Para combatir los delitos, la instalación de cámaras de videovigilancia se ha transformado, con el tiempo y el vertiginoso avance de la tecnología, en un eje crucial en la política criminal de cualquier gobierno, porque permite reunir elementos precisos para atrapar a los delincuentes y luego, en la etapa de la investigación, evidencias que sostienen las acusaciones que se hacen en la Justicia.

El Ministerio del Interior, que conduce Luis Alberto Heber desde mayo de 2021 -tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga- ha buscado apostar por esta tecnología desde hace meses, aunque en realidad es la continuación de un camino iniciado en los gobiernos del Frente Amplio. A fines del año pasado, la cúpula de la cartera de seguridad anunció la instalación de unas 500 cámaras en la Ruta Interbalnearia y otras vías nacionales de forma tal de generar un “corredor” de seguridad -que pueda evitar la fuga de delincuentes requeridos-, además de unas 2.000 en barrios periféricos de Montevideo, siempre con el fin de esclarecer delitos -especialmente los asesinatos, que campean en esta zona y tienen una aclaración histórica del 50%-, contribuir a la captura de sospechosos y disuadir en general a la delincuencia. Es en el marco de esta línea de acción que la cartera de seguridad resolvió en los últimos días dar una función estratégica de seguridad a los cinco radares móviles que hasta hace pocos días estaban ubicados en distintos puntos de las rutas con la finalidad de fiscalizar el tránsito y multar en caso de detectar infracciones viales.

Estos radares anaranjados, que estaban siendo operados por la Policía Caminera desde diciembre del año pasado, ahora tendrán entonces una nueva función y serán relocalizados, puesto que el Ministerio de Transporte instaló unos 100 nuevos radares para controlar la velocidad, y estos del Ministerio del Interior habían incluso generado “cierta molestia, y con razón, porque muchas veces la señalización no era adecuada”, como dijo el ministro José Luis Falero días atrás.

Lo que harán estos equipos -que recibirán en el mediano plazo el refuerzo de otros cinco, adquiridos a través de la ampliación de una licitación ya prevista- será participar de “estrategias de prevención y represión de delitos que involucren vehículos”, señalaron a El País fuentes ministeriales.

Para ello, contarán con la instalación de un software específico, “con analíticas y algoritmos de datos que permitirán obtener información en tiempo real y también información forense”, y durante algunas semanas las autoridades estarán haciendo las “pruebas piloto” de esta nueva funcionalidad.

Los radares, indicaron las fuentes, estarán distribuidos en los más variados puntos del territorio, e incluso se los verá dentro de las ciudades.

Como su nombre lo indica, irán rotando de sitio, pero además en algunos casos serán incorporados sobre móviles policiales, que se dedicarán a patrullar las calles, avenidas o rutas con la finalidad de “recabar” toda la información que dé cuenta de eventuales situaciones delictivas que puedan producir “alertas” en el sistema.

“No estarán más abocados a multar ni a fiscalizar infracciones de tránsito, sino que estarán destinados al combate policial contra el delito”, se insistió desde Interior.

¿De qué manera lo harán? La nueva funcionalidad será “netamente policial”, ya que “brindarán información, alertas y detección temprana” de situaciones sospechosas, siempre referidas a los vehículos -tanto automóviles como motos- que estén en circulación y sean captados por estas cámaras.

Se enfocarán, por ejemplo, en la detección de vehículos denunciados como robados o requeridos, o cuando estos estén circulando sin la matrícula o con una que no les corresponde.

También se encenderán las alarmas del sistema cuando los equipos identifiquen autos o motos “clonados” -una práctica común en el crimen organizado que consiste, en resumen, en adulterar el número del chasis y el del motor en autos que hayan sido robados- o cuando se perciba que los conductores se desplazan a “contramano”.

La puesta en marcha de radares ha sido uno de los temas que centraron la agenda pública en estos días. Sobre todo el anuncio del ministro de Transporte, José Luis Falero, de la instalación de 100 de estos dispositivos en las rutas nacionales, lo cual ha generado molestia por parte de dirigentes del oficialismo. Consultado al respecto, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró en rueda de prensa este viernes que se “aumentaron las velocidades mínimas en algunas radares”, pero que también se han “unificado los criterios” a la hora de señalizar los nuevos límites máximos de velocidad.

“Después el planteo es de rever algunos radares. Porque si se están haciendo nuevas rutas, se puede transitar mejor y los vehículos son mejores, no significa que hay que bajarle la pata y andar a la velocidad que uno quiera, pero (sí) ser tolerantes en el buen sentido de la palabra”, dijo en relación a las nuevas señalizaciones.