Por Joaquín Silva
La coalición de gobierno superó la negociación de la Ley de Presupuesto, las de dos rendiciones de Cuentas y, sobre todo, la de la Ley de Urgente Consideración. Pero por más que esas conversaciones fueron difíciles, y tensas en varios momentos, ningún caso es igual al que atraviesa por estas horas el oficialismo. No hay antecedentes por su intensidad ni por lo que está en juego, que es nada más ni nada menos que la suerte de la reforma jubilatoria, según transmitieron a El País fuentes parlamentarias.

La última novedad oficial la supuso la visita que hizo ayer una delegación del Poder Ejecutivo a la comisión especial creada en la Cámara de Representantes para tratar el proyecto. Allí se informó a los parlamentarios los cambios aceptados en función de las exigencias de Cabildo Abierto, que en esencia -hasta el momento- habían sido dos: que las AFAP no tengan la habilitación expresa a invertir sus fondos en el exterior y reducir de 25 a 15 la cantidad de años para el cálculo de las jubilaciones.

Foto: Estefanía Leal

El gobierno aceptó incluir algunos elementos con ciertas “garantías” y controles más precisos a las administradoras de ahorro individual, pero descartó modificaciones en el último punto, por lo que los cabildantes comunicaron que, de es- ta manera, no aportarán sus votos.

Entonces el dilema, en el cerno del oficialismo, es cuáles son los pasos a dar, sabiendo que la etapa final del cronograma es apretada: la comisión especial tiene plazo para funcionar hasta este viernes y mañana Diputados tiene sesión ordinaria, dispuesta para dar trámite al mensaje complementario del Poder Ejecutivo con las modificaciones que el gobierno concedió.

Pero ante la negativa dada ayer por los diputados de Cabildo Abierto a aceptar los cambios que presentó la delegación del Ejecutivo -entre los que estaban los ministros de Trabajo, Pablo Mieres y de Economía, Azucena Arbeleche- se sucedieron un sinfín de llamados y conversaciones entre varios de los involucrados.

Los diputados de la coalición han asumido que el plano en el que seguirá este episodio es aquel en el que están los líderes del oficialismo, lo que quiere decir Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto, Julio María Sanguinetti por los colorados, Mieres por el Partido Independiente y el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por los blancos.

Este último, de hecho, pasó un claro mensaje en las últimas horas a los diputados de su partido, en especial a Sebastián Andújar, que es el presidente de la Cámara de Representantes y uno de los que ha estado en la primera fila de las negociaciones parlamentarias desde que asumió: que se aferren al “plan original”.

Es decir, tal como indicaron a El País fuentes del gobierno, Lacalle Pou llamó a no salirse del cronograma pautado, lo que significa que la iniciativa tiene que ponerse a consideración del plenario este viernes, por lo que en los hechos ordenó que no se apruebe hoy ninguna prórroga para el funcionamiento de la comisión, posibilidad que ha estado sobre la mesa.

En el Ejecutivo se sostiene que “se sigue trabajando” que “se está en eso” ante las consultas sobre las instancias que vendrán a 48 horas del plazo establecido. Y el espíritu, en términos generales, es de optimismo en el resultado final, como de alguna manera lo traslució ayer el ministro Mieres.

Pero el tenor de las negociaciones, y lo que está en juego en diversas conversaciones entre las partes -o sea, entre blancos y cabildantes- ha generado malestar entre algunos nacionalistas.

Porque para los blancos está asumido que, más allá de las exigencias formales en cuanto a la redacción del proyecto, las negociaciones involucran también la aprobación de otras iniciativas que están a estudio en el Parlamento y que son de alto interés para los liderados por Guido Manini Ríos.

Una de estas es aquella que propone que, por ley, se otorgue prisión domiciliaria a todos los presos que hoy tienen más de 65 años, incluyendo a aquellos condenados por delitos cometidos en la última dictadura militar, un tema que pone incómodos a nacionalistas y varios otros en la coalición.

Por eso, si las negociaciones fracasan y la reforma de la seguridad social no solo no es aprobada antes de que pase “el último ciclista” -como pidió el primer mandatario-, sino que el buque insignia de esta gestión queda por el camino, hay nacionalistas que analizan ya la explicación que darán a la ciudadanía. Y en ese caso dirían las “verdaderas razones” que definen como “extra proyecto” por las que, según entienden, los cabildantes decidieron no dar su voto.

A mediados de octubre del año pasado el presidente Luis Lacalle Pou reunió a los líderes de la coalición de gobierno en la Torre Ejecutiva para presentarles el proyecto de reforma del sistema previsional. Esa cumbre terminó con un acuerdo simbólico que todos recuerdan por estas horas.

Lo que se acordó fue el compromiso de votar una iniciativa que el mandatario definía como “necesaria, justa y sostenible”. Pero como, pese a eso, los liderados por Guido Manini Ríos no han puesto sino reparos y exigencias al proyecto, varios integrantes del gobierno, incluido el propio Lacalle Pou, han subrayado precisamente la importancia de aquella cumbre.

Así lo hizo ahora el ministro Pablo Mieres, quien declaró ayer a El País que continuaba “pensando que lo que se prometió se va a cumplir”.

El líder del Partido Independiente considera que Cabildo Abierto, en realidad, todavía no dio su negativa oficial a la iniciativa y que lo que en realidad ha ocurrido hasta el momento es que sus diputados se limitaron a reiterar lo que han venido señalando día tras día en estas últimas semanas: “Hoy, Cabildo no vota la reforma”. Consultado respecto a uno de los planteos centrales de los cabildantes, el que pide bajar de 25 a 15 la cantidad de años para el cálculo de la jubilación, recordó que “en ningún momento se dijo que eso era modificable”.