Un problema inesperado para Vázquez

Sostiene que la figura ampara a perseguidos políticos y no acusados de delitos comunes.

El paso de las horas hizo que el pedido de asilo del expresidente peruano Alan García en la residencia del embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros, comenzara a sumar cuestionamientos de la oposición que entiende que no correspondería concedérselo al político porque es investigado por corrupción y no perseguido por sus opiniones.

Al gobierno del presidente Tabaré Vázquez le apareció un problema inesperado y la decisión que tome dependerá en buena medida de la información sobre los motivos por los que García es investigado que Perú le enviará. El presidente incaico, Martín Vizcarra, le dijo a su colega uruguayo Tabaré Vázquez que eso ocurrirá hoy mismo.

Un asunto extranjero amenaza transformarse en un motivo de controversia política doméstica en el umbral del año electoral como consecuencia de otra vuelta de tuerca en la novelesca vida de García. El expresidente es acusado de corrupción y un fiscal había dispuesto que no podía salir de Perú por 18 meses. García, dos veces presidente de su país, ya estuvo asilado en otra oportunidad en la embajada de Colombia en Perú y últimamente había estado viviendo en España. Ahora se encuentra en la residencia del embajador Barros, un funcionario de carrera de larga trayectoria, ubicada en el exclusivo sector limeño de San Isidro.

Todo lo vinculado al asilo en América del Sur está regulado por la Convención de Caracas que varios países de la Organización de Estados Americanos (como Perú y Uruguay) firmaron en la capital venezolana en 1954. La firma fue en parte necesaria luego del asilo en la embajada colombiana en Lima de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Apra, el histórico partido socialdemócrata peruano a quien García tiene como referente. Haya de la Torre estuvo entre 1950 y 1954 en la embajada. En una América Latina con frecuentes golpes de Estado varios países americanos consideraron entonces necesario regular el instituto del asilo.

El senador blanco Javier García opinó en Twitter. "Asilo: es una figura para impedir persecución política, no para delitos comunes ni corrupción, Perú es un país hermano, democrático, con instituciones libres y plenas".

En una línea similar se manifestaron el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres y el precandidato presidencial colorado, Ernesto Talvi. "Darle curso al pedido de asilo es una cosa y otorgarlo otra. La Convención de Caracas establece con claridad cuándo corresponde el asilo y este no parece ser el caso. En principio no se trata de un perseguido. No corresponde desconocer a un gobierno democrático. Sería un grave error", advirtió.

El diputado colorado y exvicecanciller Ope Pasquet señaló que conceder el asilo podría llevar a que se interpretase que Uruguay tiene dudas respecto al sistema democrático peruano. Y agregó que negar el asilo tampoco supondría que Uruguay entiende que García es culpable de lo que se lo acusa. "A primera vista no es un delito político que se le imputa", dijo Pasquet. A su juicio, además, García ya no era una figura de relevancia política en Perú por lo que no se justificaba una eventual persecución por motivos políticos de parte de la administración de Vizcarra. El mandatario peruano niega cualquier persecución.

El excanciller blanco Sergio Abreu reconoció que se trata de un problema importante para el gobierno uruguayo, que difícilmente pueda encontrar un desenlace que le resulte satisfactorio y consideró que un eventual asilo debería decidirse no en función de "una tradición de asilo" sino del Derecho. Que Uruguay haya abierto la residencia de su embajador no equivale exactamente a un asilo sino más bien a una medida de emergencia, valoró.

En la izquierda, que hace tres décadas vio con simpatía la llegada al poder de un joven García que tenía un discurso antimperialista, no hubo ningún clamor pidiendo el asilo para el político peruano. El diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo a el País "hay que ver los antecedentes" y que el artículo III de la convención de Caracas es claro en cuanto a que el asilo no está pensado para amparar delitos comunes. "Las autoridades evaluarán si corresponde o no", señaló. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, dijo que Uruguay responderá a Perú en un plazo "prudencial".

No hubo muchos dirigentes frentistas que escribieran en redes sociales sobre el tema. El diputado Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular, escribió que "comparto la decisión del gobierno uruguayo sobre la solicitud de asilo del expresidente de Perú, Alan García, siguiendo el procedimiento de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954". "Uruguay históricamente ha sido un país de asilo", agregó.

La visión de Didier Opertti

El exministro de Relaciones Exteriores colorado y jurista Didier Opertti consideró que Uruguay no tenía otra opción que recibir a García, que de no hacerlo hubiese sido objeto de duras críticas, y que la evaluación del delito por el cual se investiga a alguien "no se puede hacer de manera instantánea". "El tema es si hay una persecución política y eso se determinará cuando se reciba la información. La tendencia es a proteger aún en los casos difíciles. Uruguay debe verificar si García tiene acceso a la Justicia, al debido proceso y si se atiende su derecho a la defensa. No podemos caer en una evaluación política. Son muy importantes las normas. Hablamos de una situación regida por el derecho internacional. No hay ausencia de normas. El que aprecia si es urgente el caso es el estado asilante", consideró Opertti. El excanciller colorado enfatiza que hasta el momento el Estado uruguayo (y enfatiza en que se trata de un asunto de Estado) ha actuado correctamente.

21 de diciembre 2016. Marcelo Odebrecht confiesa que su empresa pagó US$ 29 millones en sobornos a altos funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala.

29 diciembre 2016. El fiscal superior Marcos Villalta reabre una investigación a García por un presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

20 de enero de 2017. Edwin Luyo, expresidente del comité de licitación de la Línea 1 del Metro, obra adjudicada a Odebrecht en 2009 por US$ 410 millones, se convierte en el primer detenido por este caso.

30 de enero 2017. Jorge Cuba, viceministro de Transportes en el Gobierno de García, se convierte en el segundo detenido.

10 de junio de 2018. El fiscal José Domingo Pérez abre una investigación contra García por tráfico de influencias y presuntos aportes de Odebrecht a su campaña presidencial en 2006 y por corrupción en la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.

28 de junio de 2018. La defensa de García interpone una denuncia penal contra Domingo Pérez por prevaricato porque supuestamente utilizó material de la fiscalía brasileña sin solicitar autorización previa.

15 de noviembre de 2018. García, quien reside en España, llega a Perú para ser interrogado por Domingo Pérez por el caso de financiamiento irregular de sus campañas. El interrogatorio se suspende.

17 de noviembre de 2018. El fiscal Pérez solicita el impedimento de salida por 18 meses contra García. Es amparado por el juez.

18 de noviembre 2018. Alan García se refugia en la residencia del embajador de Uruguay en Lima para pedir asilo. Dice que es un "perseguido político". EFE