PODER EJECUTIVO

“Hoy tomé noticia del tema por la prensa. Es muy grave y ya pedí un informe. Pero más que eso no podemos adelantar porque aún estamos esperando”, señaló a El País el presidente Luis Lacalle Pou,consultado por los viajes realizados por el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, junto a Giuliana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

A inicios de este año el caso fue investigado y archivado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Pérez ingresó en abril de 2019 a la Senaclaft por recomendación del exsecretario de la Presidencia un año después de recibir su título. En julio de ese año, Toma informó a la Senaclaft que la contadora pasaría a formar parte de la comitiva de Presidencia en el viaje a Roma (Italia) que se realizaría en el marco de la causa del Plan Cóndor. Presidencia compró tres pasajes para el viaje (del 4 al 11 de julio): uno para Toma (en clase ejecutiva por US$ 6.265) y dos para la contadora Pérez y la escribana María Antonella Introini (en económica, cada uno por US$ 1.795). Este viaje no aparece entre las misiones oficiales del mes publicadas en la página web de Presidencia.

El entonces titular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, dijo a Búsqueda que esa secretaría “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”.

El jerarca y la funcionaria realizaron muchos más viajes juntos, dos de ellos en el marco del proceso arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje iniciado por Aratirí. El último fue en este 2020, entre 17 y 23 de enero, y fue a Washington. Presidencia abonó US$ 9.715 por todos los pasajes. El exsecretario de la Presidencia viajó en ejecutiva y la contadora, en económica.

La Jutep empezó a investigar el caso y solicitó a Presidencia una ampliación de la información luego de una denuncia anónima. La noticia fue dada a conocer por el programa “Así nos va” de Radio Carve, y Búsqueda.

La respuesta de Presidencia llegó en enero y una semana después la Jutep resolvió archivar la investigación.