El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó para este jueves a una reunión en la Torre Ejecutiva con el fin de ultimar detalles antes del inicio de la aplicación de la nueva ley de internación compulsiva, que comenzará a regir este 25 de agosto con un decreto reglamentario que el gobierno tiene prácticamente pronto.

El encuentro tendrá lugar al mediodía, y además del primer mandatario estarán presentes ministros y autoridades involucradas con el tema, como el titular de Desarrollo Social (Alejandro Sciarra), el de Interior (Nicolás Martinelli) y la de Salud Pública (Karina Rando), además de jerarcas de ASSE.

Fuentes oficiales indicaron a El País que el objetivo es generar una instancia de “coordinación” entre los organismos clave que intervendrán en los operativos.

La normativa comenzará a aplicarse el próximo domingo porque así está estipulado en el propio texto que fue aprobado por el Parlamento el 14 de mayo de este año, luego de una discusión legislativa que llevó gran parte de este período de gobierno y que en su momento impulsó el exministro de Desarrollo Social Martín Lema, quien incluso insistió en reiteradas oportunidades por su aprobación —que contó con el rechazo de varios legisladores del Frente Amplio.

Foto: Archivo El País

Para el gobierno, que ya advirtió que los cambios que impactarán en la población vulnerable que vive a la intemperie se visualizarán en forma paulatina, este es un asunto relevante, que en este año electoral ya ha generado varios enfrentamientos con actores de la oposición.

La discusión de fondo tiene como eje el aumento de la gente que vive en la vía pública y, sobre todo, el crecimiento de las personas que directamente duermen en la calle.

El último censo que realizó el Mides, el año pasado, relevó que en Montevideo —donde está concentrada la problemática— la gente en esta situación aumentó un 24% desde 2021 —pasaron a ser 2.755 los individuos que no tienen hogar.

En respuesta, el oficialismo ha sostenido que el problema tuvo una aguda evolución entre 2016 y 2019, cuando las personas que duermen en la calle crecieron un 88%, y que durante la administración de Lacalle Pou y la gestión de Lema en el Mides se aumentó la respuesta institucional y se crearon refugios de 24 horas.

La nueva ley que desde el domingo tendrá un reflejo institucional y en las calles es en verdad una modificación de un inciso de una norma que ya estaba vigente —la ley 18.787, aprobada en 2011, durante el gobierno frenteamplista de José Mujica—, y que establecía que “las personas que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento”.

El cambio legal implicó ampliar las condiciones en que una persona que vive en la calle puede ser trasladada a un lugar seguro a pesar de que el afectado no quiera irse.

Textualmente, lo que ahora está definido es que sin perjuicio de lo que ya se afirmaba la ley de 2011, “el Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar al prestador de salud correspondiente o a distintos centros de atención médicos, el traslado a las instituciones médicas de personas que se encuentren en situación de intemperie completa, aun sin que éstas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.

Entre otras cosas, para el caso de que la persona se resista físicamente es que está contemplada la participación de la Policía.