EN ANÁLISIS

Hay dos temas relacionados con la violencia en el deporte sobre los que el gobierno tiene una postura clara. La primera de ellas, y en esto hay un rotundo convencimiento del presidente Luis Lacalle Pou -según aseguraron a El País allegados al mandatario-, es que no habrá marcha atrás con que los clásicos que se jueguen en los estadios de Peñarol y Nacional se jueguen con público visitante, a pesar de los incidentes varios registrados el domingo pasado en el Gran Parque Central.

Se mantendrá, así, la decisión adoptada en mayo de 2019, cuando por primera vez se jugó un partido entre Peñarol y Nacional en el recinto de uno de ellos y con parcialidades de ambos clubes -en aquella ocasión fue en el Campeón del Siglo-, aunque hayan surgido cuestionamientos en las últimas horas por el operativo de seguridad montado en el partido del domingo.

Uno de los críticos en este sentido fue el fiscal de Flagrancia Fernando Romano -a cargo de la investigación de los mismos incidentes-, que aseguró en diálogo con Subrayado que le parecía “preocupante” que los controles al ingreso del estadio no hayan podido evitar el “inflable” que simulaba una gallina con los colores de Nacional en la tribuna de Peñarol, además de “banderas alusivas a algún hincha de Nacional fallecido”. Por eso para Romano las opciones que deberían manejar las autoridades deberían ser dos: que los clásicos se jueguen “sin parcialidad rival” y que lo hagan en el Estado Centenario.

Si bien esto no sucederá, en parte porque en el Ministerio del Interior hay confianza en el resultado del operativo de seguridad que se desplegó -por el cual hubo media docena de detenidos-, sí hay en el gobierno preocupación por el hecho de que en el partido del domingo se registraran hinchas que hasta hace poco estaban incluidos en la famosa “lista negra” de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por lo que tenían impedido el ingreso a cualquier espectáculo deportivo.

Pudieron entrar porque, sencillamente, ya cumplieron con el plazo de castigo.

Y este es, de hecho, el segundo tema en el que el Ejecutivo ya tiene una postura asumida: las sanciones impuestas a las personas que son detectadas participando en incidentes en los partidos deberían ser más duras.

“Muchas veces les dan solamente unos meses, cuando debería ser más tiempo”, se limitó a comentar un integrante del gobierno.

Es que, en efecto, el castigo por integrar la lista de inhabilitados de la AUF -que hoy tiene en el entorno de 1.200 personas, y se espera que crezca en los próximos días- no es por tiempo indeterminado, como empezó siendo a fines de 2016, tras el famoso clásico conocido como el “de la garrafa”, en noviembre de ese año, luego del cual comenzó a implementarse el sistema.

Tras un decreto reglamentario de enero del año pasado, se estableció con precisión las causales y la progresividad de la gravedad de las conductas que entran en el espectro sancionable, y esto no solo empezó a aplicarse a los nuevos infractores, sino también a aquellos que habían sido sancionados cuando todavía no había plazos y se entendía, por ende, que la pena era atemporal.

Pero ahora hay límites: hay un mínimo de seis meses y una restricción máxima de 15 años y, al momento, no hay ninguna iniciativa que plantee la revisión de este reglamento, según aseguró a El País el vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi. Esto tampoco quita, sin embargo, que no haya también preocupación en la federación por el hecho de que desde hace aproximadamente “un mes” empezaron a salir “varios de la lista que habían ingresado cuando se dieron los problemas iniciales”, en referencia a los incidentes de 2016.

Y hay algo más, siguió Tealdi, y es que muchos de los que ahora están por fuera de la planilla “son referentes de las barras y al haber estado tanto tiempo afuera ahora quieren retomar el control desde adentro”.

Pese a todo, el número 2 de la AUF entiende que el organismo seguirá siendo “enfático y categórico” a la hora de aplicar el reglamento, y se remitió al trabajo que hace en ese sentido la comisión que analiza los involucrados en incidentes que son captados por las cámaras de reconocimiento facial presentes en todos los estadios, y gestionadas por personal del Ministerio del Interior y de la propia AUF.

Ese ámbito está integrado por el penalista y exfiscal Enrique Moller, el exjuez Rolando Vomero y el también abogado penalista Enrique Erramuspe. Entre los tres reciben notificaciones tanto del Poder Judicial, del Ministerio del Interior, así como por la propia federación deportiva, y deciden la sanción.

Según contó Moller a El País, este tribunal suele poner penas de hasta tres años. “La casuística es muy rica -dijo el penalista-: hay gente que sancionamos por treparse al alambrado, por intentar entrar con marihuana o con bebidas alcohólicas, o por ingresar al campo de juego”.