Redacción El País
El Poder Ejecutivo decretó el cobro de US$ 2,10 más IVA a los pasajeros que ingresen y/o salgan del país por vía marítima o fluvial para financiar un nuevo sistema de control migratorio. El decreto fue firmado el 31 de enero por el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros de Interior, Economía y Finanzas, y Transporte y Obras Públicas. El ministro de Turismo, Tabaré Viera, había expresado su discrepancia a la aprobación del denominado “Precio por Servicio de Seguridad”. A su vez, la empresa Buquebus presentó una demanda de nulidad contra el llamado a licitación y cuestionó la adjudicación, al igual que el Frente Amplio.

“Las empresas de transporte marítimo o fluvial internacional de pasajeros que operen en cualquiera de los puertos de la república serán las encargadas de obrar el Precio por Servicio de Seguridad a cada uno de sus pasajeros, en conjunto con la emisión del pasaje correspondiente, y serán agentes de retención de los importes respectivos”, establece el segundo artículo del decreto, que agrega que “en caso de los pasajeros de cruceros que ingresen y/o salgan del país, la obligación de cobro y retención del Precio por Servicio de Seguridad estará a cargo de la agencia marítima a la que esté consignado el buque crucero respectivo”.

Luego, detalla el procedimiento por el que las compañías transferirán los montos a Veridos México Sociedad Anónima de Capital Variable, la empresa adjudicataria de la licitación internacional para una “solución llave en mano para la instalación y monitoreo de un sistema de control fronterizo” por 10 años.

Fuentes del Ministerio del Interior informaron a El País que la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay (Sigmu), que estará presente en los 43 puntos fronterizos del país, y el correspondiente cobro del precio a los pasajeros depende de los tiempos que lleve su implementación. El decreto da un plazo máximo de un año para que se ejecute. “Las obligaciones y procedimientos establecidos en el presente decreto, comenzarán a regir una vez que el sistema de control fronterizo se encuentre en funcionamiento”, dice el artículo 8 de la norma firmada en enero, y agrega que “sin perjuicio de ello, cumplidos 90 días desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, todos los pasajes que se emitan por parte de las agencias marítimas y/o fluviales -directamente o por una empresa de cruceros consignada- para viajes a efectivizarse a partir de los nueve meses contados desde la referida fecha, deberán incluir el Precio por Servicios de Seguridad”.

El Poder Ejecutivo recibió una propuesta de una empresa privada en 2018 para instalar y monitorear un nuevo sistema de control migratorio; desde entonces, el tema ha generado controversias. En el tercer proceso licitatorio, Lacalle y el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, adjudicaron a Veridos México el servicio el 5 de setiembre de 2023, a pesar de que el Tribunal de Cuentas de la República observara el gasto en dos oportunidades.

Los cuestionamientos también llegaron desde el gabinete. “A veces no es la cantidad (de lo que se cobre), sino el mensaje. Discrepamos. Así que vamos a dedicarle un tiempo para conversarlo con nuestros amigos del gobierno”, dijo Viera a El Observador en octubre del año pasado, luego de que El País informara sobre la reiteración del gasto por parte del Ejecutivo. Sin embargo, su intento por frenar esta innovación no prosperó.

Además de los cuestionamientos de la oposición y los recursos y la demanda presentada por Buquebus, la Asociación Turística de Colonia lamentó la medida. “Impacta de forma negativa” en el turismo del departamento de Colonia, por ser el destino “que recibe estadías más cortas, con un fuerte porcentaje de visitas por el día”, expresó esta semana la gremial en un comunicado dirigido a Lacalle Pou, como consignó La Diaria.

A pesar de las críticas y los reparos administrativos, el gobierno ha decidido seguir adelante.

Foto: Archivo El País