CONTIENEN GASTO Y SUBEN TARIFAS

Lo anunció en su lanzamiento de campaña y ayer lo cumplió. El presidente Luis Lacalle Pou informó que inicia su plan de ajuste, recortando, topeando y reduciendo gastos para bajar el déficit fiscal, tal como había adelantado El País.

Lo que sí no había anunciado en campaña, y ayer también lo informó, fue una suba del IVA para las compras con tarjeta de débito -en vez de devolver al consumidor cuatro puntos, ahora serán dos- y en los gastos con tarjetas de crédito en restaurantes, donde se devolvían nueve puntos de IVA y ahora serán cinco. También comunicó, como se esperaba, el aumento de las tarifas públicas que subirán desde el 1° de abril, excepto los combustibles.

El presidente responsabilizó al gobierno saliente del Frente Amplio porque insistió que si hubiesen sido coherentes con su actuación de los últimos gobiernos debían haber ajustado las tarifas a fin de año, como ocurrió entre 2015 y 2018.

Una fuente del gobierno dijo anoche a El País que en el caso del ahorro del gasto en la administración central, se establece un “tope” sobre lo gastado el año previo. Se indicó que podrá gastar en funcionamiento e inversiones (se excluyen salarios) “hasta 85%” de lo erogado el año pasado. La comunicación oficial habla de “ahorro de al menos 15%” de esos gastos.

Entre esta medida y la reducción de la devolución de IVA para compras con tarjeta de débito y consumos en gastronomía (dos y cuatro puntos respectivamente), “es poco probable que el rendimiento (para abatir el déficit) en el mejor de los casos sea mayor a 0,5% del PIB, dijo a El País el economista Aldo Lema y explicó las razones. Eso son unos US$ 273 millones.

Si el ajuste en el gasto de funcionamiento e inversiones fuera lineal de 15% (algo “muy difícil” de lograr según dijeron varios analistas), rendiría 0,7% del PIB, es decir unos US$ 382 millones.

Un informante del gobierno señaló a El País que no se puede estimar cuánto implica esa medida, ya que la mayor parte del ahorro será en empresas públicas, donde el gobierno de coalición multicolor no tiene el control aún.

Para llegar a los US$ 900 millones de ahorro comprometidos en la campaña electoral, “va a haber más medidas por decretos y en la ley de Presupuesto”, dijo a El País un integrante del gobierno.

Hay un conjunto de medidas cuyo ahorro es más difícil de estimar como el hecho de habilitar que solo se complete una vacante de cada tres generadas, salvo en educación, salud y seguridad y otras que se implementaron para dar “señales” como la prohibición de renovar o comprar mobiliario y equipamiento, dijo una fuente del gobierno.

“Son simbólicas. Por ejemplo cada ministro contaba con cuatro adscriptos, Luis (Lacalle Pou) dio la orden de que ahora sean solo dos”, graficó el informante.

“Adecuación tarifaria” fue la forma en que el gobierno anunció la decisión. Hay un ajuste al alza del precio de las tarifas de la electricidad, el agua y la telefonía.

Donde sí no se verán cambios por el momento es en el precio de los combustibles, ya que producto de la volatilidad del precio del dólar, y del costo del barril de petróleo, el nuevo Poder Ejecutivo decidió postergar el ajuste.

Ahora se iniciará un debate político donde el gobierno saldrá a defender su anuncio argumentando que la decisión es producto del mal manejo de la economía del equipo económico del Frente Amplio al frente de los últimos tres gobiernos. Mientras desde la nueva oposición, los dirigentes de la coalición de izquierda saldrán a la ofensiva criticando las medidas por entender que afectan el bolsillo de la población.

“Nos mintieron”, escribió en su cuenta de la red social Twitter, el senador del Frente Amplio, Partido Socialista, Daniel Olesker.

“Gobierno anuncia primeras medidas para mejorar cuentas públicas, atender emergencias sociales y reactivar economía”, así tituló la noticia el portal web oficial de la Presidencia de la República.

El anuncio lo asumió el jefe de Estado. Por segunda vez desde que tomó el mando, Lacalle Pou ingresó a la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva para dar la noticia y tomar para sí la responsabilidad como líder del gobierno.

Esta vez por temas económicos, la anterior había sido por seguridad. En ambos casos, los dos asuntos que generan más preocupación en la población.

Acompañado por su secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, el flamante presidente inició la comunicación remarcando que el aumento de las tarifas es producto de “la inacción u omisión del gobierno anterior de adecuar las tarifas en virtud de los costos de los servicios”.

Una de las críticas que el líder del Partido Nacional desplegó a lo largo de la campaña fue que el Frente Amplio utilizaba los aumentos de tarifas para generar caja (dinero) y así financiar parte de los aumentos presupuestales.

Según lo que ayer volvió a repetir en la conferencia el ahora presidente Lacalle Pou, esa política no se va a aplicar. “Queda claro que no lo vamos a utilizar como se hizo por mucho tiempo como mecanismo para tapar el agujero que generaba el gobierno con su gasto excesivo”, dijo.

El fin de semana el presidente Lacalle Pou viajará a Bella Unión para participar del inicio de la zafra de arroz, uno de los sectores con más dificultades de competitividad.

Se cubrirá solo una de cada tres vacantes

El presidente Luis Lacalle Pou y todo su gabinete firmaron un decreto que se divulgará en las próximas horas que contiene medidas dirigidas a contener el gasto del Estado, ahorrando, al menos, el 15% de los gastos de funcionamiento e inversiones -los salarios quedan excluidos- que se ejecutaron el año pasado.

El decreto establece que se podrá llenar solo una de cada tres vacantes que se generen en este ejercicio, excluyendo de esta disposición al personal docente, personal técnico y especializado de la salud y al personal del Ministerio del Interior.

Además se prohíbe la renovación automática de los vínculos de servicios personales de carácter temporal que no sean funcionarios públicos.

También se solicitará a todas las instituciones públicas o privadas que reciben subsidios o subvenciones, presentar sus compromisos de gestión a los ministerios correspondientes y a la Comisión de Compromisos de Gestión antes del próximo 30 de abril.

Respecto de los juicios contra el Estado se establece que cada inciso de la Administración Central deberá llevar a cabo medidas de ahorro en sus créditos para compensar eventuales gastos por la cancelación de obligaciones por condenas judiciales.

El decreto también exhorta a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, a los entes autónomos y servicios descentralizados y a los gobiernos departamentales a actuar en la misma línea, informó el gobierno. Por otro lado, la nueva administración sostiene que “da por descontado que los nuevos directorios de las empresas públicas respaldarán el compromiso asumido por los ministros como forma de enviar un mensaje claro y contundente a la población de que el ahorro es una prioridad de gestión en todas las dependencias estatales”.