SEGURIDAD SOCIAL

Antes de irse al exterior el lunes pasado para tomarse una breve licencia, el presidente Luis Lacalle Pou dejó todo establecido para que, a su reintegro -este mismo lunes-, la primera actividad fuera una reunión para empezar a definir un asunto que es considerado como de máxima prioridad para su gestión: la reforma de la seguridad social.

La reunión es clave porque en ella ya se empezarán a definir cuáles, de todos los planteos realizados por los partidos socios de la coalición de gobierno, son de viable aplicación y cuáles deberán ser -en todo caso- discutidos en la etapa parlamentaria.

A la reunión de hoy asistirán Rodolfo Saldain, el principal redactor del articulado del gobierno -que, en lo medular, plantea subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años-; los ministros Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas) y Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social), además del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

La instancia, fijada para las 11:30 en la Torre Ejecutiva, no se prevé necesariamente definitoria, pues probablemente el encuentro no alcance para definir todos los ajustes que el Ejecutivo hará al texto antes de enviarlo al Senado.

“Seguramente hagan falta más reuniones”, señalaron a El País fuentes del gobierno, que admiten que será difícil que se cumpla con el cronograma tentativo que se había trazado Lacalle: que la iniciativa ingrese a la cámara alta sobre fines de esta semana, para que los senadores tengan todo dispuesto para comenzar en octubre el debate parlamentario y lograr que el Parlamento apruebe la ley antes de que termine este año.

Por lo pronto, lo que en el gobierno tienen claro es que hoy empezará a “definirse” y afinarse las “incorporaciones” que sumará el anteproyecto.

Porque está claro que las habrá. Esa fue, desde un primer momento, la intención de Lacalle. O sea, hacer partícipe a todo el sistema político -incluyendo al Frente Amplio, quien ha decidido no formular propuestas hasta tanto el oficialismo tenga una definida como bloque-, en el entendido de que se trata de una ley para las futuras generaciones y que afectará a los próximos gobiernos.

Y justamente por eso -porque el objetivo es apuntar a la sostenibilidad del sistema a largo plazo, algo hoy en riesgo - es que, a priori, hay algunos planteos partidarios más complejos que otros. “Los temas que suponen impacto financiero son más complejos que los que buscan cambios conceptuales”, razonaron a El País fuentes del Ejecutivo.

Para poner un ejemplo, no es lo mismo la propuesta -en este caso, de los colorados - que plantea cambios al funcionamiento de la Agencia Reguladora de la Seguridad Social, que el ajuste que pide Cabildo Abierto para las generaciones afectadas: es decir, que en lugar de que la reforma comience a regir para los nacidos en 1967 -quienes ya se jubilarían con 61 años - y se agregue gradualmente un año la edad de retiro hasta llegar a los nacidos en 1971, todo el proceso de transición se inicie recién con los nacidos en 1974. Esto último, de hecho, es ya considerado de “difícil” aplicación, aseguraron las fuentes.

Sin embargo, no por ello todos los ajustes propuestos que tienen que ver con lo financiero serán descartados ni mucho menos. Hay, de hecho, iniciativas como la también colorada que propone una fórmula de aportes por la cual las jubilaciones medias no pierdan capacidad adquisitiva en relación a la que tienen hoy, son en cambio evaluados por estas horas como “viables”.

“Lo central es evaluar hasta qué punto las propuestas de cambio afectan o no la sosteniblidad”, dijo en ese sentido un integrante del gobierno

Pero todo esto, de algún modo, más allá del análisis técnico que han hecho durante estas semanas Saldain y su equipo, en conjunto con los ministros de Trabajo y Economía, estará supeditado a la determinación que adopte el mandatario.

Por lo demás, en la coalición de gobierno saben que, una vez que el Parlamento apruebe la Rendición de Cuentas, se abrirá un capítulo de “dura” discusión con la oposición, pero también intensa en general, porque ya se asume que será imposible contemplar todos los aportes que hicieron los socios del oficialismo.

“Posiblemente, cuando llegue el proyecto al Parlamento, no estén todos los puntos (que pedimos)”, se sinceró el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, en entrevista con El País este domingo. “Entendemos que se incluyan más o menos, pero no que no venga ninguno, Y, si no viene ninguno, después viene un debate parlamentario en el que, obviamente, vamos a insistir en las propuestas”, agregó.

En el Frente Amplio, mientras tanto, ya hay sectores -como el PCU y el Partido Socialista- que se manifestaron claramente en contra de lo central de la iniciativa del gobierno.