El servicio de emergencia 911 recibe cientos de miles de llamadas que no corresponden, algo que se trata de frenar con la aplicación de multas o el bloqueo de números telefónicos. Pero desde que se empezó a utilizar la sanción económica, que llegó con la Ley de Urgente Consideración de 2020, la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) la aplicó en 31 oportunidades en el universo de 2.412 trámites que envió el Ministerio del Interior.

El sistema funciona así: el Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior detecta llamadas que no son emergencias reales de un mismo número -principalmente cuando son residuales y de bromas y/o insultos-, y advierte al usuario del mal uso que hace del sistema. Hay todo un protocolo que se lleva adelante, que puede incluir el bloqueo del número telefónico. Pero, además, se le informa a la Ursec sobre las posibles aplicaciones de multas, aunque es la unidad quien resuelve si se aplican.

De los 2.412 trámites que envió el Ministerio del Interior por llamadas maliciosas al servicio de emergencia 911 desde 2021 (cuando se empezó a implementar), el 71% -1.705 trámites- aún continúa bajo análisis. También se archivaron 353 trámites, y se formaron 354 expedientes (de los cuales 110 se hicieron en 2022, 185 en 2023 y 59 hasta mayo de 2024).

La cantidad de llamadas maliciosas es una preocupación en el Ministerio del Interior. En 2023, se recibieron un total de 1.670.168 al servicio de emergencia 911, de las que 868.926 no eran una emergencia (es decir, el 52%) y 801.242 sí lo eran (el 48%). Solo durante ese año desde la cartera de seguridad se advirtió a 17.248 números por el mal uso del servicio y se bloquearon a 4.448. A los usuarios primero les llega el mensaje de advertencia, en el que se le brinda el contacto del área de calidad del Centro Comando Unificado para que pueda dar sus explicaciones. Y este descargo después se podrá tomar en cuenta para decidir si se lo bloquea.

La situación en la Ursec, indicaron fuentes de la unidad a El País, se da por varios motivos. Por un lado, señalaron que “a veces se demora” en el procesamiento de los trámites del Ministerio del Interior porque “faltan datos que dificultan avanzar”. Información que puede ser, por ejemplo, el titular del servicio telefónico o su domicilio. Pero también apuntaron que la unidad agregó “muchas competencias nuevas”, lo que implica “nuevos desafíos”, como son la portabilidad numérica, el registro No Llame, y el control de publicidad oficial y electoral.

A esto se le suma que se jubiló personal y, si bien sumaron más personas, “siempre hay una curva de aprendizaje”, señalaron, y reconocieron: “Obviamente que si tenés más personas capaz que te facilita ir más rápido con el análisis de cada caso”. El equipo de trabajo aún “tiene que aceitar los procedimientos y hay que coordinar (en algunos casos) con otras instituciones u organizaciones, y todo eso hace que lleve más trámites y más tiempo”, añadieron a El País.

Por su parte, la presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía, destacó a El País que “lo principal es educar y sensibilizar para que la población haga un buen uso del 911”, de modo que el servicio de emergencia “pueda trabajar mejor”. En ese sentido, apuntó que “el fin no es sancionar, sino que la población sea consciente y tome cuidado sobre el uso” de esta herramienta, al tiempo de que se debe “cumplir con lo que dice la ley”.

Foto Archivo El País.

¿Qué toma en cuenta la Ursec para decidir aplicar (o no) multas? La unidad explicó -en una respuesta a un pedido de acceso de información pública- que no hay un “criterio puramente objetivo”, sino que en el procedimiento para “determinar la sanción” se “confiere vista a la parte denunciada, oyendo sus descargos y defensas”.

Entonces, continuó la unidad, “si de la evacuación de la vista otorgada surgen elementos de juicios que permitan exonerar de responsabilidad a la persona denunciada, no se impondrá sanción y se sugerirá su archivo”. No obstante, aclaró que, “de no evacuarse vista se dan por ciertos los hechos de la denuncia y se impone sanción”. Aunque la sanción puede ir de 10 UR ($ 17.247 a la fecha) a 100 UR ($ 172.469), hasta ahora solo se aplicó la opción mínima en todos los casos.

Por lo tanto, las 31 sanciones que aplicó la Ursec dejaron $ 534.657 desde que se comenzó a aplicar en 2021.

En la LUC se dispuso que este dinero vaya a un fondo de inversiones para mejorar el servicio de emergencia.

Uno de los casos que destaca entre las resoluciones que están colgadas en la web de la Ursec es una empresa desde la que se hicieron 57 llamadas irregulares en febrero de 2022 y no se presentó “ningún elemento que explique el porqué” de este accionar.