El presidente Luis Lacalle Pou tiene una decisión tomada respecto a la suerte que tendrán el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; quien lo sigue en el mando en la cartera de seguridad, Guillermo Maciel; y el asesor presidencial en temas de comunicación y mano derecha desde hace años, Roberto Lafluf.

Ninguno de estos tres tiene el más mínimo respaldo político. Ni en la coalición, ni en la oposición, ni en el partido de gobierno. La crisis, la bomba, el escándalo -las tres formas que los dirigentes del oficialismo usan para reconocer el difícil momento que atraviesan tras la declaración que hizo este miércoles en Fiscalía la exvicecanciller Carolina Ache- tomó al presidente en pleno viaje a Estados Unidos, a donde asistió para participar de un encuentro con Joe Biden y otros mandatarios latinoamericanos, y en donde pese a sus esfuerzos no pudo tener todas sus energías puestas allí en Washington debido a lo que ocurría en Montevideo.

Desde allá, en permanente contacto con la presidenta en funciones Beatriz Argimón, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y varios otros dirigentes de su confianza, Lacalle Pou fue enterándose de las revelaciones que llegaron tras esa declaración de Ache en el marco de la investigación que el fiscal Alejandro Machado lleva adelante sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset -y que en las primeras horas luego de ese interrogatorio produjo la renuncia del canciller Francisco Bustillo.

El pedido de este exministro -lo que quedó grabado en una conversación con Ache que ya está en manos de la Fiscalía- de que su subalterna perdiera su celular para que un chat clave de esta investigación no llegara a las autoridades, y la acusación que hizo Ache ante el fiscal contra Lafluf, quien según dijo eliminó ese chat de un expediente administrativo de Cancillería, desencadenaron, grosso modo, el problema político “más grande de este gobierno”, al decir de varios dirigentes del oficialismo.

El presidente se enfrentará con todo esto al mediodía, cuando se baje del avión con definiciones que en el oficialismo no dudan que irán en línea con lo que unánimemente se le exige, y que es la destitución de los tres que siguen en pie, algo que en la coalición de gobierno evalúan como la “señal” que la ciudadanía “necesita”. “Los tiene que bajar a todos”, señaló a El País un dirigente nacionalista.

La primera reunión que tendrá el jefe de Estado una vez en Montevideo será con Argimón y Delgado, y allí se conversará sobre las definiciones adoptadas. Luego, sobre las 17 horas, los líderes de la coalición gobernante están citados a una reunión en la residencia presidencial de Suárez y Reyes; a las 18.30 será el turno de la visita del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, también convocado al mismo lugar, y al finalizar la agenda habrá una conferencia de prensa en la que Lacalle Pou dará las explicaciones sobre las decisiones adoptadas.

Como fue dicho, todos piden lo mismo, aunque las valoraciones sobre el momento político que atraviesa Uruguay y la propia coalición tienen matices dependiendo a quién se consulte.

Los blancos tienen una particular preocupación con el caso de Heber, porque si bien no está implicado directamente en esta polémica, debe enfrentar en pocos días una nueva interpelación y un seguro pedido de censura que promoverá el Frente Amplio -basado en un largo desgaste político del ministro- y que sin dudas sería apoyado por Cabildo Abierto, lo cual puede conducir a un enfrentamiento de poderes del Estado.

El presidente de los cabildantes, precisamente, señaló a El País que una vez concluida la reunión de los líderes del oficialismo, el referente de su partido, Guido Manini Ríos, trasladará lo conversado a esta fuerza política. ¿Se mantiene la posibilidad de abandonar la coalición en caso de disconformidad, como anunció Manini en Radio Carve esta semana? Domenech respondió que sí: “Está todo el menú abierto”.

En el Partido Colorado, en tanto, señalan que lo importante en este momento es manejarse con “prudencia”. “Es un momento muy serio y hay que actuar con prudencia, porque lo que está en juego es muy delicado”, dijo a El País el diputado Ope Pasquet, uno de los referentes de Ciudadanos, el sector que integraba y del que se apartó Ache por falta de respaldo político, horas después de renunciar a la Cancillería. “Vamos a no precipitarnos. Faltan elementos. Faltan datos. Primero vamos a escuchar al presidente y después veremos, pero hoy por hoy nadie está pensando en irse de la coalición ni nada por el estilo. No es eso lo que está planteado”, afirmó en contestación a la postura de los cabildantes.

“Nos parece importante que el presidente diga cuál es su versión de los hechos: quién actuó, cómo actuó cada uno, qué órdenes dio él, qué es lo que sabía, qué era lo que no sabía; y en segundo lugar, que diga qué medidas va a tomar. En función de lo que el presidente diga, haremos nuestra evaluación de los hechos y fijaremos posición”, agregó Pasquet.

En la reunión convocada por Lacalle Pou participarán por este partido su secretario general, Julio María Sanguinetti, y el coordinador de Ciudadanos, el senador Adrián Peña. El exmandatario dijo a El País que escucharán al presidente para conocer “cuál es su visión y posición frente a esta situación”. “Nosotros tenemos nuestra posición, pero vamos a oírlo primero, como corresponde”, agregó Sanguinetti, quien prefirió “no adelantar nada” hasta escuchar a Lacalle Pou. Como Pasquet, el expresidente considera que “hoy” su partido “no está en ninguna posición de ruptura” de la coalición. “Por el contrario, somos los socios leales de la coalición y a lo que aspiramos es a salir de esta situación de crisis del mejor modo posible”, manifestó, y agregó que el tema será tratado en el Comité Ejecutivo Nacional del partido en la sesión del lunes.

Por su parte, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, de Batllistas, calificó la situación como “muy grave”. “Hay responsabilidades políticas que deben asumirlas quienes han quedado en evidencia”, publicó el miércoles, tras la comparecencia de Ache.

Además, el diputado Gustavo Zubía, precandidato a la Presidencia como Viera, consideró que es “una situación lamentable, grave políticamente”, aunque “no institucionalmente”. “Hay un proceso judicial que hay que esperar que se siga desarrollando y el presidente tendrá que tomar cartas en el asunto cuando regrese, exigiendo responsabilidades. En este caso no da para opinar ni decir quiero la cabeza de este, ni la de este otro. Eso tendrá que ver el presidente con los elementos que maneja”, sostuvo.

Por el Partido Independiente comparecerá su líder, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien en su cuenta de X el miércoles a la tarde calificó los hechos como “muy graves” y merecedores de “medidas inmediatas vinculadas a quienes actuaron fuera del marco jurídico”.

En su entorno, señalaron a El País que, como los demás, el ministro irá a “escuchar antes que nada las explicaciones del presidente”, pero con la expectativa de que “quede claro que aquellas conductas que no hayan sido las adecuadas tengan la respuesta correcta”.

Roberto Lafluf, como reconocen en el Partido Nacional, si bien no es un dirigente político, ni ocupa un rol ministerial como lo hacen Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel en la cartera de seguridad, hasta el momento se ha desempeñado como un “operador” de relevancia del gobierno y hombre de máxima confianza de Luis Lacalle Pou y también del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Fuentes del oficialismo señalaron a El País que, por esto mismo, la acusación que desde este jueves enfrenta Lafluf de parte de Carolina Ache golpea en el “corazón” del Poder Ejecutivo. Y ese golpe ha durado desde el miércoles, pues Lafluf no ha hecho declaraciones públicas sobre los dichos de la exvicecanciller, quien denunció al publicista por cometer al menos dos delitos: destrucción y falsificación de un documento público, por señalar que les pidió a ella y Maciel que borraran un chat que formaba parte de expedientes administrativos, y haber modificado así un expediente.

Pero Lafluf iba a ser -ya lo estaba siendo- una figura de relevancia en el comando de Delgado cuando iniciara la campaña electoral. En filas nacionalistas, según supo El País, observan con preocupación qué rol jugará ahora que sufrió este embate político, y cuyo futuro es incierto en la medida en que se formará una nueva investigación en la Fiscalía que puede tenerlo como indagado. Otros dirigentes, en cambio, advierten que “hay que esperar” el desenlace de los acontecimientos.