PODER EJECUTIVO

Un decreto firmado por el entonces presidente Tabaré Vázquez, de mayo de 2019, estableció que en los casos en que se interpusiera un recurso jerárquico contra un acto administrativo de los órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo, antes de tomar una resolución se debería “recabar dictamen del Fiscal de Gobierno de Turno, quien dispondrá de un plazo de veinte días” para expedirse. Este plazo se podría extender por diez días más en caso de ser necesario.

“Se estima conveniente disponer que previo a resolver el recurso jerárquico contra resoluciones dictadas por órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo se recabe preceptivamente dictamen del Fiscal de Gobierno de Turno”, se argumentaba en este decreto.

Ahora, el presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto que deja sin efecto este de Vázquez, por el cual ya no será necesario que los recursos de este tipo sean enviados a la Fiscalía de Gobierno previo a que se tome una resolución acerca de ellos.

"El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, firmó un decreto por el cual no será preceptivo que los recursos administrativos sean enviados a la Fiscalía de Gobierno antes de tomar una resolución. Esto deja sin efecto una normativa de la pasada administración que lo volvía obligatorio", informó esta tarde el portal de Presidencia de la República. El decreto todavía no fue publicado en el sitio oficial. 

Miguel Ángel Toma -secretario de la Presidencia cuando Vázquez firmó ese decreto de mayo del año pasado- actualmente se desempeña como fiscal de Gobierno. La figura de Toma quedó rodeada de polémica cuando la semana pasada se divulgaron algunos detalles de ciertas misiones oficiales que el jerarca había realizado al exterior, que provocaron que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) iniciara una investigación que las autoridades del momento decidieron archivar a comienzos de este año. 

Luego de conocidos estos viajes, el presidente Lacalle Pou ordenó una investigación administrativa que dilucide si se incurrió en alguna irregularidad. 

Al decreto de mayo de 2019 le antecedió otro de 2016 que establecía que  "se estima conveniente disponer que previo a que el Poder Ejecutivo resuelva el recurso de anulación (...) se oirá preceptivamente al Fiscal de Gobierno de Turno". 

El abogado especializado en derecho administrativo Miguel Pezzutti dijo consultado por El Observador en mayo de 2019 que estos dos decretos -el del año pasado y el de 2016- suponían “un incremento en los poderes jurídicos de la Fiscalía de Gobierno”, dado que “si bien sus dictámenes no obligan al Poder Ejecutivo”, implican “conocer y controlar aspectos de la gestión que antes no estaban incluidos en su competencia, aumentando de este modo el control que la Presidencia de la República puede tener sobre la gestión" de los diferentes órganos desconcentrados.