta Nacional de Drogas.

Será una inversión que, como indicaron a El País participantes de la reunión, fue calificada de “histórica” por el presidente, en la medida que se intentará dar respuesta a un fenómeno que no había sido atendido con la contundencia que el gobierno cree que ocurrirá ahora. Y es algo en lo que, de hecho, ya se está trabajando, pues el ministro Martín Lema (Mides), por ejemplo, aspira a alcanzar para este año 355 cupos en centros de 24 horas especializados en tratar las adicciones y la salud mental de personas que recién recuperaron la libertad y que están en situación de calle -además de otros 220 cupos para asistir a centros diurnos y 120 que serán ambulatorios.

Para visualizar el peso que tendrá el incremento presupuestal en esta materia, Lacalle Pou aseguró que sería equivalente al costo de 1.500 tratamientos anuales.

El tema preocupa también al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, porque su cartera administra precisamente la vida de los reclusos -que en un 80% son drogadictos-, por lo que solicitó que se comience a coordinar con el Mides, ASSE o Salud Pública para realizar convenios en este tema.

“Son dos rubros que tienen directa relación con el Ministerio del Interior -dijo Heber en rueda de prensa-, porque lamentablemente (para) las personas privadas de libertad que están en el Instituto Nacional de Rehabilitación son dos temas que abundan” (ver recuadro).

Fue un Consejo de Ministros más breve que el de otras veces, y en el que básicamente expuso el presidente. Además del análisis político sobre la marcha del oficialismo, Lacalle Pou subrayó su compromiso en encontrar una solución para los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) -para lo cual la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, convocará en los próximos días a los líderes de los partidos de la coalición (ver nota aparte)- y recordó también las anteriores apuestas de sus rendiciones de cuentas: los más de US$ 300 millones del año pasado invertidos en la educación y la seguridad y los US$ 50 millones de la norma presupuestal de 2021 cuyo objetivo fue atender la primera infancia. “Todas áreas de sensibilidad social”, aseguró un ministro en diálogo con El País.

Pero también hubo espacio para algunas intervenciones. A la de Heber se agregaron la de los ministros Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social), José Luis Falero (Transporte y Obras Públicas), Javier García (Defensa Nacional), Arbeleche y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Cada uno se refirió a temas vinculados a su cartera, pero en todos los casos hubo mensajes optimistas respecto a lo logrado por esta administración.

Así, por ejemplo, Falero celebró la alta ejecución de obra pública en este período, Mieres la “importancia que tendrá la ronda salarial que está por comenzar con la recuperación del poder adquisitivo del salario”, y Delgado la particular relevancia de esta Rendición de Cuentas como oportunidad clave para la gestión.

Arbeleche, en tanto, hizo una breve exposición en la que, entre otros puntos, destacó el aumento del gasto público de este gobierno en comparación al último del Frente Amplio.

Allí, según supo El País, la ministra presentó una gráfica que mostró el gasto público del último año de la presidencia de Tabaré Vázquez, los ejecutados hasta el momento y los previstos para 2023 y 2024.

En 2019 indicó se ejecutaron US$ 10.001 millones, inferior a los US$ 10.631 millones de 2020, los US$ 11.147 millones de 2021 y los US$ 10.681 millones de 2022, aunque en los tres casos incorpora los recursos del Fondo Covid que se conformó con impuestos a algunos funcionarios del Estado, y que en 2020 fue de US$ 1.095 millones, en 2021 US$ 1.257 millones y en 2022 US$ 328.

Para 2023, de acuerdo a la gráfica de la ministra, el gasto ascenderá a US$ 10.778 y en 2024 a US$ 10.482, en ambos casos contando la resignación del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).

En la breve rueda de prensa que dio Heber tras el encuentro, y que ofició así como vocero del gobierno, destacó justamente esto: lo “mucho” que viene “gastando” el Estado. “Estamos en varios billones más que en el 2019, (que es) el punto de partida, aun cuando bajó la plata que habíamos destinado para el Fondo Covid”, dijo y siguió: “Seguimos gastando a niveles muy por encima del 2019”.

Sobre la recuperación salarial de los públicos, Heber confió en que se llegará a lo comprometido con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y que eso permitirá “generar credibilidad al gobierno”. “La buena administración (...) lleva a que podamos cumplir con la meta de recuperación por arriba de los niveles de 2019”, concluyó.