Redacción El País
El presidente Luis Lacalle Pou reunió este jueves en la Torre Ejecutiva a varios ministros y otras autoridades para terminar de delinear la aplicación de la nueva ley de internación compulsiva, que comenzará a regir a partir del próximo domingo.
La aplicación de la norma se hará con un decreto reglamentario que el gobierno tiene prácticamente pronto y que terminará de delinearse tras este cónclave.
Fuentes oficiales habían adelantado a El País que el objetivo era generar una instancia de “coordinación” entre los organismos clave que intervendrán en los operativos.
De la reunión participaron el ministro del Interior, Nicolás Martinelli; el de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra; la de Salud Pública, Karina Rando; y el de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat.
Pero también participaron otras autoridades como Matías Terra, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana; Fernanda Auersperg, directora de Protección Social; Marcelo Sosa, presidente de ASSE; Mariana Cabrera, prosecretaria de Presidencia; y el diputado y exministro de Desarrollo Social Martín Lema, quien impulsó la normativa.
Posibilidad de incorporar a los bomberos en los operativos
Sciarra dijo en conferencia de prensa que "se pide asistencia si los equipos del Mides identifican que hay un riesgo para la persona o para terceros por cuestiones de salud mental o por adicciones".
"Se pide apoyo a ASSE, que a través de un médico puede certificar que la persona requiere internación. Es trasladada, con el apoyo —de ser necesario— del Ministerio del Interior, a un centro asistencial, aun cuando la persona no preste su voluntad", apuntó.
Una vez apta, la persona tendrá la posibilidad de "decidir si quiere ser trasladada a un hogar asistido del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o una casa de medio camino, dependiendo de la patología".
Sciarra dijo que a la persona "se le ofrecen soluciones", pero "definitivo en el mundo de las adicciones y de la salud mental" no hay nada.
"La recuperación de una persona de las adicciones y su reinserción comunitaria lleva tiempo y a menudo hay traspiés", apuntó.
Por su lado, Martinelli señaló que los operativos policiales "van a ser dando las garantías tanto a los funcionarios del Mides como de ASSE". Pero también se está "piloteando la idea de incorporar también a Bomberos para que salga también a limpiar un poco la vereda", porque "a veces queda, en los entornos donde la personas duermen, mucha mugre".
La problemática de las personas en situación de calle
Para el gobierno, que ya advirtió que los cambios que impactarán en la población vulnerable que vive a la intemperie se visualizarán en forma paulatina, este es un asunto relevante.
La discusión de fondo tiene como eje el aumento de la cantidad gente que vive en la calle. El último censo que realizó el Mides, el año pasado, relevó que en Montevideo —donde está fundamentalmente concentrada la problemática— la gente en esta situación aumentó un 24% desde 2021, ya que pasaron a ser 2.755 los individuos que no tienen hogar.
En respuesta, el oficialismo ha sostenido que el problema tuvo una aguda evolución entre 2016 y 2019, cuando las personas que duermen en la calle crecieron un 88%, y que durante la administración de Lacalle Pou y la gestión de Lema en el Mides se aumentó la respuesta institucional y se crearon refugios de 24 horas.
En qué consiste la nueva ley de internación compulsiva
El Parlamento aprobó en mayo modificaciones al régimen de internación compulsiva. Los cambios a la ley de prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle, promulgada en el año 2011, fueron propuestos por el Poder Ejecutivo en 2022 y votados por legisladores de la coalición de gobierno.
La norma le otorga al Mides la potestad de “solicitar al prestador de salud correspondiente y/o a distintos centros de atención médicos la hospitalización de personas que se encuentren en situación de intemperie completa, aun sin que estas presten su consentimiento, siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.
La ley determina que “se deberá acreditar, previamente, mediante informe indicado por un médico, que las personas sujetas a hospitalización presentan un riesgo inminente para sí o para terceros y/o que el hecho de no hospitalizarlas pueda determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado que solo pueda aplicarse mediante dicha hospitalización”.
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