Redacción El País
La Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) se sumó en las últimas horas a la larga lista de críticas al proyecto de ley que, promovido por Cabildo Abierto, plantea una fórmula para la reestructura de las deudas de las personas físicas.

Como sucedió con otras entidades, la base de los cuestionamientos pasa por el impacto que tendría esa eventual ley en la seguridad jurídica en el Uruguay. "Nuestro país se destaca en el contexto mundial por la fortaleza de sus instituciones", dijo una de las representantes de la asociación, Bárbara Mainzer.

"Las empresas no vienen a Uruguay por nuestro mercado interno", apuntó este martes ante la Comisión de Constitución del Senado, que viene analizando el tema. "Lo hacen por la estabilidad de las reglas de juego, porque saben que hace más de veinte años -sin importar quién esté en la Presidencia- la política económica no hace desmadres". Y la política de endeudamiento, agregó, es una de tantas políticas de Estado. "Es un activo tremendamente preciado que nos costó muchísimo construir y que debemos cuidar como un tesoro", advirtió. "Una cosa es cambiar las reglas de juego para adelante, y otra hacerlo para atrás".

Mainzer aludió a experiencias similares a nivel internacional que, sostuvo, no tuvieron buenos resultados. Allí aludió a una ley de "borrón y cuenta nueva" aprobada en Chile en 2012, por la que se sacó de las listas deudores a muchas personas. Cinco años después, señaló, la lista tenía la misma cantidad de gente registrada como deudora. En Paraguay, siguió, en 2015 se topearon las tasas de interés de las tarjetas de crédito. El resultado: decenas de miles de cuentas se cancelaron y esas personas pasaron al mercado informal.

También citó ejemplos a nivel local, como lo sucedido luego de la crisis de 1982. Según contó, se votaron varias leyes de suspensión de ejecuciones y refinanciaciones forzosas, que derivaron en una retracción del crédito y de la inversión. Mainzer apeló a una frase del expresidente del Banco Central, Ricardo Pascale, en su libro "Economía y Confianza": "Debo señalar que operar sobre los derechos de propiedad deja, en cualquier caso, secuelas negativas sobre la confianza, en particular la confianza sistémica".

Entre los aspectos puntuales, la Asociación de Bancos Privados cuestionó el concepto de "deuda justa", que Cabildo Abierto introduce en el artículo 15 del proyecto y que implica que la tasa de refinanciación de las deudas no podrá ser mayor a 2% del monto total en unidades indexadas. "Es menor a lo que paga la deuda uruguaya" sostuvo Mainzer, que sostuvo que una tasa tan baja será un "incentivo claro a no pagar".

También cuestionó el artículo 23, que establece que las tasas máximas no podrán superar el equivalente a cuatro veces las letras de regulación monetaria emitidas por el Banco Central, que hoy son del 11%. Mainzer aventuró el resultado: "desaparecerá por completo el mercado del crédito al consumo", dijo.

"No por eso la gente va a dejar de precisar dinero, pero lo que va a pasar es que va a acudir al sector informal, que tiene otras reglas", agregó. "Y eso es lo que no queremos". El impacto, señaló, se sentirá sobre todo en los sectores más vulnerables, los jóvenes, los trabajadores independientes y personas sin historial crediticio.

Otro impacto, sostuvo, será el encarecimiento de los trámites administrativos y el enlentecimiento de los procedimientos para, precisamente, reestructuras las deudas. "Podemos llegar a tener a 600 mil personas yendo a Defensa del Consumidor tratando de reestructurar", planteó. "Parecería difícil que allí o en los juzgados puedan atender ese volumen de forma razonable", expresó.

Mainzer se detuvo en las señales de esta eventual ley. "Yo debo tener los incentivos adecuados y ser cuidadosa en cuanto a que los incentivos no sean a no ser un buen pagador", dijo. "Yo tengo que incentivar a los buenos pagadores, debo intentar eso". También habló de la incertidumbre en que caerán los prestadores de crédito en cuanto que las "reglas de juego" no vuelvan a cambiar en el futuro.

ABPU advirtió a su vez sobre el riesgo de creación de "subsidios cruzados" en donde los buenos pagadores terminen financiando en sus préstamos el tope en las tasas.

Ante los legisladores, Mainzer sostuvo que los niveles de sobreendeudamiento en Uruguay no parecer ser generalizados. Allí citó datos del Banco Mundial, correspondientes a 2021, que indican que el crédito privado en Uruguay representaba el 27% del PBI. Un nivel menor a casi todos los países de Amércia Latina, y mucho menor al de Estados Unidos o la Unión Europea y que, a nivel global, es del 145%.

"Claramente, el problema es a nivel individual", sostuvo la representante de ABPU. "Es un problema, pero las cifras no indicarían un problema a nivel macro". Según sostuvo, el endeudamiento total a nivel familiar es de unos US$ 9.700 millones. De ese total, US$ 6.300 millones corresponden a créditos al consumo de los que, a su vez, US$ 4.400 millones son por préstamos otorgados por bancos. En términos generales, los créditos al consumo en Uruguay representan el 9% del PBI.

Según las cifras de ABPU, el nivel de morosidad en este tipo de créditos es de 5%. Por lo tanto, sostuvo Mainzer, tampoco aquí a un nivel problemático. El principal problema, dijo, están en las compañías de crédito al consumo. Allí la morosidad promedio es de 20%, y en algunos casos supera el 50%.

Según cifras de la asociación en Uruguay funcionan hoy 11 bancos, dos de ellos públicos. Hay más de 40 entidades financieras no bancarias, una empresa administradora de grupos de ahorro previo, una cooperativa de intermediación financiera, 28 administradoras y otras entidades otorgantes de crédito. También deben contarse los créditos que extienden comercios y empresas de servicios, junto a los prestamistas que están por fuera del sistema y que resultan ser "los más problemáticos".

El año pasado, según cifras de la propia asociación, los bancos privados en Uruguay ganaron US$ 240 millones. Una cifra que representa el 1% de sus activos y poco más del 13% de su patrimonio.