Este martes debería tener lugar una reunión multipartidaria en procura de avanzar en un objetivo que el sistema político tiene en el debe desde la pasada legislatura: reformar la ley de financiamiento de los partidos políticos, que data de 2009. El encuentro pautado para ese día en el Parlamento procurará dar un paso más en los consensos necesarios que permitan el voto unánime a corto plazo de la nueva normativa. A la espera de los blancos, que siguen sin fijar posición, y de Cabildo Abierto, que prometió presentar propuestas y aún no lo hizo, colorados, el Partido Independiente y el Frente Amplio tienen pronto un documento de 12 puntos que, con detalles a resolver, marcan el camino de por dónde iría la nueva ley.

El documento, al que accedió El País, marca en un comienzo un acuerdo para que los partidos puedan establecer una “contribución para su financiamiento”, que estaría a cargo de sus representantes en cargos electos o de confianza y que no podrá exceder el 15% de su retribución líquida. Estará en un tercer escalón el orden de prelación de retención de remuneraciones, por debajo de las pensiones alimenticias y la garantía de alquileres, y al mismo nivel que la cuota sindical.

El documento aborda el papel estatal en la financiación de los partidos. Se señala que el Estado “ayudará a solventar los gastos” de su funcionamiento por su participación en el ciclo electoral, desde las elecciones internas hasta las municipales. Incluye los gastos de los candidatos que disputen el balotaje y remarca un “incentivo a la participación política de las mujeres”.

También se acuerda que los precandidatos que participen en las internas deban rendir cuentas de los fondos públicos que recibieron dentro de los 90 días a la elección.

El capítulo referido al financiamiento privado es el que abre algunas dudas. El documento acuerda que los aportes mayores a 7 mil Unidades Indexadas (UI), hoy uno $ 40 mil, deberán ser realizados a través de medios electrónicos. El problema surge a partir del artículo 6. El proyecto original, presentado por el Frente Amplio, prohibe los aportes, donaciones o contribuciones que no partan de personas físicas debidamente identificadas. Se trata de un punto fundamental para la coalición de gobierno, que reclamó justamente permitir las donaciones de personas jurídicas, aunque con las debidas limitaciones.

Por ejemplo, no podrán aportar las que estén recibiendo subsidios o subvenciones o las que mantengan contratos con el Estado. El planteo es que partidos y sectores puedan recibir donaciones de este tipo hasta 350 mil UI .

Tomando en cuenta esta diferencia, el documento acuerda que cada persona podrá donar hasta 300 mil ($ 1,8 millones) en todo el ciclo electoral. En los aportes realizados por los propios candidatos, los límites serán de 1 millón de UI ($ 5,8 millones) para los postulantes a presidente y vice, 800 mil UI ($ 4,6 millones) para senadores, diputados e intendentes, y 250 mil UI ($ 1,4 millones) para ediles. Todas las donaciones mayores a 4 mil UI ($ 23 mil) deberán ser a través de medios electrónicos.

Si el proyecto estuviera vigente, todos los candidatos podrían comenzar a recaudar fondos a partir de este miércoles 1° de noviembre y hasta el 30 de junio de 2025.

Por otra parte, otro de los acuerdos encaminados señala que, en ningún caso, las donaciones anónimas que reciban los partidos podrán superar el 8% del total de ingresos declarados. Se excluye de toda posibilidad de donación a las empresas que estén regidas por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El artículo 10, en tanto, le prohibe al Estado realizar publicidad desde tres meses antes del comienzo de la veda electoral, a excepción de las campañas de bien público.

Como planteo a definir, se señala que los partidos podrían iniciar sus campañas en radio y televisión treinta días antes de las elecciones internas, nacionales o departamentales, y quince días en el caso de un eventual balotaje.

La voluntad declarada en lo previo por todos los partidos políticos es acordar un texto y someterlo a votación, por lo menos en comisión, en la segunda semana de noviembre.

Queda por verse aún si existen chances de culminar este año el trámite parlamentario. En algunos sectores existen dudas jurídicas -por lo que se encargó un informe técnico- sobre si algunos aspectos de esta normativa pueden aprobarse ahora, si se toma en cuenta que como el otorgamiento de publicidad gratuita, representaría un incremento en el gasto estatal. Una posibilidad que, al que dar menos de un año para las próximas elecciones, ya pasó a estar prohibida por la Constitución.

El Partido Nacional está procesando su posición interna para así después presentar una propuesta unificada al resto del sistema político. De la postura que expresen dependerá en buena medida el futuro de la nueva ley de financiamiento de partidos políticos. Desde esa formación se señaló a El País que, por lo pronto, se mantiene dos grandes dudas con respecto al documento en el que han ido avanzado los otros partidos. Por un lado, los nacionalistas entienden indispensable que la Corte Electoral sea el organismo sobre el que se mantenga el eje central del control sobre el cumplimiento de la nueva normativa. Por otra parte, los blancos mantienen dudas sobre el costo de contratación de los minutos de publicidad electoral, que tiene que ser único e igual para todos los partidos que participen en elecciones.

Opiniones

Francisco Flores/Archivo El Pais

Carlos Varela, diputado del Frente Amplio

“La voluntad está y la preocupación por los tiempos también, como lo hemos expresado en múltiples oportunidades”, señaló el legislador frenteamplista. La oposición retomó en 2020 el proyecto que había presentado en la pasada legislatura y ha insistido, luego de ese fracaso, en la necesidad de avanzar en una nueva normativa que sustituya o actualice la ley vigente, que data del año 2009.

Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado

“Planteamos nuestro firme compromiso con el aggiornamiento de la ley del año 2009”, dijo el legislador colorado, que reivindicó el trabajo que junto a su colega Iván Posada (PI) vino realizando para unificar posturas con el Frente Amplio y llegar a una ley consensuada entre todos.

Foto: El País

Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto

“Tenemos un borrador del proyecto para presentar, pero todavía necesita correcciones del partido”, dejó en claro el diputado cabildante. Su formación aún no se expresó sobre el documento base y tampoco presentó las propuestas que dice tener. La razón señalada fue que Cabildo estuvo ocupado últimamente con el análisis de la fallida reforma de la Caja de Profesionales.