DECISIÓN DRÁSTICA

Estuvo solo dos meses en el cargo. El presidente Luis Lacalle Pou llamó ayer por teléfono al ingeniero Guillermo Iglesias y le comunicó su cese como presidente de Antel. Lo que desató la crisis fue una resolución por la cual se presupuestaba a 857 personas que estaban contratadas en régimen de función pública desde hace más de tres años.

Esos empleados pasarían a ser funcionarios públicos con los mismos derechos que los demás presupuestados de la empresa. La resolución del 7 de mayo lleva la firma de Iglesias, de la doctora María Lía Terra por la secretaría general de Antel y del gerente de recursos humanos Mario Piaggio. Se viralizó ayer y tenía como fecha de vigencia el 1° de mayo, aunque se venía negociando desde la administración anterior.

El presidente de la República no estaba al tanto de la decisión de Iglesias y la noticia le llegó por un correligionario. Ni bien se enteró, pidió dar marcha atrás con carácter urgente, según comentó una fuente oficial a El País.

Lacalle llamó entonces al ministro de Industria, Omar Paganini, para no perder tiempo y tomar una decisión drástica. Paganini ya había recibido otras noticias que al gobierno le “hacían ruido” sobre la gestión anterior de Iglesias en la empresa. El cesado presidente ocupaba diferentes cargos desde 2003 y el último fue como asesor del anterior directorio, presidido por Andrés Tolosa.

El presidente le comunicó a Paganini que ya había resuelto destituir al presidente de Antel. Que no importaba que hiciera poco que lo habían designado. Que se necesitaba pasar una señal “clara y firme”. Que el Ejecutivo no va a permitir decisiones que compliquen aún más la situación económica. Y que no es tiempo de presupuestar a más de 800 personas en plena emergencia sanitaria.

Después Lacalle Pou llamó al presidente de Antel y le informó su decisión de despedirlo.

Una resolución firmada ayer por el presidente y por Paganini, a la que accedió El País, exhorta al directorio de Antel a “dejar sin efecto” la decisión de presupuestar a esos funcionarios y la observa “por inconveniente”.

Allí se indica que al Poder Ejecutivo le corresponde “la conducción superior de la política económica, financiera y comercial” y que debe “ejercer control” sobre el sistema orgánico secundario, donde se encuentra Antel.

Lacalle recuerda en su resolución el decreto 90/020 del 11 de marzo de 2020, que exhortó a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, a los entes autónomos y a las intendencias a adoptar medidas “a fin de coadyuvar con el objetivo (...) de disminuir el déficit fiscal”.

De hecho, la resolución establece que la situación de elevado déficit fiscal, así como “la presión tributaria que pesa sobre la población (...) compromete las bases de crecimiento de largo plazo, generando distorsiones que imponen la necesidad de implementar políticas destinadas a racionalizar el gasto público”.

La resolución de Iglesias, en tanto, menciona el decreto 345/018 que aprobó el presupuesto del ejercicio 2019, que en su artículo 40 dice que el directorio “podrá presupuestar a los funcionarios contratados en régimen de función pública que cuenten con una antigüedad mayor a tres años”. Agrega que es “conveniente” a los intereses de la administración “que todo el personal permanente esté bajo el mismo régimen e incorporado plenamente a la carrera administrativa”.

También menciona una resolución de 2013, cuando la presidenta de Antel era Carolina Cosse. Allí, según supo El País, se establecía que cuando los contratos a término cumplen determinado tiempo pasarían a ser contratos de función pública y luego presupuestados. Una fuente que estuvo en esa época dijo a El País que la única opción que tiene el directorio es “desarmar todo el sistema” que funciona hoy.

Ni bien se enteró ayer de tarde por El País de la decisión del gobierno de revocar la presupuestación de más de 800 funcionarios, el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) Gabriel Molina llamó al abogado del gremio para saber los pasos legales a dar.

“Nunca pasó algo así en 35 años, nunca se revocó una resolución de este tipo”, dijo Molina y explicó que era un “acuerdo que venía de atrás y solo faltaba una autorización”. El sindicalista afirmó que la presupuestación de funcionarios es algo que se hace periódicamente en el ente y en este caso estaba previsto desde el último presupuesto de la empresa.

En redes sociales el tema generó mucho ruido ayer. El senador nacionalista Sebastián da Silva escribió: “Es increíble, es insólito. Todo un país peleando a brazo partido para tener que tener este tipo de actitudes. Esperamos la explicación”. Y el exdirector de la OPP Conrado Hughes pidió que el Poder Ejecutivo “observe” y si es necesario “derogue” la resolución.