Si a comienzos de 2019 la incógnita en torno al empresario Juan Sartori era conocer quién era realmente -los uruguayos se acostumbraron a escuchar en todos lados la pregunta “¿Conocés a Juan Sartori?”- hoy, y desde hace ya varios meses, es si el senador nacionalista volverá a embarcarse en una precandidatura a la Presidencia.

Sartori ha dado señales contradictorias desde hace un buen tiempo. A sus allegados ha transmitido desde que evaluaba recorrer el mismo camino en 2024 hasta que lo descartaba por completo.

En filas nacionalistas hay dirigentes, incluso de primera línea, que lo han alentado a que sea precandidato una vez más y que, pese a que no contará con el efecto de la novedad que tuvo en 2019 -y que lo llevó a quedarse con el segundo lugar en las internas, desplazando al histórico caudillo Jorge Larrañaga-, sí haría que la contienda nacionalista sea más competitiva y, con ello, potenciar la capacidad electoral del colectivo.

Lo que reúne unanimidad entre los blancos es la incertidumbre en cuanto a lo que el empresario terminará decidiendo. Y quienes estiman que volverá a competir en las internas entienden que lo hará en una “campaña corta” de marzo a junio.

Con este panorama arriba de la mesa, el senador pidió una reunión al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien le comunicó que lo recibirá hoy en la Torre Ejecutiva. Según indicaron a El País fuentes políticas, el encuentro se hará en la tarde, a horas de que Sartori aterrice en Uruguay.

Sartori fue polémico durante la campaña electoral de 2019 -en la que empleó prácticas políticas que fueron denunciadas en el directorio del Partido Nacional por sus correligionarios- y no eludió la polémica durante este período como senador.

Durante meses mantuvo un conflicto con la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), ya que la institución le exigió que presentara la declaración jurada de bienes de su esposa -además de otros elementos faltantes en su propia declaración-, cosa que no hizo bajo el entendido de que no tenía forma de obligar a su pareja.

El Parlamento, finalmente, tras culminar el proceso administrativo iniciado por la Jutep en su contra, le aplicó al senador una retención del 50% del salario, como consecuencia de haber sido declarado omiso por el organismo. Asimismo, y mientras no regularice su situación, tampoco podrá “ejercer nuevamente la función pública”, tal como dice la ley.